Atentado a Cristina Kirchner: los detenidos de Revolución Federal volvieron a pedir la libertad y dijeron que no hay pruebas que los vinculen al ataque

Jonathan Morel y Sabrina Basile, dos de los acusados en la causa que investiga las actividades del grupo “Revolución Federal”, reclamaron este martes su excarcelación ante la Cámara Federal frente al derecho de permanecer en libertad mientras dure el proceso en su contra cuando no hay riesgo de fuga ni intención de entorpecer la causa. Y resaltaron que se quiere vincular a esta agrupación con el atentado contra Cristina Kirchner cuando los investigadores de esa causa sostienen que no hay vinculación.

Los otros dos detenidos lo hicieron por escrito, mientras negaban los hechos ante el juez del caso. La querella de vicepresidenta, en tanto, presentó un escrito en el que insistió en la necesidad de rechazar las excarcelaciones, indicaron fuentes judiciales.

Sabrina Basile participó de la audiencia ante la Cámara Federal desde su lugar de detención. Le dijo a los jueces: “una de las banderas con las que manifiesto en la calle es la igualdad ante la ley y me parece que en este país hay que empezar a ser coherentes con lo que pregonamos y acá estoy, subordinada a derecho en este proceso que se sigue contra mi persona. Y subordina a comprometida a seguirlo según la ley”.

Mientras tanto, los otros detenidos, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, declararon por primera vez en indagatoria para negar las acusaciones en su contra. Apenas fueron detenidos eligieron el silencio pero ahora pidieron declarar ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollilcita.

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Todos están presos desde el 20 de octubre pasado. En el caso se investigan las actividades de Revolución Federal. El fiscal imputó a cuatro integrantes del grupo por incitación a la violencia colectiva. Según planteó, las pruebas permiten tener “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. A Morel y Sosa les sindicó un rol de organizadores y a Guerra y Basile como partícipes.

El Ministerio Público sostuvo que “se pudo corroborar que, a través de la agrupación Revolución Federal, en el período reseñado los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.

Por zoom, los jueces de la Sala I Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia escucharon en tandas a las defensas de Morel y Basile. Guerra y Sosa presentaron su apelación por escrito.

La primera audiencia fue la de Morel, quien no estuvo presente. La abogada Amina Chale reclamó la nulidad de la orden de detención por falta de fundamentos, con “frases genéricas”, “meras conjeturas” y sin demostrar “la existencia de riesgo procesal”. También señaló que los delitos investigados son excarcelables. “Ha demostrado mi asistido antes, durante y después una actitud de colaboración y en ningún momento negó las claves de sus teléfonos celulares. El señor Morel no tiene antecedentes penales”, resaltó.

El juez da a entender que mi asistido podría “amendrentar” y que los celulares podrían arrojar nuevos indicios sobre terceros. “El hecho de que exista prueba pendiente no indica que Morel las vaya a entorpecer, cuando la prueba material ya está secuestrada”, señaló la defensa. “Tampoco se ha demostrado que haya intentado fugarse. Se decreta la detención porque viajó a Entre Rios a festejar el cumpleaños de su novia. Me pregunto a dónde podía viajar el señor Morel sin que lo detuvieran. Mi asistido publica el viaje en el estado de Whatsapp y en las redes que estaba viajando. Además su rostro había aparecido en todos los medios”, señaló la defensora.

También planteó las conversaciones que se le atribuyen a mi cliente, “que no están en la causa”, no configurarían delito. “Si vamos a detener gente por manifestarse frente a la Casa Rosada, todos los días hay gente manifestando en la Casa Rosada”, añadió la abogada.

En ese sentido, la defensa planteó que “se ha querido vincular la actividad laboral” de Morel a sus expresiones públicas y una supuesto financiamiento de la empresa Caputo Hermanos para vincularlo con el atentado de Cristina Kirchner, cuando la jueza María Eugenia Capuchetti indicó que no había elementos para ello.

Más tarde, habló el abogado Martín Sarubi, defensor de Sabrina Basile. La hija del ex director técnico de la Selección Nacional estaba conectada desde la sede de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “No hay peligro de fuga ni entorpecimiento. Mi clienta ha demostrado permanente colaboración. Se hizo un allanamiento en la casa de su padre y apenas se enteró que había una orden, se presentó en mesa de entradas del juzgado. En la indagatoria contestó todas las preguntas. Y entregó su teléfono celular. Los hechos concretos demuestran una absoluta sujeción a proceso. Quiero decir: se puso a disposición a sabiendas de que quedaría detenida. No hay un gesto mayor que eso de su decisión de su sujeción al proceso”.

La defensa no solo destacó que su clienta no tiene antecedentes sino que además la pena en expectativa por el delito que se investiga admite la excarcelación. Y subrayó el dictamen del fiscal Carlos Rívolo, en la causa por el atentado a Cristina Kirchner, en donde se sostuvo que “no hay ningún punto de conexión entre una causa y la otra”.

Cuando terminaba la audiencia, el juez Llorens le preguntó a Basile si quería decir algo. Fue entonces que habló de las banderas de la “igualdad ante la ley” y de su intención de sujetarse a proceso. El tribunal le informó que tenían la intención de resolver a la brevedad.

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