“Nadie puede creer que esa banda tiene la autoría intelectual”, dijo Cristina Kirchner al hablar por primera vez ante la Justicia del intento de homicidio en su contra. Lo dijo ante el tribunal que debe juzgarla por la causa “Vialidad” y en donde el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de condena en su contra. Fue después de ese alegato que militantes kirchneristas comenzaron a congregarse en la esquina de su casa en la Recoleta. Y esa oportunidad la que aprovecharon Brenda Uiarte y Fernando Sabag Montiel para intentar asesinarla. El plan, dice la investigación, comenzó mucho antes: el 22 de abril. La custodia de la vicepresidenta no pudo detectar ni evitar que un desconocido le pusiera un arma en la cabeza. La detención del atacante fue concretada por simpatizantes de la ex jefa de Estado.
Más allá de la convicción de la Vicepresidenta sobre la participación de más responsables detrás de su atentado, la investigación no tiene por ahora datos claros sobre más sospechosos. Según repasan los que siguen la causa, se cayó la pista sobre los otros “copitos”, no se encontraron rastros de financiamiento y tampoco se confirmó que los atacantes hubieran avanzado en el intento de alquiler de un departamento frente al balcón de CFK. “Y no fue porque no se buscó”, dicen en tribunales.
La sospechas sobre las actividades de Revolución Federal no forman parte de esta causa. La hipótesis sobre el integrante de “Nueva Derecha” Hernán Carrol pareció desinflarse apenas saltó a la luz pública con las aclaraciones del propio interesado, que esta semana entregó su teléfono a la Justicia; y ahora se disparó la llamada “pista Casablanca”, en donde un asesor legislativo, Jorge Abello, dijo haber escuchado al diputado del PRO Gerardo Milman dos días antes del atentado asegurar: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. El legislador desmintió la acusación y denunció al testigo, mientras que la Vicepresidenta pidió que secuestren el teléfono de las colaboradoras del legislador que estaban con él en la reunión.
La jueza y la fiscalía tendrán que evaluar cómo seguir con ese legajo reservado. Pero cada vez comienzan a escucharse más quejas de la querella y de referentes del Frente de Todos contra la investigación. Hoy por hoy, la causa tiene probado que solo dos personas llevaron adelante el atentado: Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
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Mientras tanto, la Cámara Federal porteña tiene que definir por estas horas en qué situación procesal quedarán Nicolás Gabriel Carrizo, sindicado como el líder de los copitos, y Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte. Los dos están acusados de ser partícipes del plan que ejecutaron Fernando Sabag Montiel, el joven que puso un arma en la cara de CFK; y su novia, Brenda Uliarte, ya procesados como coautores de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.
Los “cómplices”
Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, de la Sala I, tendrán que evaluar las pruebas que pesan sobre Carrizo y Díaz para determinar si respaldan el criterio de la jueza Capuchetti, que los procesó como partícipes secundarios. Será la primera vez que la Cámara Federal revise las pruebas de la causa. Ni Sabag Montiel ni Uliarte apelaron sus procesamientos.
En la noche del 1 de septiembre pasado, Cristina Kirchner volvía a su departamento del Senado. Su casa se había convertido en un centro de reunión de militantes desde que el lunes 22 de agosto el fiscal Diego Luciani había pedido 12 años de prisión para ella bajo la acusación de asociación ilícita y defraudación al Estado. El sábado 27, el clima se había agitado aún más cuando la Policía de Ciudad intentó poner vallas en torno al edificio de Juncal y Uruguay. Según se determinó en la causa, ese día Sabag Montiel y Brenda Uliarte desistieron de llevar adelante el intento de matarla. Es que la Vicepresidenta ya había entrado a su casa después de hablar ante sus seguidores, ya quedaba poca gente y encima había cámaras de periodistas. “Que hija de puta la Cristi…Se da cuenta”, dijeron. El operativo se activó en la noche del jueves siguiente.
