Concursos públicos y la Corte Suprema: la mirada de los jueces que se postulan para el Consejo de la Magistratura

Quienes este martes también irán a elecciones para el Consejo de la Magistratura de la Nación son los jueces. Por los magistrados se presentan tres listas. La Lista Bordó con Diego Barroetaveña como primer candidato y Agustina Díaz Cordero como segunda; la Lista Celeste con Alberto Lugones en primer lugar y Pilar Rebaudi Basavilbaso en segundo; y Compromiso Judicial con Eduardo Machín al frente de la lista y Alejandra Provítola como segunda.

Son 751 los magistrados habilitados a votar en todo el país para designar a sus cuatro representantes en el Consejo. Infobae los consultó con un cuestionario en común sobre sus propuestas, el siempre tema central para los magistrados como los concursos públicos y las vacantes y el rol de la Corte Suprema de Justicia al frente del Consejo, entre otros temas.

¿Cuáles son los proyectos que buscará implementar para los jueces en caso de llegar al Consejo de la Magistratura?

Barroetaveña: Por la lista Bordó encabezo la boleta con la jueza civil Agustina Díaz Cordero -actual consejera-, con quien integraríamos el Consejo en caso de ganar las elecciones del martes 18. Entiendo que resulta fundamental atender las propuestas de cada espacio pero comprender también que en esta elección se discuten dos visiones sobre la función judicial dentro de las instituciones democráticas. A modo de ejemplo, recordamos que recientemente se organizaron marchas para solicitar la renuncia de todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho que implicó procurar alterar la institucionalidad y fue nuestro espacio el único de los tres que rechazó esa convocatoria por entender que aquellos actos, por su forma y contenido, socavaban el Estado de Derecho. El histórico espacio con el que competimos los consideró expresiones populares democráticas y el tercero se mantuvo en silencio. En estas cuestiones, centrales, es donde entiendo se juega la institucionalidad. Estamos por un Consejo de la Magistratura más judicial y técnico. Hace tiempo venimos trabajando en una serie de propuestas, algunas de las cuales ya se están implementando, relacionadas con una gestión eficaz de los recursos del Poder Judicial que, salvo excepciones, ha sido deficiente. En ese sentido la jueza Agustina Diaz Cordero, junto a un equipo de trabajo, ha diseñado hace cinco meses un renovado plan de gestión que puso en acción en tiempo récord y que, junto a ella, deseo continuar. En otro orden de ideas, tenemos propuestas vinculadas con la transparencia en los concursos y en materia disciplinaria hemos elaborado propuestas tendentes a visibilizar a los denunciantes recurrentes o “seriales”. No queremos jueces corruptos impunes, pero tampoco honestos maliciosamente enjuiciados. Todas nuestras propuestas pueden ser analizadas en la página que diseñamos especialmente al efecto: elecciones2022.lalistabordo.com.ar/

Lugones: Los proyectos que tengo en vista en caso de ser elegido consejero tienen que ver con el objetivo de garantizar a los magistrados, su absoluta tranquilidad en cuánto hace al dictado de decisiones jurisdiccionales. Esto es que no sean perseguidos por el contenido de sus sentencias. Lamentablemente este último tiempo, empieza a ser común que los consejeros que no pertenecen al poder judicial, parecen estar empecinados con ellos y no veo en los consejeros jueces, la suficiente convicción, para evitarlo. Disponer asimismo y esto es más para el ejercicio de la función como consejero, una fórmula para que los consejeros estén obligados a aprobar las ternas, -especialmente para los consejeros magistrados-, para cubrir las vacantes existentes en el Poder Judicial. Avanzar en un proyecto que garantice que aquellos magistrados nombrados a partir del año 2017, dejen de padecer una situación en la cual no logran tener precisión de cuantos son sus efectivos ingresos y que los descuentos sean del menor monto posible, porque de hecho ello está afectando la carrera judicial. Regular la modalidad de trabajo semi presencial, lo que importa implementar, lo que de hecho esta ocurriendo y ha significado un importantísimo avance en respuesta a las necesidades de los litigantes y de la comunidad. Continuar las negociaciones iniciadas en mi presidencia, con la ANSES a efectos de facilitar los trámites, empezando por la no obligación de cesar apenas se presenta el pedido de jubilación y solo a partir del momento en que se comienza a percibir la jubilación. Avanzar en programa de actualización del sistema informático, a través de los equipos técnicos de la DGT. Garantizar la adecuada capacitación en las cuestiones que tienen que ver con la Ley Micaela (genero) y Yolanda (medio ambiente), ya que un magistrado bien formado en la temática, tendrá las armas necesarias para dar las respuestas pertinentes en cada caso. Por último, asegurar desde la Administración General, a todos los integrantes del Poder Judicial una respuesta permanente e inmediata, las 24 horas del día, a través de guardias disponibles al efecto.

Machín: Entre los proyectos existentes, destaco a modo ejemplificativo los siguientes: a) impulsar la aplicación de un nuevo protocolo para liquidación del impuesto ganancias, a los efectos de que resulte mas igualitaria atendiendo los rubros que componen la remuneración salarial; b) revalorizar la Justicia Nacional defendiéndola de los proyectos de traspaso, implementando su modernización en nuevas tecnologías, creación de nuevos cargos funcionales- auxiliares letrados- , poniendo en valor la infraestructura edilicia, y solucionando el archivo de los expedientes; c) acercar el Consejo a los Tribunales del interior del país; d) modernizar la red de conectividad, hacer mas amigable el sistema informático, fortaleciendo el área informática incorporando mayor cantidad de programadores acorde con la importancia del área; d) la revisión del funcionamiento del Consejo, que hoy cuenta con aproximadamente 1200 agentes, para lograr ponerlo al servicio de manera eficiente del Poder Judicial de la Nación; e) la defensa de los Magistrados y Magistradas frente a las denuncias abusivas que cotidianamente se realizan, y en particular la situación de exposición que se encuentra el fuero de Familia; f) transparentar y acortar los plazos de duración de los concursos a los fines de cubrir a la brevedad las vacancias existentes; y g) trabajar por la previsibilidad en relación con la Jubilación de los Magistrados y Magistradas.

¿Cuál cree que hoy es el mayor déficit del Consejo de la Magistratura?

Barroetaveña: Observo que el Consejo de la Magistratura parece haber ingresado en un complejo proceso de ensimismamiento, parece haber tomado vida propia y trabaja en muchas ocasiones en pos de su propia subsistencia y crecimiento, desatendiendo las necesidades y realidades de los tribunales de justicia. El Consejo debe entender que su función constitucional es la de coadyuvar a la eficaz prestación del servicio de justicia. Para ello se requieren concursos que finalicen en un acotado tiempo, que sean transparentes, y que su función esté orientada a mejorar el servicio de justicia.

Lugones: El principal problema que ha tenido el Consejo de la Magistratura en ambas integraciones ha sido el relativo a la aprobación de los concursos para remitir al Poder Ejecutivo. Estoy trabajando en un proyecto que garantice ese objetivo central para el funcionamiento del Poder Judicial. Lamentablemente los consejeros en la integración anterior y aún en esta nueva integración no manifestaron ningún interés en avanzar la cobertura de vacantes al negarse a aprobar los concursos, aun aquellos que venían con dictamen por unanimidad en la comisión. Esto debe ser resuelto lo más pronto posible porque la comunidad nos está reclamando respuestas en lo que hace a la mejora del Poder Judicial, cosa que indudablemente ella merece y no se lo está haciendo.

Machín: El Consejo es un órgano, que resulta sobredimensionado, 1200 agentes, frente a los magros resultados que presenta. Como ejemplo, hoy en la práctica solo tiene en ejecución una obra en todo el país, el material informático es obsoleto, y la compra de 3000 nuevas computadoras resulta una gota de agua frente a los 23.000/25.000 agentes judiciales en actividad. Ni que decir de contar en el área informática para la atención con entre 5 y 8 programadores activos. Por lo que resulta imperioso, salir de una gestión espasmódica, para generar un proyecto integral con un plan cierto a corto, mediano y largo plazo.

Respecto de los concursos para magistrados, un tema central en sus votantes, ¿cómo se puede lograr que no haya tanta demora en su trámite y que se logren los acuerdos para que se aprueben en el plenario?

Barroetaveña: Creo que el éxito de un concurso depende de tres cuestiones: En primer lugar, que nunca se convierta en una herramienta de presión o trueque para la satisfacción de los intereses de otro concurso de modo de poder elegir a los/as mejores entre los/as mejores magistrados/as En segundo lugar, que los consejeros y consejeras lleguen con el objetivo de resolver los concursos conforme, exclusivamente, los méritos y cualidades personales y profesionales de los/las postulantes. Por último, es necesario ser generosos al momento de buscar los consensos y acuerdos, tanto por parte de los consejeros como del Poder Ejecutivo. Es muy difícil, por no decir imposible, arribar a soluciones cuando se parte de posiciones extremas, no dispuestas a conceder algo.

