La inusitada renuncia de Jorge Ferraresi al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el anuncio con premeditación de Juan Manzur de abandonar la Jefatura de Gabinete en unos meses confirma lo que ya es indisimulable: al peronismo le importa menos la suerte del gobierno nacional que el control de las provincias y los municipios que administran.
Las últimas novedades -que se completan con el regreso de Juan Zabaleta a Hurlingham- confirman que la preocupación de Cristina Kirchner por blindar la provincia de Buenos Aires como refugio ante una derrota que se teme inevitable no era la excepción, sino más bien la regla de un peronismo que está habituado a encontrar estrategias para sobrellevar los malos tiempos.
Manzur tomó la decisión de anunciar ahora la salida de la Jefatura de Gabinete para enviar una fuerte señal a su provincia, Tucumán. Allí buscará fortalecer la candidatura de Osvaldo Jaldo de cara a las elecciones provinciales, que son en mayo. El actual ministro coordinador nacional irá como vicegobernador, aunque no archivó del todo un improbable proyecto nacional.
En Salta, el peronista Gustavo Sáenz ya adelantó la fecha de sus elecciones para despegarla de las presidenciales y en Chubut, el massista Mariano Arcioni se encamina a copiarlos.
Las decisiones de Ferraresi, antes Zabaleta, y la de Manzur exponen que en el peronismo hay una preocupación por el impacto en los distritos de una crisis económica aguda, con caída del poder adquisitivo y aumentos de precios que castigan con más dureza a los beneficiarios de planes sociales, changarines, trabajadores informales y jubilados y pensionados. Según los últimos datos de canasta básica del INDEC, se necesitan $ 128.000 para no ser pobre y $ 56.000 para no ser indigente. La jubilación mínima está en $50.000.
En la última encuesta que difundió la consultora Zuban Córdoba, hay dos datos que el olfato peronista seguro ya detectó bastante antes. El 75,5% de los consultados creen que el país va en una mala dirección. Es el registro negativo más alto de toda la gestión de Alberto Fernández y Cristina. Si se combina ese dato con que la aprobación de la gestión está en el 68,3%, es decir que 7 de cada 10 tiene una mala opinión, el cuadro empeora aún más.
Mientras en el Frente de Todos se extiende la sensación y los gestos de “sálvese quien pueda”, Alberto Fernández puso en su agenda la inauguración el 39° período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la puesta en marcha de los Juegos Evita 2022, en una plaza de Mar del Plata.
De Ganancias y pérdidas
El ministro Sergio Massa -que días atrás reconoció sentirse “el plomero del Titanic”- avanza con su plan para dotar a la economía de dos requisitos indispensables: un mínimo de orden y un margen aunque sea acotado de estabilidad. Son dos condiciones recuperadas con un costo inmenso. Dentro de la coalición oficialista, a Massa se lo reconocen tirios y troyanos. Ni el cristinismo ni el peronismo discuten que se giró con lo justo antes de un peligroso naufragio.
Sin embargo, los bandos dislocados del oficialismo, asumen por momentos comportamientos suicidas. Si ya la imagen del Titanic era dramática, peor es percibir que hay pasajeros dispuestos a insultar al plomero, tirarle del pelo y esconderle las herramientas. Así se tomó la cláusula que se incorporó -un poco sin querer y otro poco queriendo- con complicidad por un sector de la oposición para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias.
Massa evitó hacer declaraciones públicas sobre el tema. Es consciente de que el tema Justicia es un cable de alta tensión que tiene una usina que trabaja siempre a todo vapor: el Instituto Patria.
Cristina Kirchner sumó en su enfrentamiento con los jueces una nueva quijotada de medidas de alto impacto, ruidosas, que terminan en poco y nada. Son ejemplos la reforma judicial, la ampliación y federalización de la Corte y, ahora, llevar a los empujones a los jueces a pagar Ganancias, violando desde normas básicas para la sanción de las leyes, a una jurisprudencia largamente consolidada y principios constitucionales.
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Con el Poder Judicial en alerta -desde camaristas, hasta trabajadores, fiscales y jueces- y la oposición realineada para rechazar una medida que en los hechos busca anticipar jubilaciones, el Gobierno se encamina a repetir el atávico reflejo que tiene el peronismo para resolver en política la cuadratura del círculo: crear una comisión.
De la cláusula que incluyó el diputado por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, “Massa se enteró por la televisión”, aseguran en el oficialismo, mientras reconocen un desorden en el Gobierno cada vez más visible y angustioso. El Presupuesto 2023 que tratan en Diputados -donde el Frente de Todos cuenta voto a voto- es vital para que el FMI tranquilice a los impacientes que dudan del cumplimiento del programa.
Después de un momento de desorientación, la oposición se realineó y rechazó la cláusula Casaretto. Con el PRO como punta de lanza, también se desmarcó el sector del radicalismo más cercano a Mauricio Macri y Patricia Bullrich y el peronismo cordobés, clave como parte del Interbloque Federal, para la sanción de cualquier ley.