“Nando” fue el hombre que apuntó una pistola calibre .32 en la cabeza de la ex presidenta cuando la referente del Frente de Todos bajó de su auto y comenzó a saludar y firmar autógrafos. Justo un libro cayó a sus pies. El arma no gatilló porque no tenía bala en la recámara, aunque cargaba otras cinco municiones. La titular del Senado ni se dio cuenta que habían intentado matarla. Con el aval de la custodia, se quedó saludando un rato más. Montiel, en tanto, fue atrapado cuando intentó escapar por los propios integrantes de La Cámpora. Le dejaron el ojo en compota.
Brenda lo acompañó durante todo el día, incluso hasta esa esquina, con una bolsa blanca. Aunque horas después dijo en los medios que no tenía nada que ver y que no lo veía desde hacía dos días. Lo hizo cuando dio una entrevista junto a Carrizo y otros cuatro jóvenes a los que se denominó “los copitos” porque todos -incluido Sabag y Uliarte- trabajaban vendido algodón de azúcar en la calle. Era mentira todo lo que Brenda había contado públicamente. La Justicia ordenó su detención en la noche del domingo 4 de septiembre.
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A Agustina Díaz la arrestaron en la noche del 13 de septiembre. Fue después de que en el teléfono de Brenda le encontraran diálogos en donde Agustina estaba agendada como “Amor de mi vida”. “Mandé a un tipo para que la mate”, le decía Brenda, mientras su amiga lo celebraba. Después del atentado, la joven de 21 años le preguntaba a Brenda por qué había fallado “el tarado” y le recomendaba descartar el celular. En su defensa, la joven aseguró que pensó que todo era una fantasía y que sólo le siguió la corriente.
Carrizo, en tanto, había declarado como testigo y entregado su celular. También el teléfono se convirtió en su camino a prisión. “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”, le dijo en un chat a su hermanastra Andrea después del atentado. Estaba preocupado porque él les había dado un arma calibre .22 que pensó que habían usado para intentar ejecutarla. Y al mismo tiempo celebraba lo sucedido: “Cristina tiene miedo. Salió mal pero tiene miedo”. “Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo. Andaba bien”.
Tanto Carrizo como Díaz, que están presos, sostienen que no tuvieron nada que ver y buscaron rechazar las pruebas que los comprometen. La mayoría de esas pruebas surge de los diálogos que había en sus teléfonos. En la audiencia que tuvieron la semana pasada ante la Cámara Federal, las defensas cuestionaron la interpretación de esas pruebas y, con argumentos diferentes, los dos dijeron que no sabían que iban a buscar matar a Cristina Kirchner. El abogado de Carrizo, Gastón Marano, sostuvo que su cliente está en “absoluta indefensión” porque no le permiten declarar a sus testigos y hasta deslizó que la jueza sufre presiones políticas para direccionar la causa. La estrategia de Agustina Díaz fue hablar de un “antojadizo” procesamiento. Es más: sin dejar de sostener la inocencia de su clienta, la defensa también apuntó a que el Código Penal estable que no es delito el encubrimiento de amigos íntimos.
A contramano de esa postura, la querella de Cristina Kirchner sostuvo que había que ratificar los procesamientos con prisión preventiva por el estado de la investigación. Sobre el final, Carrizo -que pidió estar presente en los tribunales- le dijo a los jueces: “Por favor tomen la decisión correcta. Estoy ahí encerrado pensando por qué hice una joda así... Yo no sabía. Hasta el momento, lo juro, pensé que Brenda no tenia nada que ver, hablamos de ir en enero a trabajar. Nunca sospeché que ella era parte de eso, nos vino con otra versión. Yo ya me quiero ir de ahí... No soporto más…”
Después de la audiencia en Cámara, la defensa de Carrizo logró esta semana que Capuchetti le tomaran declaración a dos testigos sobre los que apuntó la querella como posibles sospechosos: Joana Colman, integrante del grupo “los copitos”; y “Jony White”, o Jonathan Posadas, una suerte de hermanastro de Carrizo.
