Las paritarias ya no son lo que eran. En épocas de alta inflación, y en medio de una crisis económica, los sindicatos pelean lo mejor que pueden, aunque suelen resignar puntos de mejora para garantizar los empleos o evitar que las negociaciones impacten explosivamente sobre las pymes. El último ejemplo lo acaba dar del poderoso Sindicato de Camioneros, que exhibió pomposamente un aumento del 107% entre 2022 y 2023, pero si se mide el período que va entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, en realidad, se trata de un 82,1% y la inflación de ese período se encamina a superar el 100%.
Hace bastante que la negociación salarial se atomizó como producto de una economía en caída libre. Ya no existe una paritaria testigo que sirva (sobre todo, al gobierno de turno) para orientar al resto de los convenios y mantenerlo en sintonía con las previsiones económicas, como fueron en otras décadas los acuerdos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) o incluso del propio Camioneros.
¿Puede servir para fijar algún tope salarial una negociación como la de los aceiteros, que desde hace años se ponen al tope del ranking de las paritarias más altas? Más allá de la impronta combativa del sindicato de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, encabezada por Daniel Yofra, en sus acuerdos influye el hecho de que se trata de una actividad donde hay elevados márgenes de ganancia empresarial, con la exportación de soja como un imán que atrae dólares y habilita aumentos superiores al promedio.
Negociar aumentos salariales en tiempos de alta inflación no es nuevo en la Argentina, pero lo que se generalizó como tendencia para tratar de que las remuneraciones no pierdan son plazos más cortos de los acuerdos: eran generalmente anuales y ahora muchos se pactan en forma trimestral o semestral. De la misma forma, los compromisos de revisión que se incluyen en los convenios por si hay desfases inflacionarios son cada vez más cercanos a la firma del aumento y ya es muy inusual que se apliquen a través de “cláusulas gatillo”, que obliga a una recomposición automática.
Otro de los problemas “nuevos” de la negociación salarial en esta época es cómo impedir que un aumento salarial que rige para toda una actividad económica ponga contra las cuerdas a las pequeñas y medianas empresas que no pueden afrontar esos costos. En el caso de Camioneros, la paritaria fue firmada el jueves pasado sólo por dos de las cámaras empresariales, la Federación Argentina de Transporte y Logística (Faetyl) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC), ya que la tercera, la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que agrupa a unas 4500 pymes, objetó la mejora del 10% en los adicionales.
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En plena cuarentena obligatoria por el COVID-19, y con el consecuente derrumbe de la actividad productiva, la UOM liderada por Antonio Caló demostró un pragmatismo que evitó el cierre de muchas pymes de la actividad metalúrgica que estaban en crisis: en 2020 y en 2021 se incluyó en el convenio colectivo de trabajo una cláusula por la cual las empresas que atravesaran una situación de crisis podrían “adecuar” los plazos de pago y los montos de lo firmado mediante acuerdos rubricados con la representación sindical a nivel de las seccionales de la UOM en todo el país.
Es prácticamente lo mismo que planteó una veintena de pymes en la paritaria del Sindicato de Camioneros al reclamar una segmentación de la negociación salarial porque lo firmado a nivel nacional y de aplicación generalizada es “imposible de afrontar” en un país “atravesado por una de las crisis económicas más fuertes de los últimos años, que condena a fuentes de trabajo a desaparecer”.
A tono con los tiempos que corren, de todas formas, la “escudería Moyano” no consiguió este año liderar el ranking de los aumentos salariales más altos. Impactante: el 131% de aumento reclamado por Pablo Moyano de manera monolítica se terminó rebajando en 48,9 puntos hasta llegar a un 82,1% anual en cuatro tramos, más un bono de 100.000 pesos en otras cuatro cuotas (desde marzo del año próximo) que perderá ante la inflación de 2022. Nunca lo reconocerán los sindicalistas, pero también cedieron de manera realista: la actividad del transporte automotor de cargas está castigada con “un récord de aumento de costos de los últimos años”, según una medición de la FADEEAC, con un nuevo incremento en septiembre del costo laboral, neumáticos, lubricantes y material rodante.
Claro que ese 107% exhibido como un trofeo, pero que no representa lo que recibirán los Camioneros en 2022, no es un pecado exclusivo de Camioneros: los sindicalistas suelen exhibir porcentajes importantes de recomposición salarial como vidriera ante sus bases y la opinión pública.
