A dos años del desalojo de Guernica, los piqueteros volverán a cortar calles para reclamarle a Kicillof tierras y viviendas

“Vamos por Kicillof y el Cuervo”. El primero es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral del país. El segundo, su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Ambos están alineados a Cristina Kirchner en la interna del Frente de Todos y a La Cámpora, la agrupación política que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner, su hijo. Los que hacen tronar los tambores de guerra no son sus rivales directos en la coalición de gobierno, sino la Unidad Piquetera. Las protestas, cortes, manifestaciones y acampes estarán ancladas en dos ejes: el sábado 29 de octubre se cumplen dos años del desalojo del predio de Guernica y, según las organizaciones sociales que participaron de la mesa de diálogo con las autoridades bonaerenses, “se incumplió lo pactado” con las casi tres mil personas que formaban parte de la toma, como la entrega de vivienda y subsidios económicos a los que habían usurpado las más de cien hectáreas en el municipio de Presidente Perón.

Desde el Ministerio de Larroque, desmienten esos conceptos y afirman que desde octubre de 2020 a la fecha se invirtieron $151.726.533 en subsidios y soluciones habitacionales. El diputado provincial del Partido Obrero Guillermo Kane presentó varios proyectos de Emergencia en acceso a la Tierra y la Vivienda, en la Comisión de Legislación de Tierras, pero hasta ahora no fueron tratados.

Los reclamos a Kicillof que encabezarán las agrupaciones de izquierda no son los primeros, pero esta vez, se afirma, se desarrollarán con mayor intensidad “porque la situación socio ambiental se agravó” y llegan después del acuerdo al que los piqueteros llegaron con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz. Esto es un incremento en el 50% de los alimentos que llegan a los comedores y merenderos y la entrega de máquinas y herramientas para los emprendimientos productivos.

Desde la Unidad Piquetera, uno de sus referentes sintetiza el conflicto que se avecina así: “Se cumplen dos años del violento desalojo de la policía bonaerense al predio de Guernica y la situación no puede ser peor. El lugar está abandonado, solo custodiado por las fuerzas de seguridad. No se hizo absolutamente nada, es decir que el desalojo no sirvió. No hay emprendimiento de ningún tipo. Sigue siendo un campo mugriento, mejorado solo cuando estuvieron los ocupantes, después sigue siendo la misma porquería, y a las personas que estaban involucradas nunca se les dio ninguna respuesta”. Y explica que “aún hay una comisión de los que fueron los ocupantes que siguen discutiendo, junto con las organizaciones que los apoyamos en su momento, una acción de lucha para ese día”.

Si bien aún no fueron votadas las medidas que se van a ejecutar, los dirigentes evalúan cortar los accesos al Puente Pueyrredón, que genera malestar no solo en Capital Federal sino también en la zona sur del conurbano, y una movilización a La Plata, frente a la Casa de Gobierno, para poner en agenda la falta de viviendas y las tomas de tierras que continúan.

Sin ir más lejos, la semana pasada, el miércoles 20 de octubre, la Policía Bonaerense, desalojó a los vecinos del Barrio Resistencia en La Matanza y otro en Merlo. Las imágenes que trascendieron por redes sociales muestran escenas de violencia y enfrentamiento entre los uniformados al mando del ministro de Seguridad, Sergio Berni, y los habitantes. Hubo heridos de ambos lados y detenidos. Si bien los vecinos denunciaron que la medida la tomaron sin orden judicial, la medida fue adoptada por la UFIJ número 1 de Morón a cargo de Javier Ghessi. Aunque casi no trascienden, situaciones como las de La Matanza y Merlo se repiten a lo largo del territorio bonaerense.

Según los últimos datos reportados por la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, el déficit habitacional en la Provincia de Buenos Aires alcanza a 2.284.136 de hogares o “núcleos familiares”.

Por su parte, el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) indica que solo en la provincia de Buenos Aires hay 1.933 asentamientos y en el país 5.687 dónde viven unas cinco millones de personas.