Según los mensajes encontrados, “Joa” decía: “Yo la única información que sí puedo dar es que Fernando (Sabag Montiel) estuvo totalmente negado a declarar, se le otorgó una... un abogado privado, no lo quiso. No lo quiso recibir tampoco, después por otra fuente sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale re acomodado mal eh... a ver, como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende, ¿si? Pero si los nombró a ustedes, eso sí, fíjense bien... y no solo a ustedes cinco porque nombró a más personas, fíjense bien”.
Cuando en el juzgado le preguntaron por esa frase, “Joa” afirmó que lo había sacado de Facebook por lo que escribió un conocido y dio el nombre de esa persona. Dijo que a Uliarte y a Sabag los había visto una vez y que después del atentado Carrizo la llamó para que lo ayudara a buscar dónde quedarse con Brenda porque la habían allanado. Pero insistió en que su amigo pensaba que Brenda no tenía nada que ver.
Joana también confirmó que después del ataque otra joven del grupo -Mara, declarada inhábil civilmente- le mandó la captura de pantalla de un diálogo con Brenda en donde ella le decía que estaba “orgullosa” de lo que había hecho su novio, lo que confirmaba que -a su entender- que era cómplice de Sabag Montiel. Y añadió su observación sobre la única vez que estuvo con ellos: “a simple vista como que Brenda no estaba bien de la cabeza porque no dialogaba, solo se reía. Fernando estaba ebrio hablando solo, no se entendía que decía”.
Por su parte, Carrizo escribió a Jony White “Estamos pensando matar al jefe de La Cámpora esta vez” y su interlocutor responde: “Los sicarios de los copos de nieve”. El mensaje fue a 23.40 del 1 de septiembre. Posadas aseguró que eso era “típico” de la personalidad de Carrizo que solía hacer este tipo de comentarios. “Yo estaba acostado y sentía que me llamaba y atiendo el teléfono. Era Gabriel que me contaba una de las tantas aventuras de Gabriel (...) ‘Mi empleado quiso matar a Cristina’ fueron las palabras. Siempre que pasaba algo, estaba él involucrado. Cae un cometa y Gabriel dice que tuvo que ver. Es muy fabulador”, dijo en la declaración a la que accedió Infobae.
Esos testimonios, por haber sido registrados en los últimos días, no están bajo el análisis de la Cámara Federal.
La pista Casablanca
Mientras tanto, en la causa, la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo avanzaron en los últimos días sobre la llamada “pista Casablanca”. Se trata de la declaración que hizo el ex diputado provincial Jorge Abello, hoy asesor legislativo, que el 23 de septiembre aseguró en tribunales que 48 horas antes escuchó que el diputado del PRO y ex funcionario macrista Gerardo Millman dijo: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.
La jueza abrió un legajo reservado que confirmó a través de filmaciones que el legislador estuvo en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, con dos colaboradoras, como dijo el testigo. Pero llamó a declarar a las mujeres y las dos desmintieron haberlo escuchado decir esa frase. El hombre que estaba con Abello tampoco oyó la charla en la mesa vecina.
Cuando la versión de este testigo se difundió, Milman se presentó el viernes para desmentir haber dicho esa frase, a la que le atribuyó fines políticos, y denunció a Abello por falso testimonio. En paralelo, la querella de Cristina Kirchner le insistió a la jueza que secuestrara los teléfonos de las colaboradoras de Milman: “Si nuestras expectativas están depositadas en que dos testigos con declaraciones contradictorias delaten a su jefe, la investigación no llegará muy lejos”, dijeron los abogados José María Ubeira y Marcos Aldazabal. “Es hora de buscar la verdad. Se perdió una oportunidad clave, pero, tal vez, aún no sea tarde. Nuevamente, insistimos en la relevancia tanto del caso como de esta prueba para que la investigación tenga éxito”, dijeron.
El caso de Carrol
Otra de las pistas que abrió el expediente tenía que ver tenía que ver con la carta escrita por Sabag Montiel en prisión en donde decía que no quería ser más representado por el defensor oficial Juan Martín Hermida. “Dejo en poder a elección del señor Hernán Carrol, quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo del nuevo abogado”. Una firma, una huella y el número de DNI acompañaban la presentación.
