Armando Loson, el empresario que fue imputado colaborador en al causa cuadernos y que denunció irregularidades en las anotaciones que lo mencionaban, le pidió al juez federal Julián Ercolini que anule la prueba que lo involucra en la causa. “Solicito que Vuestra Señoría que se dicte la nulidad del material probatorio a partir del cual se construyó la imputación penal en perjuicio de mi defendido Armando Roberto LOSON -y de todo lo actuado en consecuencia sólo respecto de aquel- en razón de que el resultado de la prueba pericial caligráfica oficial evidencia que su contenido resultó dolosamente falseado o adulterado”, dice la presentación a la que accedió Infobae.
Todo remite a un peritaje encargado a la Policía Federal que se presentó días atrás ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y que confirmó una serie de irregularidades en las anotaciones manuscritas de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta y cuyos cuadernos desataron la causa en la que terminaron involucrados desde la vicepresidenta Cristina Kirhcner hasta los principales empresarios del país.
Se trata de una denuncia penal que impulsó el propio Loson -ex responsable del grupo Albanesi- denunciando 1600 irregularidades en tres de los ocho cuadernos que escribió Centeno y en donde se lo nombra. De acuerdo a ese peritaje oficial, hubo otras manos, distintas a la de Centeno, que hicieron correcciones, sobreimpresiones, testeados y tachaduras.
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La defensa plantea que no hay otra salida que anular toda la acusación contra su cliente citando la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, que ya hizo caer la causa por la conexión local del atentado contra la AMIA cuando llegó a juicio entre 2001 y 2004.
“Las nuevas pruebas que corroboran la inexistencia del delito imputado a mi defendido y evidencian la inutilidad de continuar con el proceso en paralelo al planteo de nulidad, exigen consolidar la garantía del debido proceso y el sobreseimiento definitivo de Armando Roberto LOSON como `consecuencia natural, irreversible e inevitable´ a efectos de preservar sus derechos y evite excesos rituales. Las nulidades que aquí se plantean son totales, absolutas e insanables, porque afectan todas las garantías del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 C.N.) que resultan materia de orden público constitucional”, dice la presentación del abogado Carlos Vela.
Según la defensa, “la pericia demostró que se le ‘inventó y agregó’ indebida e ilícitamente un hecho que no le puede ser reprochado. No sólo eso, sino que la pericia caligráfica oficial probó además que esa modificación y corrección (Alem 855 sobre GRIERSON) no la hizo el señor Centeno, no obstante ello resulta ser una cuestión que se encuentra siendo investigada en otras actuaciones”.
E insistió: “Únicamente a consecuencia de la obtención y conocimiento de la prueba ilícita cuestionada fue que Armando Roberto Loson resultó detenido e interrogado. En efecto y como se dijo, otorgar validez al resultado de un delito y apoyar sobre él una sentencia judicial, no sólo es contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito, en este caso, la falsedad de la prueba que sirvió como base de imputación en perjuicio de Loson”.
Con la llave de esta causa, la defensa de Loson reclama que su cliente sea desvinculado por el expediente de las anotaciones de Centeno. Su caso no fue elevado a juicio.
Cuando en 2018 fue salpicado por esta denuncia, que instruyeron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, el empresario solicitó declarar como imputado colaborador: allí dijo que había sido extorsionado para aportar dinero a las campañas del kirchnerismo y que la firma no era una empresa constructora, ni proveedora del Estado, ni tampoco había tenido obra pública alguna. Por este último argumento, la defensa pidió que el tema fuera derivado a la justicia electoral, como sucedió con los aportes que hicieron otros empresarios, pero no tuvo éxito.
El planteo de nulidad se hace solo sobre Loson, pero si prospera habrá que ver qué jugada plantean los otros empresarios involucrados. El caso ahora quedó bajo estudio del juez Ercolini, que podría en las próximos horas la opinión de Carlos Stornelli. El fiscal ya motorizó el pedido para que el juez Martínez de Giorgi se inhiba de seguir actuando en esa causa paralela, dijeron a Infobae las fuentes consultadas. Ercolini rechazó el pedido y ahora fue apelado ante la Cámara Federal.
Loson fue durante 42 años presidente de Albanesi SA, empresa centenaria de capitales privados nacionales que se dedicaba al negocio de eléctrica y la comercialización de gas. Sus allegados están convencidos de que fue involucrado en la causa para sacarle la empresa.
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