Dentro de esta enorme carencia se ubica el reclamo de quienes tomaron el predio de Guernica, fueron desalojados por disposición judicial, se les prometió que sería reubicados y ahora afirman que Kicillof y Larroque incumplieron y por ese se motorizarán medidas de fuerza a partir del próximo 29 de octubre.

Infobae consultó a las dos partes en pugna para contraponer las visiones, ya que los funcionarios de la gobernación bonaerense sostienen que los piqueteros faltan a la verdad.

Antes de abordar los datos, hay que ubicar el problema del predio de Guernica desde su punto de partida, antes del desalojo. Según el Censo que se realizó en el lugar, se identificaron -de modo aéreo- 2.127 “hechos físicos”; es decir, pequeñas construcciones, en parcelas, con distinto nivel de precariedad levantadas por los ocupantes.

Se relevaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas, y 440 parcelas que habían sido demarcadas durante la toma estaban deshabitadas.

Los números arrojaron que había 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).

Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes y el censo reveló que la situación de habitabilidad en las ocupaciones es dinámica; es decir que la cantidad de personas en la toma no está presente todo el tiempo o en simultáneo.

Ahora bien:, según los datos aportados por la cartera de Larroque antes y después del desalojo ocurrido el 29 de octubre de 2020, se firmaron 1.460 actas de acuerdo para asistencia y soluciones habitacionales y entrega de subsidios. Desde esa fecha hasta ahora “se tramitaron 838 subsidios de $90.000 en 3 cuotas de $30.000″ y se aclara que hasta el momento solo “se cobró la primer cuota”. En este momento, aclaran “se está llevando adelante el proceso de rendición de la misma, condición necesaria para poder avanzar hacia el depósito de la segunda cuota”. Se afirma que la provincia otorgó “1.656 subsidios”, que Nación aportó “457 ayudas urgentes”, y que apenas “se entregaron 10 módulos habitacionales”.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad también le informó a este medio que “67 familias recibieron materiales para ampliación de vivienda” y “acompañamientos con mano de obra a través de 31 cooperativas” y que se realizó “acompañamiento con mobiliarios en 778 casos”.

Pasado en números, desde 2021 la “inversión” que realizó la administración Kicillof fue de $63.390.000 en subsidios; $26.036.533 en alimentos, ropa de abrigo y mobiliario; $42.300.000 en entregas de materiales y obras; $20.000.000 en mano de obra de 31 obras de construcción y mejoramiento, lo que significa un total de $151.726.533.

Para Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y referente de la Unidad Piquetera, nada de eso se observa en los barrios. “La realidad cruda y dura es que no hay tierras para el que la necita, ni para los que habitaban el predio de Guernica ni para ningún otro lado. Lo que prima en la provincia de Buenos Aires son los desalojos”.

Como dato los dirigentes de izquierda aportaron a Infobae los reportes de la legislatura bonaerense que revela que la Comisión de Legislación de Tierras, que preside la senadora Patrícia Cubría, dirigente del Movimiento Evita y pareja de Emilio Pérsico, solo se reunió para discutir los nombres de los integrantes de la comisión en la legislatura.

Allí consta que el diputado del PO Guillermo Kane presentó varios proyectos de “emergencia habitacional y de Bancos de Tierras” que no fueron contestados.

Entre esos proyectos, que también fueron ingresados a la gobernación bonaerense por mesa de entradas, figura “un planteo de resolución sobre Guernica instando al Ejecutivo a llevar adelante los compromisos incumplidos de entrega de tierras con los vecinos desalojados”.

También la elaboración de “proyectos de regularización, titularización y urbanización de asentamientos precarios en La Plata, La Matanza y Exaltación de la Cruz” y el planteo de “un proyecto de Emergencia en acceso a la Tierra y la Vivienda, con un impuesto extraordinario a la vivienda ociosa, un plan de obras públicas y construcción de viviendas y un banco de tierras fiscales”.

Este es el marco en el que se producirán las medidas de fuerza que protagonizará la Unidad Piquetera contra la administración de Axel Kicillof pero a la cual se sumarán familias del conurbano que reclaman por tierra, techo y trabajo.

Seguir leyendo: