Los abogados de todo el país elegirán el martes a sus cuatro representantes para el Conejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y la acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial. Se presentan tres listas: Lista 1. “Nueva Abogacía Federal” con María Fernanda Vázquez como primera candidata e Ignacio Segura en segundo lugar; Lista 2. “Compromiso con la Constitución” con Héctor Recalde en primer lugar y Adriana Coliqueo; y la Lista 3. “Abogacía por la Independencia judicial” con Miguel Piedecasas como primer candidato y Jimena de la Torre en segundo lugar.
La última lista tiene una particularidad. El mandato es de cuatro años y hubo un acuerdo político para que los primeros dos sean para Piedecasas y los dos últimos para su suplente, Alberto Maques.
Infobae convocó a los candidatos que encabezan las listas y a Maques a responder un cuestionario común para que se conozcan sus propuestas y sus ideas en caso de acceder al Consejo. A continuación las respuestas de quienes contestaron al cierre de esta nota.
¿Cuáles son los proyectos que buscará implementar para los abogados en caso de llegar al Consejo de la Magistratura?
Vázquez: Nuestro espacio, Nueva Abogacía Federal, ofrece una plataforma con un gran número de propuestas. Es central por un lado trabajar en modificar el sistema de selección de jueces, para eso nosotros ya empezamos a trabajar en este punto, con un proyecto presentado en el mes de julio. El objetivo es que el proceso de los concursos se realicen en el menor tiempo posible y además nos permita elegir a los y las profesionales más idóneos con una evaluación más exhaustiva y transparente. Por otro lado, resulta esencial fortalecer los mecanismos de control de la actividad judicial.
En lo particular, proponemos crear un observatorio destinado al cumplimiento de las leyes arancelarias frente a una inquietante tendencia a las regulaciones por debajo de los mínimos regulados. También la necesidad de que los Colegios Profesionales puedan tener una opinión vinculante en los casos de las denuncias a magistrados y magistradas. También poder contar con la matrícula federal digital para agilizar el ejercicio y la interacción entre profesionales de distintas provincias. Hay que transformar el sistema informático lex 100 porque hay una enorme demanda de mejora de las herramientas tecnológicas. Creo fundamental, también, fortalecer las acciones para las políticas de paridad y perspectiva de género en el poder judicial. Finalmente considero que es sustancial elevar los estándares de la justicia argentina para generar una mayor calidad institucional en la búsqueda de una justicia independiente, eficiente y cercana.
Piedecasas: En primer lugar tenemos que activar los procesos de selección de manera tal que se logre la celeridad, eficacia y transparencia necesaria en la elevación de ternas para cubrir la enorme cantidad de vacantes que tiene el Poder Judicial. También queremos incorporar todas las herramientas tecnológicas que sean necesarias para modernizar el sistema informático del Poder Judicial, en particular implementar la inteligencia artificial para acortar los tiempos de los procesos judiciales, darle previsibilidad al procedimiento y transparencia a través de su trazabilidad. Propondremos el establecimiento de sistemas de control de gestión en relación al funcionamiento de juzgados y tribunales con el objetivo de tener bases estadísticas adecuadas y asimismo lograr erradicar la duración irrazonable de los procesos judiciales. Profundizaremos la formación y capacitación de las personas aspirantes a la magistratura y aquellas que se encuentren en desempeño de ella, en la búsqueda de mayor calidad de las resoluciones y procedimientos judiciales. Profundizaremos las auditorías en materia de corrupción y narcotráfico a través de nuevas etapas con la finalidad de establecer las causas de la ineficacia del sistema de justicia para luchar contra estos flagelos. Reclamaremos la inmediata implementación del nuevo Código Procesal penal Federal en todo el país, con la correspondiente asignación de recursos y capacitación necesaria para que el mismo funcione adecuadamente.
Maques: Equiparar los requisitos que otorgan puntaje para los concursos de Magistrados, haciendo valer la antigüedad en el ejercicio efectivo de la profesión. Hoy los concursantes que trabajan en la jurisdicción automáticamente acumulan mayor puntaje y eso es una ventaja ilógica. Impulsar medidas tendientes a quitar carga tributaria al ejercicio de la abogacía. Y lograr la viabilidad de que los abogados que quieran y puedan se adhieran a la Obra Social del Poder Judicial.
¿Cuál cree que hoy es el mayor déficit del Consejo de la Magistratura?
Vázquez: El mayor déficit hoy por hoy en el Consejo está en la falta de diálogo e intercambio que posibilite arribar a los acuerdos necesarios para cumplir con las funciones y responsabilidades. La demora en la cobertura de los cargos vacantes conspira con la profunda necesidad de contar con un sistema de justicia que actúe con celeridad y eficiencia. Son constantes las críticas y reclamos de la abogacía en torno a la demora en los procesos judiciales, y algunos de estos retrasos se explican en la falta de jueces a cargo de los juzgados para resolver expeditivamente las causas.
