El 14 de octubre pasado, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de varias personas en la causa conocida como la “mafia de los contenedores”, entre ellas hay tres ex funcionarios relevantes de la Aduana durante el período en que Ricardo Echegaray estuvo al frente de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en los años del kirchnerismo.
Los camaristas confirmaron la decisión que había tomado el juez del caso, Marcelo Aguinsky, quien determinó la existencia de una organización en la que convivían aduaneros y empresarios importadores. La banda hacía entrar al país contenedores que tenían en su interior productos que no eran los declarados en la documentación oficial. Se declaraban, por ejemplo, que dentro de un contenedor venían toneladas de artículos plásticos de poco valor, y en realidad ingresaban aparatos electrónicos y bebidas caras. De ese modo, los importadores pagaban menos impuestos que lo que debían abonar si declaraban la verdadera mercadería que traían al país. Los aduaneros daban el visto bueno para que eso sucediera.
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El juez Aguinsky había dictado –en las dos partes que tiene la causa– 161 procesamientos a personas físicas y jurídicas. Entre los procesados están quienes fueron altos funcionarios de la Aduana bajo el mandato de Echegaray. Los procesamientos recayeron sobre –entre otros– el subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Daniel Santanna; el ex Director de Aduanas Metropolitanas I, Edgardo Polucci; y le ex director de Aduanas Buenos Aires y Director de Aduanas Metropolitanas II, Eduardo Alfredo Bernardi. Echegaray no se encuentra imputado en el expediente.
La Sala de la Cámara en lo Penal Económico que confirmó los procesamientos dictados por Aguinsky tuvo una peculiaridad: estuvo integrada por dos jueces de la Cámara Federal porteña porque había un solo camarista en condiciones de decidir. Fue por ello que Mariano Llorens y Eduardo Farah, camaristas federales de Comodoro Py, analizaron la decisión de Aguinsky junto al camarista Juan Carlos Bonzón, que tiene su despacho en el edificio de la avenida de los Inmigrantes.
Cuando el 14 de octubre pasado la Cámara confirmó los procesamientos, los jueces Bonzón, Llorens y Farah le recomendaron al juez Aguinsky y a las autoridades de la Aduana que abran más de 300 contenedores afectados a la causa que están abandonados en el Puerto desde el año 2016. Parte de lo hallado en los contenedores abiertos fue rematado y otra parte donado a entidades de bien público. Quedan por abrir en la actualidad 365 contenedores de los 1216 que se relacionan con la causa judicial iniciada hace seis años.
A raíz de lo ordenado por la Cámara, Aguinsky, según explicaron a Infobae fuentes judiciales, citó a declarar en testimonial a la actual subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas de la Dirección General de Aduanas, Rosana Lodovico. La funcionaria explicó que se puso en marcha un procedimiento para acelerar el control de los contenedores. Según sus cálculos, para fines de 2023 se terminaría con la tarea.
Pero el juez Aguinsky sacó otros cálculos y de acuerdo a lo sucedido con los últimos 94 contenedores que fueron abiertos en siete meses, la tarea terminaría a mediados de 2025. Y como la Cámara pidió que se acelerara el proceso de apertura, aforo y donación de los productos que desde hace seis años están dentro de los contenedores, el juez designó una veedora judicial para que supervise la tarea. Aguinsky nombró a Marta Luisa Marmissolle como veedora judicial para que controle el procedimiento de apertura de los contendores, requiera informes quincenales a la Aduana e interactúe con los distintos sectores del Estado involucrados en la situación. Con esa medida el juez busca acelerar el proceso tal como se lo ordenó la Cámara.
En una de las partes en que se dividió el caso, en 2018 el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 condenó a 11 de los 12 acusados. Entre los condenados está Paolucci que recibió una pena de ocho años de prisión. Las condenas fueron por los delitos de asociación ilícita y tentativa de contrabando agravado. Las penas más altas –ocho años de prisión– fueron para Paolucci y para el empresario Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda como organizadores de esa asociación ilícita. Los ex funcionarios de Aduana Osvaldo Giacumbo y Mauro Delmastro fueron condenados a una pena de 6 años y 6 meses de prisión y Rodolfo Trebino y Vanesa Calamante una de 6 años. Por el mismo caso Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, recibió una condena de cinco años de prisión.
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La confirmación de la Cámara del pasado 14 de octubre se suma a la confirmación de la primera tanda de procesamientos dictados por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico con una conformación diferente. De esta manera, la parte del caso conocido como el de la “mafia de los contenedores” que involucra a los que fueron funcionarios de la Aduana se encamina al juicio oral.
En ese sentido, el juez Aguinsky cerró la instrucción de la causa para las 97 sociedades y personas (entre ellos verificadores, guardas, valoradores, dos directores generales y un subdirector general de Aduanas) cuyos procesamientos fueron confirmados 11 días. El juez le dio vista a la querella y con eso se inició formalmente el camino hacia la elevación a juicio oral y público de esta porción del caso.
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