El “viejo truco” es publicitar un aumento fuerte que no tiene la misma vigencia del año calendario y que se amplía gracias a mejoras del año anterior o del próximo. El recurso les permite a los dirigentes mostrarse como buenos negociadores y a los funcionarios, como defensores de las paritarias libres, aunque les interesa que el porcentaje pactado no supere las previsiones oficiales de enero a diciembre.
“La aceleración de la carrera precios-salarios rompió la lógica temporal detrás de los acuerdos sectoriales -sostiene el último informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. El año paritario, que difiere en cada actividad y que en muy pocas coincide con el año calendario, dejó de ser un punto de referencia. En algunas actividades los aumentos se concentran en los primeros meses del acuerdo, en otras se reparten en múltiples cuotas, que luego son modificadas en posteriores negociaciones. El resultado de este proceso, en promedio, son salarios corriendo a la par o por detrás de la inflación, cada vez más rápido, en una carrera agotadora y sin ninguna perspectiva de aminorar en el corto plazo”.
Luis Campos, coordinador del Observatorio, detalló en su cuenta de Twitter: “La clave de la paritaria 2022 de Camioneros está en el cambio del ciclo paritario: antes era de julio a junio y ahora, de noviembre a octubre. El 107% para 2022 es raro porque se cobra casi todo en 2023. Diciembre 2022 contra diciembre 2021, el aumento nominal queda en 82,1%”.
Para este especialista, “la Argentina se encamina a culminar el 2022 con una inflación cercana al 100% anual, el triple de lo previsto en el proyecto de Presupuesto enviado en septiembre de 2021 al Congreso de la Nación y más del doble de la pauta de las primeras negociaciones salariales del año que tuvieron lugar entre los meses de febrero y marzo”.
“En este contexto -agregó el informe elaborado por Campos-, “el “incremento anual” previsto en los acuerdos salariales comienza a ser menos relevante, ya que siempre es provisorio y está sujeto a una revisión. Si bien formalmente la mayoría continúa teniendo un plazo de vigencia anual, ninguna actividad realiza una sola negociación en el año y la cantidad de cuotas es mayor. Los sueldos nominales, al igual que los precios, varían cada vez más rápido”.
El estudio del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma destaca que “la primera ronda de negociaciones salariales culminó con aumentos anuales de entre el 40% y el 45% anual” y que “pocos meses más tarde las paritarias se ubicaron en torno del 60%, porcentaje al que llegaron también algunas revisiones de acuerdos pactados tan solo unas semanas atrás”, mientras que “actualmente las negociaciones más recientes establecieron incrementos de entre el 75% y el 85%, y todo indica que antes de fin de año volverá a subirse un escalón”. Y advierte: “En este marco, la posibilidad de coordinar la política salarial a través de las paritarias es cada vez más difícil y las brechas entre las distintas actividades corren el riesgo de ensancharse aún más”.
Destaca, además, que “a partir de 2016 la carrera precios-salarios se aceleró impactando negativamente en los salarios” y “en este contexto la negociación colectiva pasó a tener una función mayoritariamente defensiva, intentando que el deterioro de los ingresos de los trabajadores no se profundice aún más”. “Sin embargo, desde entonces el salario real perdió todo lo que había ganado en la etapa anterior: en agosto de 2022 el ingreso de los trabajadores registrados en términos reales era un 5% inferior al de diciembre de 2006″, puntualiza el informe.
Según el análisis del Observatorio del Derecho Social, “este año la carrera precios-salarios ingresó en una cuarta etapa: la inflación anual se ubicará en torno del 100% y el gobierno nacional, por diversas razones, enfrenta dificultades para recurrir a las tradicionales anclas”, por lo que “la única ancla de corto plazo podrían ser los salarios, lo cual implicaría ponerle límites explícitos o implícitos a la negociación colectiva y tensionar al extremo los límites políticos de la alianza gobernante”.
La perspectiva que plantea el estudio es inquietante: “Cuando resta menos de un trimestre para finalizar el año, muy pocas actividades tienen acordado un incremento salarial en la paritaria 2022-2023 que se acerque a las proyecciones de inflación. Más aún, una gran parte de ellas todavía poseen aumentos menores al 70%, lo que implicaría que en las revisiones deberían pactarse mejoras superiores al 30% tan sólo para equiparar la inflación prevista para este año. Ello, a su vez, dificultaría la estrategia oficial de reducir gradualmente la nominalidad de la economía, lo que podría generar conflictos entre las necesidades de las organizaciones sindicales y los objetivos económicos del Gobierno”.
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