El 88,2% de las causas judiciales que se iniciaron con el nuevo Código Procesal Penal se resolvieron en un año de tramitación. Así surje de un informe que elaboró la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de los expedientes que tramitan en Salta y Jujuy, las dos primeras provincias en las que comenzó a regir el nuevo sistema.
Se trata de un sistema acusatorio, en el que las investigaciones están a cargo de los fiscales, con plazos para resolver, con audiencias orales, en las que los jueces tienen su rol de garante en el proceso, y que da protagonismo a la víctima en la solución del conflicto penal.
El nuevo Código se puso en práctica el 10 de junio de 2019 en Salta y Jujuy y la Cámara Federal de Casación elaboró un informe de casi 100 páginas con los fallos más destacados y un análisis de las principales estadísticas.
De allí aparece que de las 215 causas judiciales resueltas -todas de delitos federales- el 88,2 por ciento se resolvió dentro del año de su tramitación. Eso implica desde que la Fiscalía presenta el caso hasta que el expediente queda cerrado. Fueron 283 condenas, 34 suspensiones de juicio a prueba, 62 absoluciones y tres sobreseimientos.
El informe del Tribunal indica que, desde la implementación al 30 de junio de 2022, los casos se elevaron a juicio solo respecto del 15,3% de los imputados El resto culminaron en la instancia de Garantías con el dictado de condenas por acuerdo pleno en procedimientos abreviados (26,7%), por sobreseimientos (20,8%), por la concesión de la suspensión del proceso a prueba (28,2%), por conciliación (1,7%) o por incompetencia (7,3%).
En el caso de Salta y Jujuy los delitos que más se tramitaron fueron los de narcotráfico y contrabando. Y respecto de Casación -el tribunal que reciba los casos- el plazo de resolución desde que ingresa la causa es de tres meses. La Cámara de Casación es el máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revisa todas las causas de delitos federales como narcotráfico, corrupción, crimen organizado.
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“Los instrumentos desarrollados permiten medir el flujo de casos (entrada y salida) y, dadas las variables seleccionadas y los niveles de desagregación escogidos, recoge información estadística de la justicia penal. Reúnen, también, los datos necesarios para el control o el monitoreo de la gestión de audiencias, mediante tablas normalizadas y definiciones conceptuales que garantizan la interpretación uniforme de quienes registran, procesan y analizan la información”, sostiene el informe.
El nuevo Código Procesal Penal Federal también establece la creación de una Oficina Judicial que se encarga de la parte administrativa de las causas judiciales. Por ejemplo, es la encargada de organizar las audiencias orales del nuevo código y así esa tarea no recae en los jueces que se encargan solamente de la resolución de la causa.
La implementación del nuevo Código depende de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso de la Nación que tiene a su cargo la puesta en vigencia. La Comisión resolvió que en una primera etapa se aplique en Salta y Jujuy. La segunda será en Rosario y Mendoza y así progresivamente en todo el país.
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