¿Quién es Carrol? Según muestra su perfil en Instagram, un “personaje público”, “referente de nuevo centro de derecha” y “candidato a Concejal por Avance Libertad” que exhibe distintas fotos con Patricia Bullrrich, Javier Milei, José Luis Espert o Ricardo López Murphy. Su militancia pública comenzó durante la cuarentena cuando los gimnasios, donde él trabajaba, quedaron cerrados.
“No me voy a hacer cargo de la defensa de nadie, nunca hablé con Sabag Montiel. Sólo dialogué con Uliarte”, dijo Carrol hace unas semanas cuando se vinculó su nombre al ataque a CFK. Carrol explicó que la conoció después de que Brenda apareció en Crónica TV criticando a los “planeros”. Y por la contactaron e hicieron una charla en redes sociales. “Se hizo un vivo con ella donde explicó” lo que pensaba, afirmó. “Lo vimos una vez. Tuvimos una entrevista vía Instagram. Al otro día era el cumpleaños de un chico. Le decimos si quieren ir y pensamos que no iban a venir. Vinieron y se quedaron media hora”, señaló. La fiesta era la de Martín Almeida. Después del atentado, Almeida subió a sus redes un video diciendo que el hombre que había intentado matar a Cristina Kirchner había ido a su cumpleaños.
Esta semana, Carrol estuvo en Comodoro Py. Repitió la versión que dio ante los medios: insistió en que se contactó con Brenda luego del atentado porque un abogado, cuyo nombre aportó, le había pedido que lo contactara con la joven para defender al atacante de la vicepresidenta. También insistió en que tanto Brenda como su novio eran raros y que en la fiesta, en donde estuvieron media hora, se fueron a un costado a hablar de sexo.
Carrol entregó su teléfono y sus claves. Y dijo no tener vínculos con la agrupación Revolución Federal, según indicaron a Infobae fuentes judiciales. Nadie explica bien por qué Sabag Montiel anunció que Carrol se hiciera cargo de su defensa, algo que obviamente no se autorizó porque nadie puede dejar en manos de otro la elección de su defensor. Se cree que idea de la propia Uliarte cuando estuvieron juntos detenidos en la sede de PSA y solo los separaba una pared de distancia. La nota fue presentada cuando ingresó al Servicio Penitenciario.
Ahora se conoció esta semana que Sabab Montiel quiso nombrar, esta vez sí, a abogados parra defenderlos: Leonardo Sigal y Pablo Becerra, que habían denunciado a L-Gante por daños. Pero los aludidos respondieron con un escrito: dijeron que de ninguna manera aceptaban el cargo. Sabag sigue con defensa oficial.
La otra investigación: Revolución Federal
La agrupación Revolución Federal no está siendo investigada en la causa por el atentado a Cristina Kirchner. Es que tanto la jueza Capuchetti como el fiscal Rívolo no tienen elementos para involucrar a esta organización con el atentado, más allá de la presencia de Brenda Uliarte en la llamada marcha de las antorchas que tuvo lugar el 18 de agosto en la Casa Rosada. El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita tramitan una causa por separado para investigar las actividades de esa agrupación, en donde aparece la denuncia de la AFI con los diálogos públicos, vía Tweet Space, que mantenían integrantes de esta agrupación bajo el título “¿Hay que pudrirla?”.
Ahí conversaban los referentes Jonathan Morel y Franco Castelli. Allí, uno de los participantes habla de una mecánica parecida a la que habrían llevado adelante Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó contra CFK, y su novia. Dicen: “Hoy, por ejemplo, veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque, si no, ¿sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje? Pero yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia”.
Cristina Kirchner se presentó el 17 de octubre como querellante en esa causa. Allí planteó que ese grupo planificó y financió el atentado en su contra. “No es posible descartar aún que los miembros de la organización investigada hayan sido partícipes del intento de asesinato en mi contra y es mi derecho conocer todo lo atinente a esa posibilidad y aportar los elementos que considere necesarios para explorarla”, dijo. Al día siguiente, la vicepresidenta fue aceptada como víctima en esta causa. Y dos días después, el 20 de septiembre, Martínez de Giorgi ordenó las detenciones de Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile, hija del ex técnico de la Selección Nacional de fútbol Alfio “Coco” Basile.
El dato que alimenta las sospechas de Cristina Kirchner es la contratación de la firma Caputo Hermanos, propiedad de hermanos de Luis Caputo, ex ministro del gobierno de Mauricio Macri, que le encargó trabajos de carpintería al flamante negocio de Morel por unos siete millones de pesos. “No hace falta ser un avezado detective para ver que hay algo extraño en que personas que, según sus dichos, aprendieron carpintería por Youtube, reciban una suma millonaria contratados por una de las principales constructoras y desarrolladoras del país, para hacer muebles para un proyecto en la provincia de Neuquén, desde su supuesto emprendimiento en Boulogne, provincia de Buenos Aires”, sostuvo la vicepresidenta.
La empresa, sin embargo, buscó alejarse de las sospechas: Rosana Caputo “identificó hacia fines del año pasado en la zona del Tren de Boulogne a un carpintero (Morel) para realizar una barra de bar en madera maciza y otras tareas para el salón de usos múltiples del barrio Santa Clara al Sur, dentro del presupuesto que se había decidido para ello”. “Este carpintero tenía maderas macizas (tablones) de buena calidad a muy buen precio (ciprés provenientes del sur). Así nació el interés por él, que cotizó las barras del bar para dicho barrio, unas mesas bajas y una mesa ratona. Hizo muy bien su trabajo”, señalaron en un escrito y aportaron todas las facturas con las fotos de los muebles.
Por lo pronto, a pedido de la fiscalía, el juez dispuso seguir la ruta del dinero y ordenó el levantamiento parcial del secreto bancario, con medidas pedidas a la AFIP y a distintas entidades crediticias, que permitan esclarecer esa hipótesis. Mientras tanto, esperan los resultados del análisis de los teléfonos y equipos que está haciendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Por lo pronto, el juzgado ordenó escuchas antes de las detenciones. El 13 de octubre, Morel hablaba con Basile de organizar una “actividad fuerte” bajo el lema “no le tenemos miedo” o “no nos van a callar”. La idea, dice Morel, sería “llevar bolsas mortuorias con nuestras caras”. La iniciativa buscaba hacerse el día en que asumían las tres nuevas ministras del Gabinete.
“La idea es reunir a todos los damnificados por los K, en el sentido este de las calumnias e injurias.-Basile: Sí.-Morel: A todos los que nos ensucian como El Presto, Danann (el primero fue condenado por injurias a la primera dama, y el segundo es Emmanuel Dannan, un influencer libertario) (...) Patricia Bullrich también me encantaría ¿Entendés?”, dice Morel. En ese contexto, Basile le responde: “Yo te digo de mi parte tomé la decisión de retirarme de la calles. O sea los apoyo en todo, pero estoy a favor de lo que hagan, si llega a pasar algo estoy, pero yo viste, fueron cinco años de lucha y ya decidí retirarme”.
Tras negar cualquier vinculación con el ataque a CFK y sostener que sólo hacían uso de su libertad de expresión, Morel afirmó: “No tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la Vicepresidenta”. La estrategia de los implicados fue reclamar su libertad. Primero lo hizo Sabrina Basile y luego Guerra y Sosa, que son defendido por una abogada que alquila una habitación en el piso de arriba del departamento de la vicepresidenta. Morel, en tanto, llegó tarde con su pedido de libertad. Despidió a su abogado luego de la indagatoria, y tuvo que conseguir que el juzgado aceptara el planteo fuera de término.
El martes próximo, la Sala I fijó audiencia para escuchar a los defensores cuestionando el estado de detención de sus clientes. Mientras tanto, Martínez de Giorgi evalúa qué decisión tomará sobre el estado de la prueba y eventuales procesamientos.
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