Transporte Martha Strus de Carinelli, una pyme de Corzuela, en el Chaco, con 14 años de trayectoria, decidió cerrar definitivamente por una protesta del Sindicato de Camioneros provincial que paraliza su actividad desde hace 25 días y que incluyó violentas agresiones contra sus dueños y familiares.
En uno de esos ataques, el jueves pasado, cuatro activistas sindicales que participaron de una caravana de camiones frente la casa de la directora de la empresa —Martha Strus de Carinelli— agredieron a su esposo con golpes de puño y palos y le quemaron el brazo con una de las 10 bombas de estruendo que arrojaron como si fueran granadas, mientras en el domicilio miraban aterrorizados los 3 hijos pequeños del matrimonio, según denunciaron.
“Ustedes, señores, se llevaron puesta esta empresa”, afirmó en una carta abierta Strus de Carinelli, la dueña de la pyme que dirige su hija Viviana y que, cuando murió su esposo, se puso al frente de Sucesores de Atilio Carinelli, una tradicional compañía que desde hace 100 años se dedica a la producción agropecuaria y al acopio de cereales en el Chaco.
Te puede interesar: Bloqueos sindicales: quiénes son los empresarios que le pudieron torcer el brazo al clan Moyano en la Justicia
“No es necesario que le explique a la sociedad el poder que tiene el Sindicato de Camioneros y la forma en la que lo ejercen, la intimidación, la injuria, la ofensa y el apriete que ninguna empresa puede resistir”, destacó en el texto, a través del cual denunció “la violencia extrema de estos señores que tiraron bombas en la patio de mi casa, golpearon a un miembro de mi familia e insultaron a mi hija con palabras irreproducibles sin importar que estuvieran presente mis nietos”.
La empresaria agregó: “Esta situación es gravísima y temo por la seguridad de mi familia, que hoy no esta garantizada. Corzuela tristemente parece tierra de nadie. Como ciudadana de este pueblo, pido a las autoridades que aseguren la protección de mi familia”.
El conflicto comenzó cuando la pyme despidió sin causa a uno de sus 18 choferes y a la semana siguiente aparecieron ante el predio donde se guardan los camiones unos 10 activistas del sindicato y se instalaron en la entrada, con carpas y baños químicos, en reclamo de la reincorporación del trabajador que, adujeron de manera sorpresiva, “iba a ser elegido delegado” en elecciones que hasta el momento ni se habían convocado. Hasta entonces, la empresa no tenía delegados en su sede y Camioneros convirtió repentinamente al chofer que había sido despedido en candidato a representante sindical en la empresa a los 16 días de haber sido desvinculado.
La situación se complicó luego de que Camioneros logró que casi la totalidad del resto de los choferes iniciara una huelga y se sumara al “campamento” sindical que, si bien no constituyó un bloqueo que impidió la entrada y salida de vehículos, ocasionó serios problemas a la empresa para cumplir sus tareas con normalidad: hubo proveedores que cancelaron sus encargos a raíz del conflicto e incluso quedaron varados en su base camiones cargados con una sustancia peligrosa como etanol.
En medio de este cuadro, la pyme despidió a 15 choferes que se plegaron a la medida de fuerza y allí se agravó el conflicto. Para exigir las reincorporaciones, el Sindicato de Camioneros comenzó caravanas de protesta por todo el pueblo, de unos 15.000 habitantes, y se tornó habitual la utilización de bombas de estruendo por parte de los activistas que alteraron la vida de la gente, hasta tal punto que, por ejemplo, en un jardín de infantes de la zona hubo chicos asustados que no querían ir a clases.
En medio de una de las caravanas de Camioneros, una bomba de estruendo fue arrojada contra un empleado de la pyme, que tuvo que ser atendido por heridas en una pierna. “Nos perseguían hasta nuestras casas”, relató a Infobae un directivo de Transporte Martha Strus de Carinelli.
Según la pyme, en sus 14 años de trayectoria nunca habían tenido conflictos con sus 18 choferes y 6 empleados administrativos, con sueldos de $400.000 en promedio. En su carta abierta, Martha Strus de Carinelli señaló: “Hoy destruyen una empresa local que con trabajo y sacrificio hemos logrado dar empleo a 18 trabajadores del transporte, que sin ninguna duda, tienen los mejores sueldos y las mejores condiciones laborales de Corzuela, cumpliendo al pie de la letra todas las exigencias y los mayores estándares de calidad internacional para la prestación del servicio, cumpliendo siempre en tiempo y forma el pago de los haberes y respetando los derechos de los trabajadores”.
Uno de los protagonistas de la protesta es Agustin Bordón, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros Chaco, quien está procesado en una causa que se elevó a juicio por el bloqueo durante 64 días a la empresa Morante, que tiene dos locales de venta de materiales de construcción en el Chaco y también tuvo que cerrar temporariamente sus puertas por la acciones extorsivas del gremio.
Ahora, Martha Strus de Carinelli y sus tres hijos esperan que prosperen las denuncias penales presentadas contra los agresores sindicales, mientras viven con custodia policial y la Justicia dispuso una orden de restricción para que sus atacantes no se acerquen a menos de 200 metros de los empresarios y sus familiares que, según advirtieron, está siendo incumplida.
Mientras, el cierre de la pyme de transporte es definitivo, pese a que durante varios años fue elegida como una de las mejores empresas de transporte por una petrolera líder y le daba empleo a todo el pueblo. “Siempre he priorizado la fuente de trabajo y el derecho de los trabajadores —resaltó en su carta su propietaria—, pero ahora no estoy dispuesta a pagar con la integridad física y emocional de mi familia, por eso, señores Jefes del sindicato, como ustedes mismos han dicho que la única lucha que se pierde es la que se abandona, elijo luchar por mi familia y la tranquilidad de mi conciencia”.
Y concluyó: “Si destruir una empresa, si destruir nuestro trabajo de tantos años por no ceder a los atropellos y por no someterme es el objeto de su lucha, pues bien, ganarán”.
Seguir leyendo: