Primero fue Sergio Massa. Luego, Kelly Olmos. En menos de 24 horas, el Gobierno avanzó con nuevos gestos de acercamiento a la Confederación General del Trabajo (CGT) en medio de la inflación galopante, las paritarias que superan el 100% y las tensiones en el oficialismo por el bono de fin de año. En ambos casos, los ministros de Economía y de Trabajo procuraron llevarle tranquilidad al sector mayoritario de la CGT y reforzar canales de diálogo que habían presentado señales de alerta.
En sus dos contactos oficiales, los sindicalistas se llevaron definiciones que consideran clave: la defensa de las paritarias libres y del modelo sindical, más la buena voluntad para superar la crisis de las obras sociales y la ratificación de que el Gobierno no promoverá un aumento de suma fija (resistido por la CGT) y sí, en cambio, un bono de fin de año, sobre el que no hay grandes novedades.
En el primer contacto de la semana, este lunes, Massa y tres dirigentes cegetistas analizaron alternativas para superar la crisis financiera de las obras sociales: los gremialistas habían alertado sobre el colapso del sistema luego de que la Cámara de Diputados votó en contra la semana pasada de un artículo del proyecto de Presupuesto 2023 acordado con el Frente de Todos y que iba a permitir un alivio en los números en rojo de las prestadoras sindicales de salud.
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Además, en la CGT se quejaban de que todavía no les llegó a las obras sociales los $24.000 millones prometidos por Massa, a razón de cuatro tramos de $6000 en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que no eran fondos del Tesoro Nacional sino plata genuina del sistema sindical de salud que, según fuentes oficiales, “Martín Guzmán tenía pisada”´. Se trata de dinero que proviene del aporte de trabajadores y empresarios y debería haber sido girado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), desde donde se pagan los reintegros a las obras sociales.
El ministro de Economía prometió una reunión para buscar una solución a esta situación conflictiva y así se llegó al contacto reservado que se realizó este lunes en las oficinas de Massa en avenida del Libertador al 800, en el barrio de Retiro. Allí estuvieron el cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio); el secretario adjunto cegetista, Andrés Rodríguez (UPCN)I, y el secretario de Acción Social, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el mayor especialista sindical en el sistema de obras sociales.
Durante el encuentro, hablaron de cómo compensar la frustrada sanción de un artículo del Presupuesto 2023, propuesto por el Poder Ejecutivo, que contemplaba incorporar $175.000 millones para que el Estado se hiciera cargo de los gastos de educación y transporte en el rubro discapacidad y, además, de la financiación de los medicamentos de alto costo y tratamientos de alta complejidad.
Eran dos de los reclamos que venía haciendo la CGT y que Massa logró incluir en la iniciativa, pero fue rechazado por una mayoría de 124 diputados de Juntos por el Cambio, mientras que el artículo en cuestión fue votado en forma afirmativa por los 117 diputados del Frente de Todos, más 3 aliados (los del Frente de la Concordia de Misiones, el Movimiento Popular Neuquino y SER, de La Rioja).
Según acordaron ayer Massa y la CGT, se tratará de que las partidas presupuestarias del área de salud se vayan depositando en tiempo y forma para que las obras sociales tengan los fondos necesarios para que se reintegren las prestaciones de discapacidad en materia de educación y transporte.
Aunque no haya un fondo especial para que el Estado se haga cargo de esos costos, una más rápida distribución del dinero recaudado permitiría cubrir los desfases: en este momento, hay unos $16.000 millones recaudados en el FSD para pagar los reintegros, pero los números no cierran: el mes pasado, el gasto por discapacidad representó para las obras sociales $12.000 millones.
Luego de esta señal de Massa de buena voluntad hacia la CGT, la ministra Olmos visitó esta tarde la sede de UPCN para reunirse con 11 dirigentes cegetistas: fue su primer encuentro con la central obrera desde que asumió su cargo, a mediados del mes pasado, aunque hace una semana recibió a Pablo Moyano, uno de sus cotitulares, en medio de las paritarias del Sindicato de Camioneros.
Fue una reunión breve, de una hora, con un tono protocolar, en el que la central obrera le dio su respaldo a la sucesora de Claudio Moroni y la funcionaria devolvió la gentileza con las definiciones que querían escuchar los sindicalistas: defendió el sistema de paritarias libres y el modelo sindical. Además descartó el aumento salarial de suma fija que promueve el kirchnerismo y ratificó que está en estudio un bono de fin de año, aunque aclaró que todavía debe reunirse con Massa para definirlo.
Olmos y la CGT compartieron la preocupación por la escalada inflacionaria y cuando los sindicalistas le advirtieron que podría crecer la conflictividad si no se estabiliza el costo de vida, la ministra dijo que entendía la postura gremial y que el Gobierno trabaja para solucionar ese problema. Hubo intercambio de gestos: la central obrera hizo hincapié en su “espíritu de colaboración”, mientras que la funcionaria habló de la búsqueda de consenso y del diálogo como pilares de su gestión.
Participaron de la reunión con la ministra de Trabajo el dueño de casa, Andrés Rodríguez, los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), y los dirigentes José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Sergio Romero (UDA), Jorge Sola (seguro), Argentino Geneiro (gastronómicos), Carlos Frigerio (cerveceros), Rubén Pronoti (UOCRA) y Alejandro Amor (municipales porteños), además del abogado Enrique Lorenzo.
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