Las reuniones entre representantes del Frente de Todos y la oposición para negociar cambios en el Presupuesto 2023 se repitieron entre la tarde de ayer y esta mañana. En principio, la oposición reclama varias modificaciones para poder acompañar el proyecto cuando se vote en general para luego rechazar algunos artículos en particular.
Juntos por el Cambio ya hizo sus planteos y ahora se mantiene expectante. “Nos enteraremos qué modificaciones aceptaron mañana a las 10 cuando veamos el borrador del dictamen”, reconoció un diputado del radicalismo.
Si bien gran parte de la oposición reconoce que las variables macroeconómicas del Presupuesto son más “realistas”, insiste con que no hay nada en el proyecto que permita pensar que lograrán bajar la inflación 40 puntos como está previsto.
Parte del radicalismo y del PRO se inclina por aprobar la norma más allá de todas las críticas, ya que consideran que al menos fijará una hoja de ruta de los gastos para poder “ejercer un control”.
“Para el oficialismo lo mejor sería echarle la culpa a la oposición de no tener Presupuesto y después quedarse con la lapicera para reacomodar el gasto a discreción. Además, se pueden victimizar. Es lo que hizo Máximo Kirchner el año pasado”, señalaron a Infobae.
Uno de los puntos que reclaman es la incorporación de una suerte de “cláusula gatillo” que obligue al Poder Ejecutivo a enviar una ampliación del Presupuesto al Congreso si los recursos fiscales obtenidos a través de la recaudación llegan al tope previsto. No podrá hacerlo por Decreto, como ocurrió en el pasado.
“Habría buena predisposición sobre este punto”, adelantaron ante la consulta de Infobae. Pero todavía no se negociaron los detalles del artículo. Algunos diputados advirtieron que si la ampliación del Presupuesto llega al Congreso en diciembre, al término del año, “es lo mismo que nada”. Por eso proponen que la revisión sea en junio.
Juntos por el Cambio también pide mayores fondos para las Universidades nacionales y la modificación del artículo 96, que faculta al Gobierno a modificar las alícuotas de retenciones a las exportaciones. “No estamos dispuestos a convalidar la suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo así como está escrito”, advirtió Ricardo Buryaile, presidente de la comisión de Agricultura.
El artículo 90, que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables, también genera conflicto. Aunque Massa parece haber acercado posiciones sobre ese punto en la reunión que mantuvo con gobernadores.
“Avanzamos en un programa de solución estructural para las deudas de empresas energéticas con la firma Cammesa mediante un programa de amortización específica”, publicó el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
Finalmente, desde Juntos por el Cambio propusieron que el blanqueo incluido en el Presupuesto (para la construcción y la compra de inmuebles usados) se trate en una ley aparte.
Por su parte, el oficialismo también propuso nuevas modificaciones, como la suba de impuestos internos en Tierra del Fuego, un aumento de las multas que aplica Defensa del Consumidor y la prohibición de desalojos a la economía familiar.
También se discutió sobre un artículo para federalizar el gasto público a partir de la “descentralización de los procesos de contratación” de obras, bienes y servicios, priorizando a las personas y empresas radicadas en cada jurisdicción; y sobre un plan para la regularización de deudas tributarias y previsionales vencidas para CABA, provincias y municipios.
Estas propuestas, aclararon, aún no fueron evaluadas por el interbloque de Juntos por el Cambio.
A su vez, diferentes sectores dentro del Frente de Todos también empujan por aumentar, principalmente, el gasto social. Los legisladores que responden a las organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie o la Corriente Clasista y Combativa coinciden en que Massa debería aumentar las partidas del Fondo de Agricultura Familiar, del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y del plan Potenciar Trabajo.
Por su parte, los tres diputados del Frente Patria Grande, referenciado en Juan Grabois, presionan por una mejora en las partidas presupuestarias destinadas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y en otras asignación sociales en sentido amplio (como salud y educación) que quedaron por debajo de la proyección de inflación. El objetivo es que al menos se ajuste a la meta de 60 por ciento anual.
Según pudo saber Infobae, si el oficialismo logra firmar un dictamen de mayoría este jueves, buscará adelantar un par de días la sesión prevista para la semana que viene: el debate en el recinto se desarrollará este martes y durará cerca de 20 horas. Todavía no se descarta la posibilidad de dividir la sesión en dos como propuso el radical Julio Cobos.
Los subsidios al transporte público del interior calientan la negociación
En plenas negociaciones sobre la letra chica del proyecto de Presupuesto 2023, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la primera modificación importante del plan de gastos y recursos: aumentará la partida destinada a los subsidios al transporte público de pasajeros en el interior del país, que pasará de $66 mil millones a $85 mil millones.
Desde el Ministerio de Economía aclararon que se trata de una “reasignación de partidas prevista en el proyecto” y por lo tanto el aumento de recursos no implica un incremento del gasto público. “El resultado es neutro”, explicaron a Infobae.
Si bien el aumento es significativo, desde la oposición aseguraron que “es insuficiente” y ni siquiera cubre la proyección de inflación oficial. Por eso reclaman que la partida del año que viene llegue por lo menos a $110 mil millones. Incluso dejaron trascender que la falta de respuesta del Gobierno podría influir en su apoyo al Presupuesto en su conjunto.
Ante la consulta de Infobae, desde la bancada oficialista descartaron la posibilidad de que el Ministerio de Economía pueda aumentar la partida de los subsidios hasta $110 mil millones. También resaltaron que dos gobernadores de Juntos por el Cambio (Gerardo Morales, de Jujuy, y Gustavo Valdés, de Corrientes) participaron de la cumbre de Massa con los gobernadores del Norte Grande y firmaron el acuerdo por $85.000.
Pero el conflicto es más profundo. Hoy diputados de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal reclamaron a la Comisión de Presupuesto que se trate el aumento de $13.500 millones para los subsidios de este año, cuya cifra final había sido acordada en $59.500 millones. Luego de la reunión convocaron a una conferencia de prensa junto a los intendentes Martín llaryora (Córdoba), Pablo Javkin (Rosario) y Emilio Jatón (Santa Fe) para apoyar el reclamo de más fondos, de cara al conflicto salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que confirmó un paro de 72 horas desde el próximo martes.
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