El Gobierno le pidió al Congreso que apruebe el proyecto de renta extraordinaria: “En la agenda hay temas más prioritarios que las PASO”

Mientras el contexto inflacionario continúan causando estragos en la economía real, la posibilidad de implementar un bono o suma fija de fin de año, entre otras medidas económicas, vuelve a tensar la cuerda dentro del oficialismo. Esta vez la pelea es por el origen de esos fondos.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti condicionó, de alguna manera, esa posibilidad a la sanción en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de “renta extraordinaria” que presentó el Poder Ejecutivo a mitad de año y aún no fue tratado por el Parlamento. “Debería ser la agenda prioritaria del Congreso”, resaltó en la rueda de prensa. Y minutos después, a través de su cuenta de Twitter, reforzó el mensaje.

“El Gobierno cree que en la agenda del Congreso hay temas más prioritarios que las PASO. Por ejemplo, el proyecto de ley enviado en junio de Renta Inesperada. Para que quienes recibieron ganancias por situaciones trágicas como una pandemia y una guerra, hagan sus aportes”, posteó a modo de crítica a los sectores de su propio espacio (el kirchnerismo) que presionan para tratar otros asuntos de la política.

En el seno del Gobierno hablan de una clara hipocresía por parte de quienes reclaman el plus económico de fin de año, pero se niegan a tratar el proyecto presentado por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán. La estrategia del Poder Ejecutivo es presionar a la oposición como a los legisladores K y los que representan a los movimientos sociales para reimpulsar la iniciativa, con la que esperan sumar 1.000 millones de dólares a la recaudación.

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En su tradicional conferencia de prensa de los jueves, Cerruti indicó que desde el Ejecutivo buscan que se discuta en el Congreso para conseguir una redistribución más justa de la riqueza y las ganancias.

“Necesitamos que se apruebe ese proyecto porque significa mayores ingresos para el Estado que van a poder ser redistribuidos en muchas de las políticas que muchos sectores reclaman”, afirmó la funcionaria.

Y enfatizó: “El Gobierno ha enviado en junio de este año un proyecto que quiere que se discuta en el Congreso, que está vigente en otros países con muy buenos resultados”.

La justificación oficial para avanzar sobre la renta excepcional es que en el mundo tiene antecedentes positivos: España, Francia, Italia, Reino Unido aplican algo similar. “El Presidente lo habla con los líderes del mundo todo el tiempo. En este momento está en debate en Alemania y en Portugal; en Alemania, incluso en ser retroactivo”, destacó Cerruti.

En este sentido, la portavoz consideró que esa debe ser la prioridad del Parlamento y no la posible suspensión de las PASO, como intentan instalar desde algunos sectores del oficialismo.

Al respecto, la funcionaria señaló: “Hay una ley vigente y es buena. Y el proceso de convocatoria en marcha. Las primarias implican más democracia y más participación. Creemos que en un momento donde muchos actores políticos intentan generar situaciones antipolíticas o el descreimiento de la gente en la política, cuanto más discusión y participación haya, mejore es”, enfatizó.

Asimismo, recordó que no es esa la facultad del Poder Ejecutivo. “Es el Congreso el que tiene que definir su agenda. Pero el Gobierno cree que en este momento hay otros temas más prioritarios como es la renta inesperada”, concluyó.

El Gobierno busca así volver a la carga desde el poder legislativo y aplicar la alícuota del 15% a las empresas que tengan rentabilidad operativa mayor al 10% sin importar el origen de ese margen. En otras palabras, se trata de un impuesto extra para grandes empresas en las que los precios de lo que venden haya aumentado mucho más que sus costos de producción.

El gravamen tiene por objetivo pagarse por todo el ejercicio fiscal 2022 y según el proyecto, sería por única vez (se pagará junto con los vencimientos de ganancias en mayo de 2023). Como sucede en el impuesto a las ganancias general, también se prevé el pago de anticipos y retenciones.

En el Ejecutivo esperan que alrededor de 350 empresas lo paguen y distribuir parte de esos aportes (no se sabe de cuánto será) entre los miles de trabajadores formales que lo cobrarían, sin afectar las arcas fiscales.

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