Lugones: Una de las propuestas que hice para el período 2022/2026 y, en simultáneo, uno de los compromisos más importantes que asumí y asumo como candidato, es darle total celeridad a los concursos para cubrir las vacantes que restan con juezas y jueces idóneos. Mi idea es que se establezca un mecanismo para que evite -desde todo punto de vista- que los concursos aprobados en la Comisión de Selección sean demorados al pasar a la instancia del plenario, por razones que sean totalmente ajenas al funcionamiento del Consejo. Y, más aún, con relación a aquellos que hayan sido aprobados por todos los integrantes de la Comisión. Actualmente estoy estudiando y trabajando en una eventual modificación del Reglamento de Concursos dentro de la Comisión para ver si resulta posible hacer vinculante la aprobación de las ternas una vez que pase al plenario. Cuanto menos me gustaría hacerla extensiva para las/los Consejeras/os que integran la Comisión y las aprueban, de modo tal que no puedan cambiar sus opiniones en la instancia del pleno por razones que, como dije, vayan más allá de la búsqueda de un buen servicio de justicia. El punto es uno. No podemos obviar lo que dice nuestra Constitución Nacional. No podemos ver al art. 114 de la Constitución como un mero dogma que establece las funciones del Consejo como un organismo constitucional. Los dos primeros incisos son los que nos reclaman a nosotros, las consejeras y los consejeros, la obligación y el deber de garantizar la selección de los postulantes mediante concursos públicos y emitir propuestas en ternas para nombrar a los magistrados que falten. Si pretendemos que nuestras ternas sean vinculantes para los demás poderes, pujando por la celeridad fuera de nuestro organismo, no podemos darnos el gusto de tomarnos todo el tiempo del mundo para buscar consensos que excedan el buen y fiel servicio de justicia. De allí el hecho de que hoy en día me encuentre estudiando el tema para evitar dilaciones y fijar nuestros propios votos para que no se puedan realizar cambios intempestivos.

Machín: En mi opinión en la Comisión de Selección se debe trabajar en la transparencia de su funcionamiento, en particular en cuanto a la conformación y designación de los jurados. Particular atención requiere el tema del resguardo de las claves de los concursos. Y en la fijación de un cronograma de desarrollo que haga posible la conformación de las ternas en un plazo cierto e inamovible. Resulta necesario la convocatoria a Plenarios de manera sistemática para dar el debate para la aprobación de las ternas en tiempos breves.

Usted va por una lista que hoy forma parte del Consejo del bloque opositor al oficialismo Consejo de la Magistratura. ¿En caso de llegar al organismo se va a mantener en ese sector?

Barroetaveña: Yo formo parte de una lista que coincide y otras veces disiente con los representantes del oficialismo según el tema del que se trate y la posición que se asuma frente a él. Lo de “lista opositora” es una calificación que algunos dan muchas veces con intenciones poco claras. Si este gobierno, o cualquiera, idea y ejecuta medidas que respeten y mejoren a la justicia, las acompañaremos y, en ese caso, incluso, también va a estar mal denominarnos “oficialistas”. No somos ni oficialistas ni opositores, somos jueces de la Constitución. Si el poder político colabora con el mejoramiento de la justicia acompañaremos, si la empeora o se muestra indiferente hacia ella nunca encontrará en nosotros un aliado. Lo que digo no revela ningún secreto, ni es una definición política propia, se trata de leer el derecho de arriba para bajo y entender nuestro diseño constitucional.

Machín: Vamos a continuar el camino de Leónidas Moldes y Juan Manuel Culotta. No integramos bloques, sino que representamos a jueces que trabajan de jueces, vamos a trabajar con nuestros proyectos, y acompañaremos proyectos republicanos, que tengan como objetivo consolidar la independencia de las juezas y jueces.

Usted va por una lista que se presenta cercan al oficialismo nacional y de hecho hoy forma parte de ese bloque en el Consejo. ¿En caso de continuar el organismo mantendrá esa postura?

Lugones: La cuestión remanida y tantas veces blandida por ciertos medios, sí formó parte o no del bloque oficialista, está absolutamente desfigurada y poco fundada. Visto de otra forma las posturas que he votado, son las que he sostenido históricamente y voté, en cada caso, no por estar conforme con nadie en especial, sino por ser aquellas que, de acuerdo con mi criterio, era la que mejor reflejaban el interés del poder judicial y de los magistrados. Voy a un caso específico, el tema del traslado, antes de ingresar al Consejo venia planteando que lo que ocurrido era un “carnaval de traslados” sin respetar ningún tipo de reglamento, ni lo que establece la Constitución Nacional ni las leyes, que dispone que los magistrados deben ser seleccionados a través de un concurso público. El gobierno anterior decidió que era más fácil elegir dentro de los ya nombrados y trasladarlo al lugar que más le convenía. Asimismo, fue, en cuanto voté por aplicar una sanción a un magistrado por haber cometido un acto violatorio de los derechos de una funcionaria. Decisión recientemente confirmada por la Corte Suprema. Esto es lo que se vende hacia fuera y lo que utilizan ciertos medios que están enfrentado con el gobierno, tratando de meterme dentro de su pelea, pero nada dicen respecto de los otros jueces que han votado o se han negado a votar ciertas cuestiones, por haber recibido instrucciones directamente de dirigentes de la oposición, en tal sentido. Pero ello no es cuestionable.

