La Justicia confirmó los procesamientos de ex funcionarios de la Aduana por la “mafia de los contenedores”

La Cámara en lo Penal Económico confirmó hoy el procesamiento de tres ex funcionarios relevantes de la Aduana durante el período en que Ricardo Echegaray estuvo al frente de la AFIP, en los años del kirchnerismo y en el marco de la causa conocida como la “mafia de los contenedores”.

La organización entre aduaneros y empresarios importadores hacía entrar al país contenedores que tenían en su interior productos que no eran los declarados en la papelería. Los papeles presentados por los importadores eran “leídos” por funcionarios de la Aduana que formaban parte de la maniobra.

Por ejemplo dentro de uno de los contenedores incautados, según lo que se había declarado, se debían hallar 8.150 kilos de artículos de plástico de bajo valor. Pero dentro del contenedor había zapatillas, cargadores, celulares, notebooks, reproductores de DVD, consolas Play Station, herramientas de orfebrería y 7.700 botellas de bebidas alcohólicas. Eso implicaba que se pagaban menos impuestos de importación que los correspondientes. Esas maniobras se hicieron con el visto bueno de funcionarios de la Aduana.

En una de las partes en que se dividió el caso, en 2018, luego de un juicio, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 condenó a 11 de los 12 acusados , entre ellos, a ocho años de prisión al director de la Aduana durante el kirchnerismo, Edgardo Paolucci. Las condenas fueron por los delitos de asociación ilícita y tentativa de contrabando agravado. Las penas más altas –ocho años de prisión– fueron para Paolucci y para l empresario Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda como organizadores de esa asociación ilícita. Los ex funcionarios de Aduana Osvaldo Giacumbo y Mauro Delmastro fueron condenados a una pena de 6 años y 6 meses de prisión y Rodolfo Trebino y Vanesa Calamante una de 6 años. Por el mismo caso Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, recibió una condena de cinco años de prisión.

El caso por el que fueron confirmados los procesamientos está a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky cuyo procesamiento avaló la Cámara.

La Sala de la Cámara que tomó la decisión tuvo una particularidad: fue integrada por dos jueces de la Cámara Federal porteña porque había un solo camarista en condiciones de decidir. Fue por ello que los camaristas federales Mariano Llorens y Eduardo Farah analizaron la decisión de Aguinsky junto al camarista en lo Penal Económico Juan Carlos Bonzón.

El caso tiene dos partes. En una primera resolución Aguinsky había procesado a funcionarios de menor rango de la Aduana que participaron de la maniobra. Aquella resolución había sido confirmada por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico. Pero los imputados recusaron a esa Sala de Penal Económico y pidieron que no resolvieran el segundo procesamiento dictado por Aguinsky. Fue por eso que se creó una Sala ad hoc con jueces de la Cámara Federal debido a las vacantes en al Cámara en lo Penal Económico.

El juez había procesado entre otros a tres de los más altos funcionarios de la Aduana bajo el mandato de Echegaray. Fueron procesados el subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas: Daniel Santanna , el ex director de Aduanas Metropolitanas I, Edgardo Paolucci y el ex director de Aduanas Buenos Aires y Director de Aduanas Metropolitanas II, Eduardo Alfredo Bernardi. Echegaray no está imputado en el caso. Los jueces Bozón, Llorens y Farah confirmaron aquel procesamiento dictado por Aguinsky.

Los camaristas revisaron las apelaciones con los argumentos de las defensas y señalaron que: “Lo que exclusivamente está en juego en este momento y lo único que estamos llamados a decidir es si el caso presentado por el juez de grado en su resolución tiene el grado de probabilidad que el código exige, y por todo lo dicho en estas páginas francamente creemos que sí: las pruebas que hemos visto reunidas en el expediente indican que es altamente probable que los hechos hayan ocurrido como dijo el juez instructor y que es altamente improbable que hayan ocurrido como dicen los imputados”.

Y agregaron: ”Un elemento de juicio importante en apoyo de esa misma conclusión aparece dado, como también señala el juez de instrucción, por el hecho de que de las 532 operaciones consumadas, 473 tramitaron por el ‘canal rojo’ de selectividad, fueron oficializadas por las mismas empresas importadoras ‘pantalla’ que las involucradas en los 39 contenedores que lograron ser detenidos por la autoridad aduanera de prevención, y despachadas a plaza llamativamente sin ningún tipo de observación por parte de los funcionarios que actuaron en la verificación física de la mercadería, sea de un posible contrabando o al menos de algún tipo de infracción aduanera”.

En la confirmación de los más de 45 procesamientos los camaristas dijeron: " Otra conclusión del juez ‘a quo’ que se comparte, (…) es que el éxito que tuvo la maniobra a lo largo del tiempo es lo que habría forjado “su propia trampa”, en la medida en que derivó en un relajamiento natural de los métodos de control, a lo que se sumó una evidente falta de previsión de ciertos avances tecnológicos en la operatoria del transporte internacional, como es el caso de la aparición del documento electrónico denominado ‘BAPLIE’, al que ya se hizo alusión, del que emergen datos objetivos para confronte. Esta interpretación de lo ocurrido es la que explica -en criterio expuesto por el juez que el Tribunal comparte- que cientos de contenedores llenos de mercadería con cifras millonarias en su adquisición en origen y a punto de ser importadas, quedaran ‘olvidadas’ en zona primaria aduanera, sin destinar y en situación de rezago”.

Los camaristas echaron por tierra con los argumentos de los defensores de los verificadores, guardas, valoradores, dos ex directores generales y un ex subdirector general de la Aduana procesados. “Finalmente,—dijeron los jueces— como elemento común a este grupo de funcionarios (verificadores y valoradores aduaneros) se aprecia como improbable la excusa que han ensayado en su mayoría como defensa, esto es, respecto de aquellos cargamentos que circularon por el “canal rojo” de selectividad, que verificaron la mercadería que ya se hallaba desconsolidada en pallets en el depósito fiscal, es decir, que ya se había realizado el reenvase (vaciado del contenedor), no habiendo presenciado ni la apertura ni la descarga, y que si ninguna observación hicieron, ello se debió a que la carga coincidía con la declarada en los documentos presentados por el importador. Como bien señala el juez instructor, sin que las defensas lograran demostrar su equivocación en los memoriales presentados, la única alternativa posible para tomar por cierto aquella explicación es que los verificadores y valoradores hayan sido engañados, lo cual supone necesariamente la realización por parte de terceros, con posterioridad a la desconsolidación del contenedor pero con antelación a la verificación propiamente dicha, de una sustitución de la mercadería por otra que se correspondiera con la declarada en la documentación que la amparaba, para así obtener la conformidad de esos funcionarios”.

Y, luego, explicaron el por qué: “Francamente esa posibilidad se nos presenta como altamente improbable, en esta instancia, por dos razones: En primer lugar, porque la sustitución de la mercadería de forma exitosa en 472 casos (como son aquellos que transitaron por el ‘canal rojo’ de selectividad) se presenta como algo realmente impracticable, sobre todo si se tiene en cuenta que, además, una maniobra de esas características debía engañar no a uno ni a dos sino a un número importante de verificadores y valoradores, como es el caso de los que aquí se encuentran sometidos a proceso”.

En la misma resolución Bonzón, Llorens y Farah encomendaron al juez Aguinsky y a las autoridades de la Aduana que abran a la brevedad unos 500 contenedores afectados a la causa que están abandonados desde el año 2016. Parte de lo hallado en los contenedores abiertos fue rematado y otra parte donado a entidades de bien público.

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