El presupuesto de la provincia de Santa Fe para el 2023 supera por primera vez el billón de pesos, y el área de seguridad dispondrá de unos 200 mil millones. Pero la discusión ahora es sobre si se podrá ejecutar antes de fin de este año una cifra mucho menor, tres mil millones, que la Nación envió en marzo en carácter de emergencia y que, se reveló, se usó efectivamente en un 1,6%: apenas 54 millones.
La cifra se confirmó en medio de una sesión escandalosa en la que algunos diputados se preguntaron si la subejecución presupuestaria en la provincia antes que un error no es una política buscada por el gobernador Omar Perotti, ya que advierten el mismo problema en las partidas de los dos últimos años.
El gobierno provincial aseguró que antes del 31 de diciembre próximo van a estar utilizados la totalidad de esos fondos, que recibieron el aval de la Legislatura santafesina para que se pudieran utilizar en el marco de una ley de emergencia, que permite simplificar los trámites para contrataciones de servicios y compra de bienes.
A la hora de rendir cuentas del uso de esos recursos que el gobierno nacional envió a Santa Fe, se especificó que por ahora solo se pudo concretar con ese dinero la reparación de 21 móviles policiales, la compra de un container para una cárcel de Rafaela, 180 utensilios de cocina y tres autos que están en proceso de ser blindados.
Hay otras “gestiones adjudicadas”, como la compra de 284 camionetas para patrullajes, que empezaron a entregarse estos días; unos 300 millones fueron o irán a costear sistemas de vigilancia en municipios y comunas, y está pendiente una prueba para adquirir si se aprueba ese examen unos 5500 chalecos antibala para la policía.
<b>Explicaciones que no conformaron</b>
La secretaria de Logística del ministerio de Seguridad intentó explicar en la Legislatura que la pandemia y el contexto internacional provocaron dificultades con las importaciones y alteraron el plan inicial de compra de vehículos, tecnología y chalecos antibala.
Desde la oposición política al gobierno peronista de Santa Fe le contestaron que ese argumento no vale para muchos otros ítems cuyo trámite viene bastante demorado, como la compra de cuatro termotanques, 13 “fábricas” de pastas, seis aires acondicionados, ocho ventiladores de pared, una bordadora, una máquina de sastrería, que aparecen en el informe como “gestiones en trámite”, al igual que una central telefónica, 880 metros de un cerco perimetral, 160 camas o la compra de 16 anafes, freezer y hornos.
Este detalle estaba a punto de brindarlo el ministro anterior de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, pero fue renunciado un día antes de la cita que tenía en la Legislatura, cuando en Rosario aparecieron vandalizados con pintadas los edificios de la Gobernación, los Tribunales, la Municipalidad y la Catedral, con leyendas del tipo “Plomo y humo, el negocio de matar”.
Desde ese momento venía pendiente este informe. Hace dos semanas, los diputados convocaron al actual ministro, quien asistió con dos planillas en las que aparecen muy recortados esos datos y no pudo extenderse en la explicación de los detalles técnicos que le preguntaron, ante la inesperada ausencia por razones personales de la secretaria encargada de los números del ministerio.
El último miércoles coincidieron los dos funcionarios, la secretaria y el ministro, y el informe fue calificado como “un papelón” por los diputados: volvieron con las mismas dos planillas exhibidas 15 días atrás y le sumaron el reconocimiento de que además había errores en algunos números, todo en el marco de un trato impropio con los diputados. Algunos legisladores se retiraron enojados del recinto de sesiones donde se hizo la reunión, y otros pidieron que la secretaria renuncie.
El resultado del informe se extendió por casi cuatro horas, pero en síntesis dejó un dato preocupante: hay una subejecución de las partidas presupuestarias de emergencia, que el gobierno tiene disponibles desde hace siete meses.
<b>¿Alguien va a renunciar?</b>
El informe a la Legislatura también dejó un problema político, ya que otra vez está en jaque el actual ministro de Seguridad, el comisario retirado Rubén Rimoldi, que asumió hace apenas dos meses y es el tercero en ocupar esa misma cartera en los tres años que lleva el actual gobierno. Ahora a nadie le extrañaría que renuncie por desinteligencias con una subordinada, la que brindó el informe en la Cámara de Diputados, que le controla férreamente los gastos.
El funcionario fue testigo en silencio de la larga exposición ante el pleno de los diputados de la secretaria técnica de Logística y Finanzas de su área, a la que no respaldó, pero tampoco pareció tener facultades para decidir que se vaya. “Tendré que hablarlo con el gobernador”, le contestó al diputado Maximiliano Pullaro cuando lo hizo esa pregunta concreta, mientras el ministro seguía sentado al lado de la integrante de su equipo ministerial.
Ahora se dirime quien de los dos se va. El ministro puso como condición que la desplacen; de lo contrario renuncia. La funcionaria viene esquivando todas las arremetidas y tiene el respaldo del gobernador y su ministro de Economía.
<b>La política y la seguridad</b>
Como están las cosas en la provincia, antes que la conformación de un frente electoral opositor para disputar las elecciones en el segundo semestre de 2023, se necesita con urgencia un acuerdo más amplio entre todos los partidos para construir una política de Estado en materia de seguridad que se mantenga en el tiempo, aún con gobiernos de distinto signo.
Esa es la idea que está ganando la opinión de algunos referentes de los principales partidos después del agravamiento de los resultados de la gestión en seguridad pública, con índices que eran malos y ahora son peores, y tras el último papelón de algunos representantes del gobierno en la Legislatura.
Este año se podría alcanzar un récord histórico de homicidios en la provincia, en una escalada de violencia que agobia la vida cotidiana de Rosario y los principales centros urbanos con balaceras, extorsiones, amenazas y ataques de bandas narco, arrebatos en la calle, atracos a comercios y viviendas, y una policía fuera de control que no llega a prevenir.
El gobernador Omar Perotti ha dicho que la inseguridad no es solo un problema de Santa Fe, sino de todos los argentinos, y se quejó de que las medidas para la solución no están en la agenda nacional. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, repite un pedido: se necesitan ver más luces azules de la policía circulando para prevenir el delito. Y hasta el Papa le preguntó recientemente al arzobispo de la ciudad si había sobrevivido en este marco.
Si acordar una política común puede ser una solución, el problema inicial es que ese diagnóstico podría enfrentar a distintas ideas. Mientras el actual gobernador puso al frente del ministerio de Seguridad a un ex jefe policial retirado, en un giro de 180 grados en su política inicial, a nivel nacional dos ex ministras de distinto signo coinciden que no se puede confiar en la policía santafesina.
Y lo saben porque tuvieron que intervenir en los últimos años en la crisis de inseguridad que padece Santa Fe, por sus funciones en dos gobiernos nacionales. A pesar de sus diferencias, ambas advierten un panorama similar: Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, propicia entrar a Rosario con las fuerzas federales, y Sabina Frederic, del Frente de Todos, es de la idea de desplazar de la ciudad a la policía de Santa Fe. Sostiene que de lo contrario las fuerzas federales que se manden nunca van a alcanzar, porque la policía local es parte del problema. “Es una banda más”, dijo en una entrevista de Cenital.
La idea de un acuerdo interpartidario por la seguridad empezó a insinuarse desde la Legislatura santafesina, donde algunos diputados lo plantearon públicamente como la única salida al actual momento. Mientras, en la provincia se discute más de números que de política.
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