A partir de 2017, Villa Mascardi dejó de ser el paraje de encanto rodeado de bosques, montañas y lagos que eligieron cientos de pobladores para vivir; desde entonces se transformó en un territorio de violencia.
Las estructuras rústicas, construidas en piedra y madera, son ahora un rejunte de escombros y materiales inservibles, teñidos por el ollín que dejó el paso del fuego.
En la resolución que emitió la jueza federal subrogante Silvina Domínguez para procesar a las cuatro mujeres mapuches que forman parte de la lof Lafken Winkul Mapu, incluyó una comparación sobre cómo estaban los edificios antes de ser blanco de los atentados terroristas.
Te puede interesar: Villa Mascardi: hallaron bombas molotov, proyectiles y tarjetas de planes sociales en las casas donde vivían familias mapuches
En el escrito exhibió imágenes sobre todos los edificios – públicos y privados – que fueron destruidos por los integrantes de la comunidad autoproclamada mapuche, quienes fueron procesados aunque permanecen en la clandestinidad.
Una de las fotos que incluyó la magistrada es la del ex hotel IOS, perteneciente a la Administración de Parques Nacionales, donde se preveía la instalación de la Escuela Nacional de Guardaparques.
Luego de la irrupción en un predio lindero, en noviembre de 2017, los encapuchados vandalizaron la propiedad y poco después tomaron posesión de la misma.
El edificio fue construido en hormigón y tenía, originalmente, revestimiento y aberturas de madera. Esos materiales fueron utilizados por los mapuches para levantar algunas de las viviendas donde residían hasta el día del desalojo.
En julio de 2018, el entonces intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi denunció ante la Justicia Federal que el edificio había sido dañado y usurpado por integrantes de la comunidad mapuche, dato que fue confirmado a partir de las inscripciones que los mismos atacantes plasmaron con aerosol en las paredes.
Te puede interesar: “Los mapuches tienen apoyo de abogados montoneros, su proclama me recuerda mucho la del ERP”
La permanencia en el predio por parte de los mapuches “se dio por medio de la fuerza ejercida contra las instalaciones del Hotel, que fue dañado, vandalizado y desmantelado, esto último para construir casillas precarias en la parte trasera del predio con las vigas, aberturas y revestimientos de allí obtenidos” consignó la jueza.
El informe de Domínguez incluye también la propiedad La Escondida, la primera de las viviendas particulares que fue atacada por el mismo grupo.
Johan Fergus Grehan, su propietario, denunció el ataque en enero de 2018. La vivienda – que ya había sufrido daños en un incendio anterior – quedó destruida.
El avance del grupo no se detuvo. En mayo de 2020, durante la pandemia, el cuidador del predio de la Unión del Personal de Gas del Estado estaba junto a su familia realizando reformas en la vivienda, para mudarse con fines residenciales. De acuerdo al informe judicial, el damnificado escuchó piedras que caían en el techo y luego se sorprendió al ver a varios encapuchados que lo increpaban para que abandone el sitio.
Para proteger a las personas de su vínculo más cercano, el cuidador abordó su auto particular y huyó, aunque en ese intento el rodado sufrió roturas por el ataque con piedras que efectuaron los atacantes. Horas más tarde, la vivienda fue destruida por un incendio intencional.
En agosto del mismo año el complejo vacacional Hueche Ruca, perteneciente al Obispado de San Isidro, tuvo el mismo destino. Los agresores no sólo lo destruyeron y extrajeron elementos del interior, sino que también lo sumaron al listado de “predios recuperados por el pueblo mapuche”.
En el transcurso de este año, otras dos viviendas quedaron reducidas a escombros como resultado del avance de las mismas familias.
El 1 de agosto la cabaña Los Radales, propiedad de Luis Dates, sufrió pérdidas en el 90% de su conformación, luego de un ataque incendiario ocurrido durante la madrugada. Días más tarde, el 27, los miembros de la Lafken Winkul Mapu confirmaron que habían tomado el control sobre el lugar.
El 25 de agosto una casilla perteneciente a Gendarmería Nacional fue baleada e incendiada por los mismos atacantes, lo que motivó luego la orden de desalojo de toda la franja de tierras ocupadas.
El presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, denunció también que de su propiedad, denominada La Cristalina, sólo había quedado el esqueleto de hormigón ya que lo demás fue arrasado por otro ataque incendiario.
Desde la primera irrupción -en 2017- hasta la actualidad, se realizaron numerosas denuncias por intrusiones, turbaciones de la posesión y usurpaciones. En todos los casos, los atacantes materializaron su avance con incendios y daños e incluso, dato que destacó la magistrada, por el robo de objetos que estaban en el interior de las construcciones.
Según el criterio de la jueza, todas las instalaciones mencionadas “fueron totalmente vandalizadas y destruidas con cruel ensañamiento, o incendiadas”, como en el caso de Los Radales.
Seguir leyendo
Últimas Noticias
Radiografía del sistema previsional: cuántos jubilados tuvieron más de 30 años de aportes y qué haberes perciben versus los que entraron por moratoria
Diputados entra en la última semana de ordinarias con tres sesiones y un fino juego de posicionamientos
Historias de la Antártida: el militar de los 2.000 días en Marambio y el teniente que volvió y le pidió casamiento a su mujer
El quiebre entre Milei y Villarruel ratifica la estrategia que eligió el Gobierno para el vínculo con el Congreso
Cooperativas piqueteras recibieron desde el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología más de $1.200 millones que no fueron rendidos
