La Corte Suprema se reunirá con la Asociación de Magistrados por la ofensiva del Gobierno para que paguen Ganancias

Ante la preocupación expresada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional a raíz de la iniciativa oficial para que todos los jueces y fiscales paguen el impuesto a las Ganancias, los integrantes de la Corte Suprema aceptaron un pedido de reunión que quedó pautado para este lunes, según pudo averiguar Infobae.

Si bien aún el horario aún no fue confirmado oficialmente, lo que sí trascendió es que Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti sostienen que la inclusión del impuesto a las Ganancias en el Presupuesto 2023 constituye un ataque directo a la independencia del Poder Judicial.

Se trata de una iniciativa del bloque de diputados kirchneristas que no estaba en el proyecto original remitido por el ministro de Economía, Sergio Massa, a la Cámara de Diputados y que fue avalado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”, sostuvo la entidad a través de un comunicado antes de la reunión. Allí también señaló que la entidad está “en sesión permanente, conscientes de la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento” y que el salario no es ganancia ni un privilegio”.

Las tres agrupaciones que nuclean a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios -y que esta semana se enfrentaron en las elecciones para el Consejo de la Magistratura- también salieron a rechazar sin diferencias el proyecto. Lo mismo hizo Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

La reunión entre el Máximo Tribunal, los jueces y los fiscales será un día antes de su incorporación al dictamen mayoritario, que será tratado el martes en la Cámara Baja.

Mientras la Corte trabaja contrarreloj para dar a conocer su opinión al respecto y explicitar que la postura del Gobierno hace polvo normas constitucionales y leyes civiles, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales ya se revisaron fallos de la Suprema Corte de los Estados Unidos respecto a la inconstitucionalidad de aplicar impuestos retroactivos a jueces que ya estaban designados.

Esa postura, además, tendrá en cuenta que, desde 2017, los jueces recién ingresados ya pagan ganancias.

El andamiaje jurídico que prepara la Corte para impugnar la ampliación del impuesto a las ganancias para jueces y fiscales se complementa con determinados argumentos políticos que apuntan a explicar que detrás de supuestas razones de igualdad fiscal se persigue el objetivo de colonizar puestos claves de la Justicia con candidatos avalados por distintos sectores del Frente de Todos.

Además de los argumentos redactados para describir el móvil político del Gobierno, en la Corte Suprema se repasaron las distintas maniobras ejecutadas en Balcarce 50 para reducir la independencia del Poder Judicial. Esa lista fue comentada in voce en el Cuarto Piso del Palacio de Tribunales:

1. Aumento de porcentaje de retención jubilatoria

2. Obligación de renunciar antes de iniciar el trámite de jubilación

3. Aumento de edad jubilatoria

4. Proyecto de reforma judicial de la Comisión Beraldi

5. Proyecto de reforma de elección del procurador

6. Media sanción proyecto del Consejo de la Magistratura

7. Media sanción ampliación Corte Suprema

8. Proyecto del senador Claudio Doñate para el traslado de jueces y juezas

9. Demoras en designación de jueces para cubrir vacantes

10. Recurso de amparo para frenar el fallo de la Corte que recuperó la ley anterior del Consejo de la Magistratura

En síntesis, la Corte presentará una batería de argumentos jurídicos que podrían sostener -sin fisuras- las probables cautelares que se impondrán en el fuero Contencioso Administrativo Federal para bloquear la eventual vigencia de la norma.

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