“El oficialismo vuelve a cometer los mismos errores. Sin tratar en comisión, y a horas de que el proyecto vaya al recinto, el Frente de Todos quiere incluir a los jueces en el Impuesto a las Ganancias. Si hay que generar cambios, deben ser x diálogo y consenso ¿Quieren o no un presupuesto?”, advirtió Carlos Gutiérrez, diputado que responde al gobernador Juan Schiaretti.
Un Presupuesto que derrama
El avance del Presupuesto en el Congreso Nacional es clave no sólo para el funcionamiento del Estado federal, sino que también es decisivo para que el resto de las jurisdicciones adapten sus previsiones de ingresos y egresos públicos para las gestiones de un año donde se juega la supervivencia electoral de más de un liderazgo político.
Pasa en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires y también en los municipios del conurbano bonaerense, zona geográfica que puede definir quién ocupará desde 2023 la Casa Rosada.
Por eso, en las intendencias se multiplicaron los contactos entre jefes comunales que pertenecen a partidos de un lado y otro de la grieta para adecuar sus propios presupuestos. Con una inflación del 60% que incluyó Nación, las municipalidades saben que no pueden irse de ese margen, más allá de que sepan que deberán contemplar reajustes en partidas para pagar sueldos, servicios, deudas e inversiones urbanas que son fundamentales para mostrar gestiones en movimientos.
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Son conversaciones que se dan más allá de la grieta y donde se escuchan también lamentos por la dificultad para encontrar respuestas de parte del gobierno de Axel Kicillof. Hay roces y desconfianza entre los funcionarios alineados con el mandatario y los que responden a los intendentes que se sumaron al Ejecutivo después de la última derrota.
Son esos conflictos larvados, de baja intensidad, pero que acumulan frustraciones en la base de la pirámide, en las municipalidades que, en tiempos de elecciones, son el primer mostrador donde ir a buscar los votos. Por lo pronto, en las intendencias están haciendo cuentas para pagar a fin de año un bono que compense las pérdidas del año.
Macri: ¿árbitro o candidato?
La permanente confrontación de Cristina Kirchner y la Justicia, son temas que se descuenta que abordará Macri en la presentación que hará desde las 17 en La Rural el ex presidente. Serán más de 1.000 invitados que no serán sólo del ámbito político, aunque ya se confirmaron algunas ausencias “notables” y otros retaceaban confirmar si acompañarían o no la presentación del libro “Para Qué”, de editorial Planeta y que ya se vende por internet y en librerías por 4.500 pesos.
Según pudo saber Infobae, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ya avisó que no estará (“no asiste a ese tipo de encuentros”, afirman en su entorno). Como tampoco el precandidato presidencial Facundo Manes, porque tenía compromisos asumidos con anterioridad.
En duda, estaba Gerardo Morales, presidente de la UCR, gobernador de Jujuy y que también está anotado en la carrera por la primera magistratura. Y el senador nacional Martín Lousteau, que pelea por la sucesión en la Jefatura de Gobierno contra el favorito del ex presidente, su primo Jorge Macri.
Se esperaba, sí, en primera fila al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la diputada María Eugenia Vidal. Los tres son los precandidatos presidenciales del partido que fundó Mauricio Macri, quien volverá a mostrar su liderazgo interno.
En la presentación que hará junto a su ghostwriter y ex funcionario de Cultura, Pablo Avelluto, el ex presidente y titular de la Fundación FIFA planteará su decisión de tutelar los lineamientos ideológicos y de orientación política y económica de un futuro gobierno de Juntos por el Cambio. En el menú abundan las reformas, el ajuste del gasto, la baja de impuestos y un giro en clave “anti populista”.
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Como anticipó Ricardo Carpena este fin de semana, eEn la presentación de La Rural se esperaba la presencia de dirigentes nacionales y ex funcionarios que lo acompañaron en su gabinete entre 2015 y 2019, además de legisladores del ámbito nacional, provincial y municipal, como así también referentes del ámbito social, cultural y empresario. Insistirá con la idea de que no quieren que lo condicionen ni le planteen definiciones sobre el futuro y que para decidir todavía tiene tiempo.
Parapetado tras la excusa/argumento de que su esposa Juliana Awada y su hija Antonia no quieren que sea candidato, estirará una definición que sabe que si adelanta, por sí o por no, desatará una serie de definiciones que no está dispuesto a dar. Se preserva aún el rol más de árbitro de las internas que de competidor.
Mientras insiste con detectar signos de reivindicación de su gestión entre votantes que no lo reeligieron, está remontando en las encuestas. En el último sondeo de octubre, Zuban Córdoba le adjudicaba una potencialidad entre voto probable y seguro del 39,4%, despegado de Cristina Kirchner que estaba en 33,3 por ciento. Se ve que todavía la grieta todavía paga dividendos.
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