La tensión con la comunidad mapuche en Villa Mascardi es apenas un ejemplo de un fenómeno en aumento que, por ahora, el Estado no puede resolver: los conflictos con las comunidades indígenas crecieron como nunca antes en los últimos años. Los reclamos de los pueblos originarios aumentaron un 74% en el período 2015-2020 y los especialistas aseguran que la conflictividad continúa en ascenso.
Motivados por su histórica demanda para que el Estado reconozca tierras ancestrales, estas comunidades mantienen abiertos por lo menos 319 reclamos. Ninguno de los espacios políticos que gobernaron el país en los últimos años pudo resolver este problema que, en algunos casos -como ejemplifica el conflicto con los mapuches-, se volvió una bomba de tiempo.
La información analizada por Infobae se desprende de un relevamiento realizado por Amnistía Internacional para su proyecto Territorio Indígena, que se realiza sobre los reportes de las propias comunidades y sobre investigaciones de esta organización. El estudio indica que allá por 2015 había 183 conflictos relevados a lo largo de todo el país. Dos años después, ya con Mauricio Macri en la Casa Rosada, ese número creció hasta los 225 conflictos y, con los últimos datos disponibles, la cifra trepó hasta los 319.
Como ya ocurrió en los últimos años, otra crisis con los mapuches en Villa Mascardi volvió a darle visibilidad al tema esta semana e incomodó al gobierno de Alberto Fernández. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta calificó como “gravísimo” el desalojo de la comunidad indígena que culminó con mujeres y niños detenidos por las fuerzas de seguridad. Después, renunció a su cargo.
Aunque en los últimos años el reclamo de los mapuches es el más recordado por distintos hechos de violencia, las demandas indígenas que motivaron intervención policial son la minoría. Amnistía Internacional indicó que menos del 15% de los reclamos que registraron llegaron a contar con intervención policial, desalojos, criminalización o algún tipo de violencia. El mapeo realizado por esta organización es apenas un punto de partida que tiene como objetivo visibilizar esta problemática, pero no incluye todos las demandas de pueblos originarios del país, indicaron.
Casi el 60% de esos reclamos indígenas tienen como objetivo el reconocimiento de tierras en distintas provincias del país. Esta es una problemática que no afecta sólo a la Patagonia, sino que atraviesa de Norte a Sur distintos puntos de Argentina. El total de la superficie afectada por los conflictos resulta de casi 5 millones de hectáreas.
¿Por qué está en aumento la conflictividad? Desde Amnistía explican que el gran detonante es el crecimiento de actividades como la minería, la agricultura y la explotación petrolera, así como la venta de tierras rurales a privados tanto argentinos como extranjeros. Todos estos procesos avanzan sobre tierras que las comunidades reclaman históricamente. Ante esta situación -indican- el Estado no ofrece espacios de diálogo con los pueblos indígenas para solucionar estos conflictos.
Los conflictos por provincia
Entre Neuquén (42 reclamos), Chubut (21) y Río Negro (20) suman casi un cuarto del total de los conflictos del país, la zona más caliente por las demandas de los pueblos originarios que registraron en los últimos años con hechos de violencia. El tema se instaló en los medios en agosto de 2017 cuando Santiago Maldonado murió ahogado después de que Gendarmería reprimiera a los manifestantes del Pu Lof en Cushamen, provincia de Chubut.
Aunque el conflicto de la comunidad mapuche en el Sur visibilizó esta problemática a nivel nacional, el Norte del país acumula mayor cantidad de conflictos abiertos y, muchos de ellos, registraron a lo largo de los años alguna intervención de las fuerzas de seguridad y, por ese motivo, fueron calificados como reclamos “violentos” por la organización.
En el NOA, Salta (35 reclamos), Jujuy (25) y Tucumán (17) también suman casi la cuarta parte del total de las protestas de los pueblos originarios a nivel nacional. La mayoría de los reclamos que requirieron intervención de las fuerzas de seguridad en algún momento de los últimos años se concentraron en las afueras de San Miguel de Tucumán, como el conflicto con la comunidad india Quilmes en Amaicha del Valle. También se registraron otros reclamos de este tipo entre el Río Bermejo y la frontera salteña con Bolivia.
En el NEA, Formosa (26 casos), Misiones (27) y Chaco (16) también aparecen como otra de las regiones con diversos conflictos entre el Estado y los pueblos originarios. Las Lomitas, en Formosa, es una de las más conflictivas de esa región, según el relevamiento de Amnistía Internacional. Esa zona fue, además, el escenario de la “Masacre de Rincón Bomba” una matanza que sufrió la comunidad pilagá en 1947. La Justicia decidió hace tres años que aquel ataque de la Gendarmería fue un crimen de lesa humanidad y ordenó distintas medidas de reparación, como becas estudiantiles, fijar la fecha homenaje a las víctimas en el calendario escolar y construir un monumento, entre otras.
Después de los reclamos territoriales, las protestas ambientales representan un 13% sobre los conflictos registrados por esta organización. Salta es la provincia que más reclamos acumula en ese sentido, en especial quejas que incluyen desde desmontes, la construcción de gasoductos o la intervención de empresas mineras y petroleras en las tierras de las comunidades consideran suyas.
“Si la mayoría de los conflictos tienen como denominador común la falta de resolución de los reclamos territoriales es porque la ley que se había propuesto hacer este relevamiento no avanzó con los compromisos dispuestos en 2006. Fue una ley muy relevante porque por primera vez hubo una voluntad política para conocer sus reclamos, pero después nunca se avanzó en ese reconocimiento territorial”, Paola García Rey, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
La especialista se refiere a la ley de Emergencia Territorial Indígena aprobada en 2006 mediante la cual el Estado se comprometía a hacer un relevamiento sobre los reclamos de los pueblos originarios en los cuatro años posteriores a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero el censo nunca se terminó de ejecutar (se relevó al 43% de las comunidades inscriptas) y la ley fue nuevamente prorrogada el año pasado. Infobae contactó al INAI, pero las autoridades prefirieron no hacer comentarios.
“Es una bomba de tiempo que siempre está a punto de estallar. Los casos van a seguir creciendo en cantidad y en violencia. El mundo privado avanza con proyectos y las comunidades no cuentan con herramientas para protegerse. Brindar seguridad jurídica en los territorios es clave para pacificar estos conflictos tan convulsionados. El Estado tiene un compromiso para recorrer el territorio y generar instancias de diálogo para el reconocimiento de sus reclamos y, así integrar a las comunidades indígenas. Hoy, en cambio, la única respuesta es el choque constante”, agregó García Rey.
Casi un millón de personas en Argentina se identifican como indígenas o descendientes, según el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en inglés). El Estado ha reconocido oficialmente a 35 pueblos indígenas, lo que implica la asignación de derechos constitucionales tanto a nivel nacional como a través de las provincias.
“Las tensiones y los conflictos sobre los reclamos territoriales de los pueblos indígenas empeoraron desde 2017. El Estado argentino no garantiza ni hizo cumplir los derechos indígenas sobre la tierra y, además, criminalizó a los miembros de las comunidades indígenas”, indicaron desde la organización.
El conflicto en Villa Mascardi
Las afueras de la ciudad de Bariloche es una de las zonas más conflictivas del país con siete reclamos, muchos de ellos que registraron antecedentes de violencia. El caso más recordado ocurrió en noviembre de 2017, cuando el manifestante mapuche Rafael Nahuel murió tras recibir un disparo en medio de la represión de la Prefectura Naval en un sector montañoso de Villa Mascardi.
La jueza federal de Bariloche, Silvia Domínguez, envió a juicio oral a cinco integrantes de la fuerza especial Albatros de la Prefectura por la muerte de Nahuel. El conflicto por las tierras en Villa Mascardi, ubicadas a 35 kilómetros al sur de Bariloche, genera desde hace varios años tensión entre habitantes de la zona y el asentamiento de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.
Esa tensión volvió a tener otra escalada de violencia esta semana. Dos nuevas tomas de tierras y un atentado incendiario sobre una casilla de Gendarmería despertaron las alertas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que armó una fuerza unificada que intervino en el conflicto para desalojar a la comunidad mapuche.
“Estamos recuperando territorio mapuche, donde vivieron nuestros antepasados, y recuperando nuestra vida mapuche”, dijeron dos de sus integrantes en un video que se encargaron de compartir a través de las redes sociales.
Más de 100 vehículos participaron el domingo pasado de una caravana organizada por un grupo de vecinos de Bariloche con el objetivo de llegar a Villa Mascardi, para manifestarse en contra de las ocupaciones de supuestos mapuches y los hechos vandálicos en la zona. La ex ministra Patricia Bullrich se sumó a la movilización, que fue frenada por la policía de Río Negro para evitar un enfrentamiento con los mapuches.
La intervención del comando unificado de las fuerzas de seguridad terminó esta semana con las ocupaciones de tierras en Villa Mascardi en un operativo que contó con decenas de detenidos, entre ellos, siete mujeres y cinco menores de edad. “No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”, dijo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.
El operativo tuvo su costo para el gobierno. Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad renunció a su cargo después de cuestionar el accionar de las fuerzas policiales. “La situación es sumamente preocupante. Es gravísimo”, había anticipado en una entrevista por la detención de mujeres y niños en el desalojo. Horas después presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández.
¿Cómo se procesó la información?
La Unidad de Datos de Infobae relevó el repositorio del proyecto Territorio Indígena y al mismo tiempo solicitó información detallada a Amnistía Internacional Argentina, que desde 2014 viene relevando los conflictos indígenas en el país.
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Procesamiento y visualización de datos: Andrés Snitcofsky.
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