La defensa del empresario Lázaro Báez concluyó hoy su alegato en el juicio oral por las obras públicas viales que recibió durante el kirchnerismo y pidió la absolución de la acusación que solicitó la Fiscalía de una condena de 12 años de prisión por considerarlo organizador de una asociación ilícita y por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública
“Probamos que la prueba de este juicio demuestra que no existió ninguna asociación ilícita”, dijo Juan Villanueva, abogado del empresario, en la tercera y última audiencia de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2.
El juicio continuará el viernes a las 9:30 horas con el alegato de la defensa de Raúl Pavesi, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Lo hará en dos audiencias. Luego quedarán las últimas defensas para alegar y el juicio entrará en su etapa final con la intención de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso de dar a conocer el veredicto antes de fin de año, en el que la principal acusada es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para quien los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación y por administración fraudulenta.
“A Lázaro Báez lo querían preso para que involucrara a Cristina Kirchner”, dijo Villanueva en el tramo más político de su alegato. La referencia fue para contestar el pedido de pena que hizo la Fiscalía. Báez fue detenido en junio de 2016 en la causa por lavado de dinero en la que fue condenado a 12 años de prisión. “Lo metieron preso porque decían que no había plan de vuelo pero la justicia y los medios de comunicación lo esperaron en el aeropuerto de San Fernando”, recordó Villanueva.
“A Lázaro lo iban a visitar dos veces por semana de la AFI para que se arrepienta e involucrara a Cristina Kirchner. Le dijeron que iban a ir a buscar a sus hijos, y lo hicieron”, criticó la defensa, recordó que el teléfono de su pabellón fue intervenido ilegalmente y se difundieron sus conversaciones. Pidió que eso se tenga en cuenta para dictar su sobreseimiento.
Junto con la absolución de Báez, Villanueva también le pidió al tribunal oral que se abre una causa para investigar penalmente a los peritos Eloy Bona, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de Roberto Panizza, de la Fiscalía. Fueron quienes concluyeron hubo irregularidades en la obra pública que recibió el empresario pero para la defensa de hicieron de manera intencional y sin aplicar un método científico a su trabajo.
En su última audiencia de alegatos, la defensa hizo referencia a lo que la Fiscalía llamó el “plan limpiar todo”. Se trata de una serie de mensajes de WhatsApp que se obtuvieron del celular del ex secretario de Obras Públicas José López que le secuestraron cuando fue detenido en 2016 en un convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares. De allí se obtuvieron comunicaciones de López con Báez y del ex funcionario con Cristina Kirchner que para la Fiscalía dan cuenta de un plan para que antes de dejar el gobierno en diciembre de 2015 se le pague al empresario todo lo que se le debía y para después cerrar las empresas.
Villanueva, en la línea de lo que había expuesto la defensa de López, señaló que se trató de una “prueba ilegal”. “La Fiscalía escondió la prueba porque la mostró recién en el alegato. No se la mostraron a los imputados, no le preguntaron a los testigos. Violaron la lealtad procesal”, sostuvo el abogado. También señaló que de los miles de mensajes que hay en el celular Báez solo aparece en tres. “Eran propio de las funciones de Báez. El mismo Iguacel (Nda: Javier, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri y quien presentó la denuncia de la causa) dijo que tenía contactos con empresarios por las deudas que el estado tenía”, sostuvo y en esa línea agregó que en el celular de López había 600 mensajes con un empresario y 300 con otro.
La defensa de Báez también objetó que los fiscales Luciani y Mola utilizaron para fundamentar su acusación otras causas penales. Entre otras hicieron referencia al expediente “Los Sauces-Hotesur” y al de los cuadernos de la corrupción. Respecto del primero Villanueva dijo que todos los acusados -entre ellos Báez y Cristina Kirchner- fueron sobreseídos por otro tribunal oral. Esa decisión está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Respecto de la causa de los cuadernos, la defensa señaló que el Tribunal Oral dijo que no se podían usar en el juicio las declaraciones de los arrepentidos de ese expediente y que sin embargo fueron valoradas por la Fiscalía en su alegato. ”Trataron de colar expedientes por la ventana para fundamentar su acusación”, sostuvo Villanueva.
El alegato de la defensa había comenzado la semana pasada. En la primera audiencia, Villanueva sostuvo que Báez no comenzó en el negocio de la obra pública en mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación. Dijo que en octubre de 2000 empezó en el ámbito de la construcción donde comenzó como director titular de Badial Construcciones y que el 8 abril de 2003 constituyó Austral Construcciones, su empresa insignia.
“Nadie preveía en esa época que Néstor Kirchner podía ser presidente de la nación”, dijo Villanueva y explicó que la elecciones presidenciales fueron el 27 de abril, en la que Kirchner salió segundo y tenía que ira a una segunda vuelta con Carlos Menem, que finalmente no se hizo porque el ex presidente se bajó. “Lázaro lo que hizo fue apostar al pías, la ganancia la reinvirtió en máquinas, en obradores, en acciones en otras empresas para sumar experiencia y apostó a la Patagonia y por su gente. Llegó a ser el primer empleador privado de Santa Cruz, le dio trabajo a miles de personas durante 15 años”, sostuvo la defensa en esa audiencia.
En el segundo día de alegatos, Villanueva defendió las 51 obras que recibieron las empresas de Báez y que son las que se juzgan como irregulares y por las que la Fiscalía pidió condena para los 13 acusados del caso. La defensa señaló que las compañías cumplieron con los requisitos legales para ganar las licitaciones y que las obtuvieron porque hicieron las mejores ofertas.
También señaló que de las 51 obras, 27 fueron terminadas. Otras 10 tenían un avance en su realización de entre el 72 y el 97 por ciento y que no fueron concluidas porque fueron rescindidas por el gobierno de Macri cuando asumió. Y las 14 restantes tenían un avance menor al 60 por ciento y explicó los motivos de las demoras, que dijo que eran habituales en todas las obras públicas del país.
Villanueva además sostuvo que las empresas de Báez no solo no cobraron todas las obras, sino que se le deben 270 millones de pesos. “Esa deuda sigue existiendo al día de hoy”, dijo.
Este es el segundo juicio oral que afronta Báez, quien está detenido desde abril de 2016 ahora bajo prisión domiciliaria. El primero fue por lavado de dinero. Fue condenado a 12 años de prisión, decisión que está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal. En el juicio se concluyó que Báez lavó dinero de la obra pública que recibió durante el kirchnerismo y del uso de facturas falsas.
Seguir leyendo: