El oficialismo se encamina a dictaminar el Presupuesto 2023: las modificaciones que negocia con Juntos por el Cambio

Oficialismo y oposición acordaron esta tarde en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados pasar a un cuarto intermedio hasta el próximos jueves, cuando se dictaminará el proyecto de gastos y recursos del 2023. La reunión prevista para mañana quedó suspendida para que los diputados tengan más tiempo de proponer modificaciones concretas al texto enviado por el Poder Ejecutivo. Serán horas de duras negociaciones con la bancada oficialista y con las autoridades del Ministerio de Economía.

Tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio consideran que la “ley de leyes” será aprobada sin mayores complicaciones. Principalmente porque la mayoría de los bloques considera que las variables macroeconómicas previstas por el equipo de Sergio Massa (60% de inflación y crecimiento de 2%) son “realistas”, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado cuando Martín Guzmán estimó la inflación en 33% y terminó siendo más del doble.

Sin embargo, desde Juntos por el Cambio advirtieron que el apoyo no está garantizado y que esperan que el oficialismo modifique al menos los artículos que generan mayores controversias.

Uno de ellos es artículo 96, que faculta al Gobierno a modificar las alícuotas de retenciones a las exportaciones, una facultad que había quedado en duda el año pasado tras el fracaso del tratamiento de ese proyecto legislativo. El texto señala: “Sustitúyese el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, por el siguiente: ‘El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2023′″.

Ricardo Buryaile, de la UCR, señaló que la cuestión “hoy está en litigio y hay algunos fallos respecto a la constitucionalidad o no del cobro de retenciones por la caída de las facultades delegadas del año pasado”. Y agregó: “Mi vocación es que se pueda abordar de forma seria y razonable este punto, tanto desde lo económico como lo legal. No estamos dispuestos a convalidar la suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo así como está escrito”. Desde el PRO y la Coalición Cívica también advirtieron que no acompañarán un artículo que permita al Gobierno aumentar la presión impositiva sobre el campo.

Los subsidios al transporte serán punto de conflicto. El Presupuesto proyecta una inversión de $66 mil millones mientras que las provincias reclaman al menos $110 mil millones para empatar la pauta inflacionaria. Además de Juntos por el Cambio, los diputados de Córdoba y Santa Fe del Interbloque Federal comparten la preocupación.

Jorge Rizzotti, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara baja, aseguró que “es imposible pensar que podemos llegar a fin de año sin el incremento del subsidio en el interior”.

“A septiembre de este año se devengaron subsidios al AMBA por $204.787 millones, mientras que al interior se le asignaron $28.150 millones. El 88% al AMBA, el 12% al interior. Obviamente justifica la situación de crisis que tiene hoy el transporte en el interior”, dijo el radical. Rizzotti adelantó que mañana la Comisión de Transporte de Diputados recibirá a los ministros y secretarios de Transporte del interior para escuchar las necesidades del interior.

Parte de la oposición, también rechaza el artículo 90 que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. Sin embargo, el consenso no es completo dentro de la oposición, ya que parte del PRO reconocer que actualmente Cammesa no tiene más opción para cobrar sus deudas que cortar el suministro eléctrico, lo que termina perjudicando a los vecinos por una mala administración de los gobiernos provinciales.

Desde Juntos por el Cambio dejaron en claro que también insistirán en la incorporación de una suerte de “cláusula gatillo” que obligue al Poder Ejecutivo a enviar una ampliación del Presupuesto si los recursos fiscales obtenidos a través de la recaudación llegan al tope previsto.

Con este agregado esperan que si la recaudación termina siendo mayor debido al efecto de la inflación, los fondos “extra” no puedan ser reasignados con absoluta discrecionalidad por un simple decreto de la Jefatura de Gabinete. Así buscan cortar la práctica instalada de subestimar la inflación para luego disponer de fondos “libres” que serán gastados sin pasar por el Congreso, especialmente en un año electoral como 2023.

El diputado Martín Tetaz, en sintonía con un planteo que el PRO hizo la semana pasada, pidió incluir alguna cláusula que evite un “Plan Bomba”. “Es algo que ya ocurrió en 2015, cuando se adelantan ingresos del año siguiente y se dispone de los mismos. Queremos que se prohíba devengar gastos que nos corresponda pagar a nosotros en 2024″, dijo.

Por último, desde Juntos por el Cambio propusieron que el blanqueo incluído en el Presupuesto se trate en una ley aparte. “Debe cumplirse la técnica presupuestaria y los blanqueos tienen que ser extraídos del Presupuesto 2023 y contar con una ley independiente para poder ser estudiados”, dijo la diputada del PRO, Germana Figueroa Casas.

Sectores del Frente de Todos reclaman mayor gasto social

Sin embargo, los diputados opositores no son los únicos que reclaman modificaciones en las partidas. Diferentes sectores dentro del Frente de Todos también empujan por aumentar, principalmente, el gasto social.

Los legisladores que responden a las organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie o la Corriente Clasista y Combativa coinciden en que Massa debería aumentar las partidas del Fondo de Agricultura Familiar, del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y del plan Potenciar Trabajo.

Por su parte, los tres diputados del Frente Patria Grande, referenciado en Juan Grabois, se mostraron satisfechos con el reciente anuncio del bono de $45 mil para sectores vulnerables. No obstante, desde la bancada que conduce Itai Hagman explicaron que también esperan una mejora en las partidas presupuestarias destinadas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y en otras asignación sociales en sentido amplio (como salud y educación) que quedaron por debajo de la proyección de inflación. El objetivo es que al menos se ajuste a la meta de 60 por ciento anual.

La intención del oficialismo es poder aprobar esta iniciativa en las sesiones que se celebrarán entre el 25 y 26 de octubre, aunque aún falta definir si el FDT acepta dividir el tratamiento en dos días como pide Juntos por el Cambio.

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