Cristina, Máximo y el plan alternativo de la tierra arrasada

“La Argentina tiene el paso cansado, la mirada baja y un dolor que atraviesa las cosas de todos los días. ¿Cómo llegamos a esto? Para encontrar respuestas es necesario apelar a la memoria…”

La frase, levemente poética e impresa sobre imágenes de video con argentinos sufriendo la miseria y la desesperanza, podría corresponder perfectamente a la impresión que genera en estos tiempos el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Sin embargo, no es lo que parece. Es el texto que un locutor narra sobre el trailer de “Tierra Arrasada”, el documental que estrenó en diciembre de 2019 el cineasta Tristán Bauer. Los Fernández acababan de ganar las elecciones y el filme era una denuncia militante contra el gobierno de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio. Además del ex presidente, aparecían Mirtha Legrand, Jorge Lanata, imágenes de jubilados tristes, de represión policial y una que se burla del ex senador Esteban Bullrich, ahora retirado de la política activa por estar enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Bauer, cuya mejor película sigue siendo “Iluminados por el fuego”, sobre la Guerra de Malvinas, se quedó en los días siguientes con el ministerio de Cultura.

“Una noche volvimos y vamos a ser mejores”, grita Alberto Fernández en la imagen final del trailer de “Tierra Arrasada”. Casi una broma amarga si se contrapone la película con el estado de la Argentina actual. Un thriller con la inflación marchando hacia el infierno del 100% anual, la pobreza superando el 40% del país y un infierno diario compuesto de piquetes, protestas callejeras, tomas ilegales de propiedades, violencia e inseguridad urbana.

La mención al medio metraje de Bauer viene a cuento porque la utiliza un funcionario muy cercano al ministro Sergio Massa. Alguien que describe el plan alternativo de la Vice y su hijo.

“Cristina y Máximo están jugando a dejar tierra arrasada; si no ganan y tienen que dejar el poder, prefieren quemar todo y hacerle la vida imposible al que gane de la oposición en vez de ayudar a que pueda ganar uno de nosotros. Es ellos, o nadie”.

Esa es la impresión que viene creciendo en todos los sectores del peronismo. En los dirigentes más cercanos a Massa, entre varios de los gobernadores y también en los que juegan a acompañar el disparatado arrebato de Alberto para resucitar su proyecto de reelección. Una utopía que no encuentra eco en ninguna encuesta. Ni siquiera en aquellas que encarga la Casa Rosada.

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Hasta ahora, las estocadas kirchneristas contra Massa eran empujones cariñosos. Algún tuit de Cristina, salpimentado luego con una declaración amistosa de Máximo o de Andrés Larroque, el camporista encargado de poner a los funcionarios al asador de las purgas estalinistas. Martín Guzmán y Claudio Moroni pueden atestiguar sobre ese implacable mecanismo de la justicia divina que emana desde la Vicepresidenta hacia el peronismo.

Pero esta vez, el mensaje para el ministro de Economía fue directo al mentón. Máximo Kirchner no se presentó para darle quórum al proyecto de Presupuesto en la Cámara de Diputados. El hijo de dos presidentes ya había jugado a la rebeldía peronista cuando votó en contra del acuerdo con el FMI, pero ahora se trataba de la ley de leyes. Del financiamiento para el año próximo. La herramienta indispensable que Massa necesita para administrar mientras Alberto y Cristina viven en sus mundos.

Claro que la cosa no terminó allí. Un rato después de terminada la votación del Presupuesto 2023, cuando Massa respiraba aliviado porque la ley ya tenía media sanción y se encaminaba hacia el escenario más confortable del Senado, Cristina hizo una manifestación de su descontento a través de las redes sociales.

“Resulta francamente inaceptable este nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman un aumento del 118%, o sea más de un 20% más que la inflación anualizada”.

El tuit reitera un mecanismo engañoso que Cristina comenzó a utilizar en el primer año de la gestión de Alberto. Destroza al Gobierno como si ella no fuera parte del Gobierno. Y, en este caso, critica un aumento que afecta a los sectores medios y medio altos de la sociedad que atienden sus problemas de salud acudiendo a empresas de medicina prepaga. Un segmento en el que sus votantes son minoría. Se trata de un golpe para el ministro Massa, y otro por elevación destinado al Presidente.

La evaluación en la Casa Rosada y en el ministerio de Economía era más o menos la misma. La queja de Cristina era una excusa para no manifestar las verdaderas razones de su fastidio.

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El motivo fueron las derrotas parlamentarias que evitaron que el Poder Ejecutivo pasara a manejar directamente la magnitud de las retenciones a las exportaciones agropecuarias (el Frente de Todos retiró el artículo cuando comprobó que no tenía el número necesario), y la caída por 134 votos contra 116 del artículo que hubiera obligado a los jueces y funcionarios judiciales que no lo hacen (la mayoría) a pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de los trabajadores de la Argentina que ganen más de $ 330.000 desde el mes próximo de noviembre.

