Alberto Fernández contra Alfa de Gran Hermano: ¿error de comunicación o acto deliberado?

El insólito incidente político-televisivo que protagonizaron Alberto Fernández, la portavoz Gabriela Cerruti, y Walter “Alfa” Santiago, uno de los protagonistas del programa más visto de la TV argentina, Gran Hermano, dejó sin respuesta un interrogante central: ¿hubo un error de cálculo en la comunicación del presidente o fue un acto político deliberado para diferenciarse de Cristina Kirchner?

La política estuvo concentrada en las peripecias comunicacionales derivadas de la exigencia de una retractación del participante del reality show que conduce Santiago Del Moro y transmite Telefe, y del anuncio de que le iniciará una demanda civil en caso de que no se rectifique. El sexagenario participante -que anoche fue salvado por Martina y seguirá adentro de la casa- dijo que Alberto Fernández lo había “coimeado” antes de ser presidente.

Fue otra muestra de la desconexión que por momentos muestra la dirigencia del Frente de Todos frente a problemáticas tan graves y urgentes como la inflación, la caída de los ingresos o la pobreza. Otra perlita de un día pródigo fue la del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, anunciando minutos antes de las 15 que se iba a ver el partido de Boca. Seguro festejó la victoria.

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Aunque ningún dirigente de primer orden del kirchnerismo ni de La Cámpora salió a plantar posición sobre el peculiar incidente político-comunicacional, sotto voce había entre malestar y resignación con el presidente y la vocera. El cruce del periodista militante Diego Brancatelli con la funcionaria era más que un hecho aislado un síntoma del estado general. “Por momentos da gracia, por momentos aburre”, decían en Casa Rosada.

El de “Alfa” no es el único traspié del gobierno nacional en materia comunicacional y nadie está dispuesto a arriesgar que sea el último. Valen, si se quiere, dos antecedentes. El 24 de agosto Alberto Fernández ingresó junto a Cerruti en los estudios de TN y, para defender a Cristina Kirchner en el inicio del juicio por Vialidad, dijo: “Nisman se suicidó, espero que no haga algo así Luciani”. El primero es el fiscal del caso AMIA que apareció en el baño de su casa con un tiro en la cabeza después de denunciar a la entonces presidenta. El segundo, Luciani, es el fiscal que pidió 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la, ahora, vicepresidenta.

Una semana después de esa boutade, y ante la conmoción del atentado contra Cristina Kirchner, el jefe de Estado pronunció un discurso donde responsabilizó a la oposición, la Justicia y los medios de generar un clima favorable para ese acción criminal y declaró un feriado a medianoche que, lejos de generar empatía con la vicepresidenta provocó un generalizado rechazo. Falló el discurso y también la acción.

A esa colección ayer se sumó el “affaire Gran Hermano”. Un especialista en comunicación política que trabajó en la primera línea del gobierno de Alberto Fernández señaló en diálogo con Infobae que hubo una falta de conocimiento técnico para abordar un problema de enorme complejidad. Se trata de un evento para el que no hay manuales ni recetas, pero sí criterios para desplegar una estrategia frente a una falsa imputación de delito o la deshonra pública.

La clave es que Gran Hermano es un programa de entre 20 y 30 puntos de rating, en una época en que la televisión festeja cuando llega a 10 puntos, ya que la TV disputa -con escurridizo éxito- ante Netflix, TikTok, Youtube y otras plataformas de streaming por la atención de las audiencias.

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La polémica frase de Walter Santiago había tenido un impacto minúsculo, imperceptible, en la opinión pública, hasta que las declaraciones de Cerruti la viralizaron de una manera explosiva. El videito de un minuto que sólo había transmitido por la plataforma de Pluto TV y circulaba por redes sociales de manera episódica entre usuarios hiper politizados, después de la intervención de Cerruti, terminó, irremediablemente, masificado.

“Claudio Ferreño es la mano derecha de Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años; Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”. Esa es la frase, de apenas 15 segundos, que terminó en la boca de todos.

Un informe de la consultora en comunicación Ad hoc fue revelador. Confirmó que hasta las 8 de la noche del jueves, 38,7 millones de usuarios -el 99,2% de todos los usuarios de Argentina- habían sido alcanzados por el tema al menos una vez, mientras que 11.782 usuarios conversaban sobre las manifestaciones de Walter Santiago. Ya entrado el viernes, se descontaba que se había llegado al 100% de los tuiteros argentinos.

El estratega advirtió que esa mala praxis implicó reconocerle legitimidad a un emisor (Alfa) que, hasta la denuncia, no era más que un personaje de la ficción televisiva, y no había requerimientos de una aclaración, una desmentida o una definición pública del Gobierno. “Era parte de la joda de Gran Hermano y las lógicas de un programa de televisión. Las audiencias no esperan necesariamente que la política haga algo con eso. Al meterse, la política ingresa como un cuerpo extraño al show. Se expone, porque aparece en un lugar donde no era demanda su presencia”, agregó.

El director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, advierte que la intervención de Cerruti se produjo en un contexto general y de escala global donde la política -no sólo la de Argentina- no encuentra modelos eficaces para actuar ante contextos donde se imponen las fake news y la post verdad.

En una síntesis caprichosa de este cronista, las teorías conspirativas y el “terraplanismo” tienen terreno fértil en sociedades castigadas por la acumulación de años de crisis económicas y desesperanza, agravadas primero por la pandemia de Covid y en la actualidad por las consecuencias en todo el mundo de la invasión de Rusia a Ucrania.

“Para cierto público, puede resultar tan creíble un personaje como Alfa de Gran Hermano que acuse a Alberto Fernández, como una rigurosa investigación periodística”, advirtió Nejamkis.

