El oficialismo logró avanzar este jueves con un dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2023. El Frente de Todos aceptó varias modificaciones reclamadas por la oposición, como un aumento a los subsidios del transporte de pasajero del interior y una “cláusula gatillo” que obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso una ampliación del plan de gastos y recursos si la inflación supera la proyección y el Estado termina recaudando más de lo previsto. También se incluyó, a pedido del oficialismo, un artículo para que todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.
Los diputados de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y señalaron que seguirán analizando los últimos artículos agregados. Sin embargo, varios opositores reconocieron ante Infobae que probablemente votarán favorablemente en el recinto por dos razones: primero porque las pautas macroeconómicas son más “realistas” (60% inflación y 2% de crecimiento económico) y porque el oficialismo aceptó varias modificaciones; en segundo término, porque consideran que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo le da total discrecionalidad al Gobierno para reconducir los gastos por decreto. “En un año electoral sería algo muy complejo, ya lo vivimos este año”, señalaron desde el radicalismo.
La actualización del Presupuesto si la inflación supera lo proyectado fue uno de los principales reclamos de Juntos por el Cambio. Finalmente, el artículo incorporado estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual establecida o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”.
Por otro lado, a pedido de diputados de varias provincias y por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios de transportes de pasajeros del interior de $66 mil millones a $85 mil millones. Además, el articulado fue rectificado para aclarar que esa cifra será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”. También se creará el Consejo Federal para la Administración de Subsidios para el Transporte de Pasajeros, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.
Varias provincias también plantearon reparos ante el artículo 90, que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son co-responsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables.
Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto, también anunció que se creará un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.
Respecto a la educación, el oficialismo aceptó la propuesta del bloque Evolución Radical para incorporar el “inciso J” del artículo 85 de la Ley del Impuesto las Ganancias para el ejercicio fiscal 2023, que permitirá la deducción de hasta un 40 por ciento en los gastos educativos.
Desde la bancada del Frente de Todos también se reclamaron aumentos de partidas. Por ejemplo, las partidas para las Becas Progresar y de ayuda alimentaria. El sanjuanino José Luis Gioja, pidió un aumento en el Fondo Nacional de Incentivo Docente “para que las provincias no pasen los sofocones que normalmente pasan cuando comienzan las clases”.
“Necesitamos que se incorpore un financiamiento al Fondo de Integración Socio Urbana a partir de transferencias del Tesoro, porque este año estuvo financiado por el impuesto a las grandes fortunas”, dijo Itaí Hagman.
Antes de la firma del dictamen, Heller anunció los aumentos de las partidas: Políticas Alimentarias, se incrementarán $101.890 millones; Asignaciones familiares, $90 mil millones; Becas Progresar, $59 mil millones (el rubro queda en $200 mil millones); Fondo de Incentivo Docente aumenta $31 mil millones ($156 mil millones en total); Integración socio urbana sube en $19 mil millones ($27 mil millones en total); Comedores escolares aumenta $12 mil millones; e Infraestructura y equipamiento en Educación, sube $4 mil millones.
Por otro lado, Juntos por el Cambio se mostró muy firme en su rechazo del artículo 96, que faculta al Gobierno a modificar las alícuotas de retenciones a las exportaciones. “No estamos dispuestos a convalidar la suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo así como está escrito”, advirtió Ricardo Buryaile, presidente de la comisión de Agricultura. No obstante, el oficialismo optó por mantener la redacción original.
“Agradecemos la voluntad de haber incorporado muchas de las cuestiones que fueron planteadas durante estos días de discusión y felicitamos la iniciativa de Casaretto y de parte del bloque respecto de la eliminación de privilegios en determinados poderes del Estado. Debemos revisar artículos impositivos para poder analizar y avanzar en el trámite siguiente”, dijo la diputada de Evolución Danya Tavela.
“No seamos pijoteros entre nosotros”, reprochó Germán Martínez, jefe de la bancada oficialista, al ver que más allá de los cambios aceptados a propuesta de la oposición el dictamen no pudo salir con ninguna firma de la UCR, CC, PRO o Evolución.
Impuesto a las Ganancias para los jueces
A instancias del oficialismo, también se incluyó un artículo para que todos los jueces, funcionarios y jubilados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias.
“Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, planteó el diputado Marcelo Casaretto.
Según detallaron, el costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces es de $237.850 millones para 2023. “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, coincidió el diputado Itaí Hagman del Frente Patria Grande.
La propuesta fue bien recibida por los bloques de la UCR, Evolución y el PRO. “Apoyamos absolutamente la propuesta que hizo el diputado Casaretto, creo que habría que instrumentarlo con todos los resguardos para que se pueda hacer, ya hubo muchos intentos y después se retrocede”, afirmó Lisandro Nieri, de la UCR.
“En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirá dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento”, dice el artículo incluído en el dictamen.
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