A pedido de algunos jueces, Cristina los había convocado para mantener una reunión el mismo miércoles en el que se iba a votar el Presupuesto. La posibilidad del encuentro había generado una fuerte interna entre los funcionarios judiciales, que acusan de extorsión a la Vicepresidenta. Muchos de ellos entienden que la obligación para todos de pagar Ganancias es un “apriete” para que muchos jueces pidan el anticipo de sus jubilaciones y dejen una cantidad de juzgados vacantes que quiere el kirchnerismo. Y consideraban poco menos que una rendición tener que asistir al Senado para reunirse con Cristina.

Finalmente, la votación negativa de ese artículo en la madrugada del miércoles hizo fracasar la reunión entre Cristina y los jueces. “No nos van a presionar porque no aceptamos presiones”, había desafiado el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a los legisladores kirchneristas que agitaban la bandera de la igualdad impositiva. “Son unos crotos”, los había provocado el diputado Marcelo Casaretto, el entrerriano autor de la iniciativa que logró pasar a la posteridad por estar mirando un partido de basquetbol en su notebook mientras transcurría la sesión en Diputados.

El diputado se transformó así en una nueva celebridad de los videos virales. E intentó defenderse poniendo como virtud su capacidad para legislar y, a la vez, recrearse en la observación de eventos deportivos. “Tan boludo no debo ser”, reflexionó ante los periodistas parlamentarios. Nadie se atrevió a contradecirlo.

Las próximas semanas serán un nuevo examen de tensión entre Cristina y los jueces. Antes de que termine noviembre, el Tribunal Oral Federal 2 que la juzga por corrupción en la causa Vialidad daría a conocer si la condena o la absuelve ante el pedido del fiscal Diego Luciani para que se le apliquen doce años de prisión. Las expectativas sobre esa decisión judicial en el círculo cercano a la Vicepresidenta son cada día más negativas.

Mientras Massa celebraba el avance del Presupuesto desde las gradas de la Cámara de Diputados, en el kirchnerismo se fortalecía la idea de dejar en evidencia las diferencias con el Gobierno que Cristina misma armó. La idea siempre fue que el ministro de Economía cargara con los costos del ajuste y que, a partir de noviembre, se diera rienda suelta a la emisión monetaria y al consumo con financiamiento estatal para tratar de proyectar una imagen de país que sostiene su actividad.

A este kirchnerismo de tierra arrasada le quedan dos oportunidades para comprobar si Cristina podrá o no ser candidata presidencial más allá de los límites que le muestran todas las encuestas de intención de voto. La primera es la elección del domingo en Brasil, donde una victoria de Lula en el ballotage frente a Jair Bolsonaro (aunque sea por poco margen) podría darle margen para tratar de revitalizar el proyecto político de la Vicepresidenta en el marco de una supuesta ola regional mucho más tímida que la esperada hasta hace algunos meses.

Y el otro salvavidas para aferrarse al poder como sea apareció en la noche del miércoles en la Cámara de Diputados. Fue cuando ingresó al Parlamento un proyecto del diputado ríonegrino, Luis Di Giácomo, junto a otros tres legisladores del bloque Provincias Unidas (habituales aliados del Gobierno), para suspender las PASO. No es una votación fácil. Los legisladores más cercanos a Alberto Fernández aseguran que votarán en contra de una eventual suspensión para que el Presidente pueda ir a elecciones primarias y competir por su reelección. Habrá que ver cuánto resisten cuando el kirchnerismo les tire con el camión encima.

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Cristina, Máximo, Axel Kicillof y los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires entraron en estado de vigilia y debatirán hasta el 5 de noviembre cuál es la estrategia electoral que más les conviene para enfrentar a Juntos por el Cambio, siempre que el crecimiento de los libertarios de Javier Milei no se entrometa en la habitual definición de segunda vuelta frente a Juntos por el Cambio. Ese sábado se reúne el peronismo bonaerense y Cristina debería dar más señales sobre si será candidata presidencial o si prefiere refugiarse en la Provincia como candidata a senadora.

La última duda del kirchnerismo es si deben ponerle fin a las PASO, el instrumento electoral creado por Néstor Kirchner que llevó a Cristina a su victoria más espectacular con el 54% de los votos apenas dos años después. Pero la necesidad tiene cara de hereje. Por eso, es muy posible que la ingeniería política del presidente fallecido sea reemplazada por otro fin supremo.

Aquel que consagraría el final de las PASO como el nuevo orden institucional y convalide al dedo de Cristina como el mejor método para elegir a los candidatos que se le antojen a la Vicepresidenta. El dedo que apunte a si misma. O el que le apunte a algún otro Alberto para intentar la hazaña de mantener como sea el poder en medio del pantano de tierra arrasada.

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