Piedecasas: El mayor déficit del Consejo se encuentra en el bajo rendimiento en la elevación de las ternas, lo que profundiza la problemática de las vacantes en el Poder Judicial y afecta la normal prestación del servicio de justicia. También es cierto que en esta materia hay responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Senado, ya que hay una importante cantidad de pliegos que se encuentran en ese ámbito. En paralelo se le debe otorgar mayor celeridad a los expedientes donde se analiza la conducta y el desempeño de jueces y juezas, para despejar toda duda o sospecha que pueda afectar la credibilidad de los mismos. El CMN debe dar respuesta a los problemas de infraestructura edilicia que existe en todo el país en el ámbito de la justicia y también lo relacionado con un mejor funcionamiento del sistema informático, tanto en lo referido a su accesibilidad, ductilidad, como a su seguridad. Debe incorporar las herramientas que sean necesarios para lograr una administración eficiente de los recursos económicos financieros y aumentar los niveles de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía e incluso pensar en auditorías externas a través de la Auditoría General de la Nación, para lograr la mayor transparencia posible en esta gestión de recursos.
Maques: Sin duda alguna la demora malintencionada en la realización de concursos y elevación de ternas de juzgados vacantes, no puede ser que en 2017/2018 se elevaran 309 ternas y en la actualidad no llegan a 50. Eso para hacer abuso de la subrogancias en beneficio del poder político gobernante.
Usted va por una lista que se presenta en el medio de la del oficialismo y de la oposición, más allá que en este último sector señalan que forma parte del oficialismo. ¿En caso de llegar al Consejo formará parte de alguno de los bloques que hoy hay en el organismo?
Vázquez: Nuestro espacio, a diferencia de otros, se posiciona exclusivamente como un espacio que representa a los abogados y a las abogadas litigantes, de todos los días. Porque conocemos las dificultades y tenemos la decisión y fortaleza para abordar proyectos y desplegar acciones tendientes a tratar las soluciones a esas cuestiones. Es importante señalar que las ideologías partidarias se han inmiscuido y penetrado en el único poder estatal con capacidad de abstraerse de consideraciones subjetivas, para convertirse así en un espacio atravesado por la mentada grieta, que lesiona en forma directa a nuestra profesión. Obstaculizando la sinergía que debe haber en el Consejo por eso es que planteamos que desde la abogacía se defiendan los intereses de la abogacía. Que los consejeros y consejeras del estamento sean fieles representantes de los abogados y abogadas. Esto parece difícil pero cuando se analiza a los candidatos y candidatas se ve una clara filiación política partidaria, han hecho campaña en los locales partidarios y han convocado a votar conjuntamente a los principales líderes de algunos partidos. Me pregunto si el día que hay que tomar decisiones van a hacer lo mejor para la abogacía o para lo que su partido político le pide.
Usted va por una lista que tiene el apoyo político de Juntos por el Cambio. ¿En caso de llegar al Consejo formará parte del bloque de la oposición que hoy hay en el organismo?
Piedecasas: En el supuesto de que arribemos al Consejo, la expectativa es que consideremos la perspectiva de la abogacía toda en relación a la problemática y necesidades de la justicia. También aspiro, junto a mis compañeras y compañeros de lista, a ser los intérpretes de los reclamos que la sociedad tiene respecto del servicio de justicia. En este sentido queda claro que somos un espacio que estará enfrente de la política judicial que este gobierno tiene respecto de la justicia y por ello rechazamos los proyectos de ampliación de la Corte; de modificación del Consejo de la magistratura (para sacar al presidente de la Corte del mismo); nos oponemos a toda manifestación de justicia “militante” (en el sentido de representar intereses partidarios o de atacar a la Corte desde adentro del propio poder judicial, como ha sucedido). Igualmente haremos práctica de la postura de tolerancia, pluralismo, diálogo y búsqueda de consensos básicos que posibiliten el normal funcionamiento del órgano, cómo lo pusimos de manifiesto en nuestra anterior etapa en el Consejo de la Magistratura. Representamos el modelo de justicia opuesto al que pretende el oficialismo gobernante.
Maques: Eso sin duda alguna hay que romper con el esquema oficialista que pretende que el Consejo sea una escribanía del Ejecutivo.
Sobre el Consejo de la Magistratura hay una discusión respecto a la cantidad de miembros que debe tener, la presencia de la Corte Suprema de Justicia en el organismo y si hay o no una sobrerrepresentación de los estamentos políticos. ¿Cuál es su opinión?