El analista apunta que más allá del daño reputacional para Alberto Fernández que puede haber ocasionado el participante del reality, el Gobierno terminó convirtiendo el tema en un asunto de Estado al exponerlo la vocera Gabriela Cerruti. “A partir de ahora, todos van a estar mirando qué dice Alfa, porque se le dio un nuevo estatus, se le dio una centralidad política que antes no tenía”, asegura.

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Una reflexión pertinente, quizá: “Jacobo Timerman, que algo sabía de prensa, medios y política decía que una persona pública solo tiene que salir a desmentir cuando escriben mal su apellido. El episodio de Gran Hermano confirma eso”. Lo publicó en Twitter su hijo, Javier.

La respuesta y la demanda contra Walter Santiago, que la propia Cerruti aclaró que fue una instrucción precisa y directa que le dio el Presidente, confirmó también un estilo muy propio de Alberto Fernández. Nunca fue de los políticos que pasan por alto las acusaciones de corrupción o de aquellos que ante un agravio callejero evitan la confrontación y aguantan el mal trago. Más de una vez terminó enredado hasta en roces físicos.

Pero la duda crucial, sustancial, apunta a si todo se trató de un error de cálculo o fue un acto deliberado del Presidente, que busca obsesivamente estar alejado de cualquier tipo de sospecha de corrupción o de falta de transparencia. De hecho, hasta ahora no hubo una acusación formal y directa en contra suyo de un hecho irregular durante los casi tres años de mandato.

Sin éxitos en materia económica -sobre todo en la lucha contra la inflación-, con el riesgo cierto de una derrota electoral en 2023, con un balance luctuoso de la pandemia, tanto en cantidad de muertos como de una extensa cuarentena que dejó secuelas indelebles en el tejido social, Alberto Fernández parece que se aferra a no perder el único bastión que lo diferencia, sobre todo, de la vicepresidenta.

Esa diferenciación la subrayó la semana pasada, cuando habló en IDEA, un escenario del que no sólo se ausentó siempre el kirchnerismo, sino que lo combatió como un reducto de enemigos políticos. Allí, el presidente desafió a los presentes con una declaración que los sorprendió: “En este Gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública?”.

Ese es, exactamente, el delito por el que Cristina Kirchner está sentada en el banquillo en la denominada Causa Vialidad, donde el fiscal Luciani la acusa de asociación ilícita y defraudación al Estado para beneficiar con la obra pública de Santa Cruz al súbito terrateniente, Lázaro Báez.

Durante la conferencia de prensa, Gabriela Cerruti aclaró que sus declaraciones y 27 tuits sobre Alfa, Gran Hermano y el presidente no implicaban que el Gobierno sólo se estuviera dedicando a la frivolidad de un programa de televisión y subrayó un hecho llamativo: aseguró que por primera vez desde el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina crecerá tres años seguidos. Fue uno de varios datos positivos que mostró del desempeño económico.

“Tal vez sea el primer gobierno desde Néstor Kirchner que vamos a tener tres años consecutivos de crecimiento, el año pasado (10,3%), este y el siguiente. Este año vamos a terminar por encima del 4% y el año que viene va a estar por encima del 2%”, aseguró la portavoz.

El director de Invecq Consulting, Matías Surt, puso en duda no sólo la posibilidad de que el año que viene se registre un crecimiento de la economía, sino la base de cálculo que tomó el Gobierno para esa definición de un crecimiento extraordinario. “Fue tan fuerte la caída del 2020 que es bastante lógico mostrar recuperación en los siguientes períodos, pero no es crecimiento porque no se superó el máximo de finales de 2017 y, si la comparación es en PBI per cápita estamos lejos del máximo de 2011″.

“No es seguro que el 2023 sea de crecimiento. El Gobierno lo proyecta en el Presupuesto, pero la macroeconomía continúa con desequilibrios importantes sin solución y eso puede generar una disrupción económica en cualquier momento. Simultáneamente, las proyecciones climáticas dan cuenta de que el agro va a pasar un mal año en 2023 así que ya hay un sector clave que puede jugar en contra”, agregó.

Lo cierto es que, mientras el presidente y Cerruti destacaban como tema de Estado los 15 segundos de conversación de Walter Santiago, las paritarias de Camioneros, de los colectiveros de la UTA y de Sanidad siguen trabadas en el Ministerio de Trabajo. Allí, Kelly Olmos busca evitar que las negociaciones se salgan de control y moderar las pretensiones con porcentajes que pueden meterle a la economía más presión inflacionaria.

La definición de que un 131% de aumento que exige Moyano es “insolidaria” con el resto de los trabajadores sindicalizados fue respaldada por el pleno del gobierno. Es que mientras los choferes con su esquema de presión logran suculentas recomposiciones, otros gremios menos poderosos terminan cerrando pautas que incluso llegan a la mitad de ese porcentaje.

El economista Surt explicó: “Argentina no está atravesando por un crisis de desempleo, como han sido otros episodios, sino que hay un deterioro de la calidad y productividad del empleo. El empleo asalariado registrado sigue en niveles inferiores a los de 2017 y todo el empleo que se crea es independiente (gris) o directamente informal”.

“Eso en parte explica que los ingresos promedio de la población estén casi 25% por debajo de lo que eran a finales de 2017 o principios de 2018, mientras que los salarios registrados están cayendo entre 13% o un 15% en el mismo período”, detalló el director de Invecq Consulting.

Inflación, poder adquisitivo y empleo. Tres de los desafíos que están ahí, aunque el Gobierno mire Gran Hermano.

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