Sobre el Consejo de la Magistratura hay una discusión respecto a la cantidad de miembros que debe tener, la presencia de la Corte Suprema de Justicia en el organismo y si hay o no una sobrerepresentación de los estamentos políticos. ¿Cuál es su opinión?

Barroetaveña: En la integración del Consejo probablemente encuentre tantas opiniones como interlocutores se proponga tener. La falta de consensos generales en cuanto a su fisonomía remite a la propia convención constituyente que lo erigió; de allí que no se haya podido establecer su integración en la ley fundamental. La integración actual aparece, al menos en abstracto, más equilibrada en lo que a la relación de fuerza entre estamentos se refiere. Me gustaría observar el desempeño del Consejo de veinte integrantes en su nueva integración general como para darle una opinión seria respecto de las bondades o inconsistencias del diseño actual.

Lugones: La cuestión relativa a cuántos miembros tiene que tener el Consejo de la Magistratura, es un ámbito en el cual yo pueda opinar acabadamente, pero a pesar de mi experiencia, lo vi funcionar bien con 13 y a veces funciono bien con 20 y en este momento eso lamentablemente no está ocurriendo, porque hay gente dentro del propio Consejo que intentan frenar su funcionamiento. Lo mismo ocurre respecto de la cuestión debatida si alguien de la Corte o el presidente la deben integrar, esto es materia propia del poder legislativo y responsabilidad de ellos. A mí me gustaría un Consejo con más magistrados al estilo de lo que ocurre en los consejos de la judicatura de Europa, España, Francia, o Italia, posición que venimos sosteniendo históricamente desde cuando era consejero el Dr. Claudio Kiper. En cuanto a la representación de los órganos políticos, no me parece malo el proyecto que tiene media sanción del Senado que a su vez es muy similar al propuesto en el gobierno anterior y que ahora no se llegó a votar en la Cámara de diputados.

Machín: La presencia de la Corte Suprema en el Consejo, es a mi criterio un gran acierto. En cuanto a la sobrerrepresentación de sectores, que a mi criterio lo hay, no necesariamente debería ser motivo de ineficiencia en el funcionamiento del Consejo. La ineficiencia, es resultado de la falta de un dialogo de buena fe, en las que las partes pueden conversar honestamente y hay posibilidad de cambiar de opiniones como resultado del dialogo.

El 2023 será un año de elecciones presidenciales. ¿Cómo imagina el trabajo del Consejo de la Magistratura y cómo se puede lograr para que se funcionamiento no se trabe en períodos electorales como suele ocurrir?

Barroetaveña: Probablemente debatiendo en el seno del Consejo este fenómeno y compatibilizando una agenda de labor menos intensa en los momentos del final de las campañas, que es el que más exige a los representantes de los órganos emergentes de la voluntad popular y que prevea máximo dinamismo en los otros tiempos. Suponer que un diputado o un senador va a dar prioridad al Consejo de la Magistratura a quince días de una elección presidencial es un tanto ingenuo. El tema, a mi modo de ver, pasa por entender esta realidad y ponerla en diálogo con la necesidad de que el cuerpo cumpla con sus funciones adecuadamente.

Lugones: Qué puede pasar el año que viene, en verdad es imposible de saber, si ya ahora desde octubre del año pasado no se pudo aprobar casi ninguna terna, si no se establecen pautas de convivencia y de funcionamiento del Consejo más allá de los intereses partidarios y con base a eso a trabajar en pos de lograr las mejoras necesarias para el Poder Judicial y de cubrir todas las vacantes posibles. De no ser así, no sé cuál es la razón de ser del Consejo. Espero que los consejeros que sean electos los próximos días vengan con ese convencimiento y con capacidad para sumar y no intenciones de obstruir o intentar obstruir Esto va para los jueces, los abogados, los académicos. Si todos los que vienen tratan de hacer un poder judicial mejor del cual podemos estar todos orgullosos y dar la respuesta que la comunidad merece y necesita en estos tiempos tan difíciles, todo será mucho mas sencillo.

Machín: El funcionamiento en el periodo electoral va a depender mucho de la agenda que piense imprimir en la gestión el Presidente del Consejo. Y de la conformación final, fruto de la renovación en estas elecciones. En caso de ser electo, voy a promover el dialogo entre sectores a los fines de atender las cuestiones cotidianas de gestión que no necesariamente tienen que quedar atrapadas en la dinámica del debate político.

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