Vázquez: Va en línea con la anterior respuesta y también con lo que comentaba al principio. En esta elección, nosotros construimos un espacio que empieza y termina en la abogacía, independientemente de los intereses de los grandes partidos. En los últimos tiempos resolver las legítimas demandas y necesidades de la abogacía fue dejado de lado para atender las discusiones y disputas de la política. La abogacía litigante cada día que pasa piensa en sus problemáticas del día a día antes que abstraerse y pensar en discusiones que le quedan lejísimos de su ejercicio. Les preocupan las vacantes, la demora en los procesos, la falta de seguimiento en las causas disciplinarias de la magistratura, no contar con igualdad de oportunidades frente a quienes vienen del Poder Judicial para los concursos y acceder a cargos judiciales, el sistema que no funciona, estos son algunos de los temas que surgen inevitablemente en cada conversación.
Piedecasas: Entiendo que la conformación de 20 miembros, con la presidencia de la Corte y la representación de las segundas minorías legislativas, es la más adecuada a la letra constitucional que establece el principio rector del “equilibrio” entre ambas manifestaciones estamentarias (políticas y no políticas). Es absolutamente lógico y fundado que siendo el Consejo de la Magistratura el órgano de “autogobierno del poder judicial”, la Corte como cabeza del mismo lo integre y participe del diseño de las políticas de estado que se establezcan en el ámbito del Poder Judicial. En relación al estamento político (9 miembros, entre diputados/as, senadores/as y representante del PEN), es atinado, ya que los estamentos no políticos (abogacía; academia y magistratura) son 10, y el Presidente de la Corte, que completa los 20 miembros y representa una conformación que en abstracto no permite la imposición de los estamentos políticos sobre los no políticos (el quórum para funcionar es de 12 y las mayorías calificadas si todos/as están presentes sería de 14). Hacia el interior del estamento de senadores/as y diputados/as, se logra un equilibrio “intrínseco” ya que la mayoría tiene 2 y2 y las primeras y segundas minorías tienen el mismo número (siempre y cuando no se burle la ley y la mayoría se convierta a la vez en segunda minoría cómo ocurrió con la representación del Senado). También debemos oponernos a la “migración” de referentes políticos para ocupar cargos que son de la abogacía o de la academia.
Maques: Resulta mas que claro que cinco miembros es un numero adecuado, solo falta que se designe para el cargo vacante una mujer con reconocida trayectoria jurídica, y respetada por la sociedad. Es un mamarracho disparatado proponer una corte de 25 miembros. En igual sentido el número actual de miembros y representación en el Consejo de la Magistratura es el adecuado, así como resulta muy lógico y positivo que sea presidido por el Presidente de la Corte Suprema. Y si tuviera que excluir algún representante sin duda seria el del Poder Ejecutivo.
El 2023 será un año de elecciones presidenciales. ¿Cómo imagina el trabajo del Consejo de la Magistratura y cómo se puede lograr para que su funcionamiento no se trabe en períodos electorales como suele ocurrir?
Vázquez: El funcionamiento del Consejo con su próxima composición tiene que encomendarse al cumplimiento de sus tareas fundamentales. Una vez más, la búsqueda de consensos y así poder plasmar esos acuerdos a través de la rápida cobertura de vacantes, de mejorar y transparentar el proceso de selección de magistrados y magistradas, de llevar adelante los reclamos de la abogacía independiente y profesional, los cuales me parecen centrales. Creo que debemos salir de las discusiones coyunturales y dar paso a la transformación, es necesario poder contar con un poder judicial moderno, eficiente e inclusivo.
Piedecasas: El año próximo (electoral) implicará un enorme desafío para la gestión del Consejo de la Magistratura. Entiendo que en este sentido, los estamentos no políticos deberemos poner todo nuestro trabajo y esfuerzo en sustentar la labor del órgano y propiciar que el funcionamiento no se vea resentido por las campañas electorales en las que estarán involucrados los/las representantes del estamento político; quienes a su vez deberán cumplir con el compromiso asumido al integrar el Consejo, ya que de ninguna manera se puede seguir comprometiendo la normal prestación del servicio de justicia por falta de decisiones en relación a la elevación de ternas, infraestructura, sistema informático; acusaciones; que son temas que requieren de una inmediata atención y resolución. El esfuerzo deberá ser mayor y allí aparecen los compromisos institucionales y constitucionales con las decisiones que se deben adoptar para garantizar el normal funcionamiento del órgano y la adecuada prestación del servicio de justicia. La base es cultura del trabajo, cumplimiento de los deberes, cargas y responsabilidades asumidas, diálogo, consensos y gestión eficiente.
Maques: El funcionamiento sin que afecte el año electoral, propondría lo que hicimos desde mi presidencia (desde hace 4 años,) en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Se apela al dialogo y la discusión respetuosa no prepotente, si algún consejero pretende trabarlo o interrumpir el funcionamiento, habrá que denunciarlo públicamente a través de los mecanismos reglamentariamente establecidos y darlo a difusión ante los medios. Debe retomarse el espíritu republicano, representativo y federal. Se debe tener en claro que estamos al servicio de la gente y no de ningún poder en particular, reitero esto lo logramos en la ciudad de Buenos Aires.
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