En Argentina, más de cinco millones de personas viven en barrios populares, villas o asentamientos

En los últimos seis años, entre 2016 y agosto de 2022, en la Argentina, los barrios populares, lugares habitados por las familias más postergadas, aumentaron de forma exponencial: de 4.416 a 5.687. Allí viven 1.168.731 familias, unas 5.000.000 millones de personas bajo diferentes grados de precariedad y hacinamiento. La mayoría no cuenta con redes de agua corriente, gas natural, energía eléctrica y cloacas. Un porcentaje de ellos fueron levantados en tierras usurpadas. Algunos no tienen nombre. En el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) están identificados por el número de calles que los limitan, por ejemplo 514 y 138 o 65 y 153 en La Plata. Las cifras revelan la falta de políticas habitacionales aplicadas en los últimos treinta y nueve años por diferentes espacios políticos: PJ, UCR y PRO.

Los números, que son públicos, tomaron relevancia el miércoles pasado. Ese día, los movimiento populares reclamaron frente al Congreso Nacional que diputados y senadores modifiquen la ley 27.453 que reglamenta el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.

Entre otros puntos, la actualización del Registro Nacional de Barrios Populares “declara de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de los barrios populares incluidos a partir del Decreto 880/21, a los fines de construir condiciones de igualdad en acceso al suelo de todos los barrios populares” y la urgente “prórroga de la suspensión de desalojos garantía necesaria para la implementación de la Ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años)”. El artículo 12 de la ley impone que el 25% de la obra pública en barrios populares “debe ser adjudicada a cooperativas y trabajadores de la economía popular”.

Entre las modificaciones propuestas a la ley se impulsa que se garantice “los servicios públicos” de las familias que viven en los asentamientos y villas. Según los datos oficiales (ver infografía), en el 99% de los barrios populares volcados en el registro “la mayoría de los habitantes no accede formalmente a la red de gas natural”; “el 89% no accede formalmente al servicio de red de agua corriente” y, entre otros carencia, “el 68% de los habitantes de los barrios populares no accede formalmente al servicio de energía eléctrica”, es decir que las conexiones son clandestina y precarias.

La provincia de Buenos Aires es la que más barrios carenciados tiene, 1.933; seguida por Santa Fe, 408; Chaco, 401; Misiones, 375; Mendoza 317 y Tucumán 298. La Pampa es la que menos barrios populares tiene en su geografía, apenas cinco.

Santa Fe, la segunda provincia que más barrios carenciados concentra, se destaca por un segundo hecho: la ciudad de Rosario, la más violenta del país, alberga 163 villas, casi la mitad de todo el territorio provincial. Rosario tiene una superficie de 178,7 kilómetros cuadrados. Un territorio menor, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires, de 203 kilómetros cuadrados, pero dónde hay 50 barrios populares.

-¿Por qué aumenta la cantidad de barrios populares a lo largo y ancho del país?, le preguntó Infobae a Rodrigo Martin, director ejecutivo del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP).

-La participación de cada uno de los niveles de Gobierno es fundamental porque hay un modelo de desarrollo o de subdesarrollo que se viene dando que tiene que ver con la búsqueda de servicios de vivienda por parte de la sociedad, armando un modelo de centro-periferia que nosotros conocemos muy bien de Latinoamérica. Está pensado en mediados del siglo pasado, vigente en economías como la nuestra, donde hay crisis económicas y eso genera movimientos internos y también de otros países buscando los servicios en las grandes ciudades. Esta situación genera situaciones temporarias donde esas personas trabajan en la construcción o en otras actividades que cuando se agotan o cuando el ciclo económico se vuelve recesivo, terminan sufriendo una crisis, explicó.

De acuerdo con el decreto 358/17, firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, se consideran barrios populares a aquellos que se encuentren integrados con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios básicos como por ejemplo red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.

Para Fernanda Miño, secretaria nacional de Integración Socio Urbana, el aumento de los barrios populares “se debe a que incluimos en el ReNaBaP localidades más pequeñas” y explicó: “El nuevo relevamiento incluye a las ciudades de entre 2.000 y 10.000 habitantes, antes excluidas del relevamiento”. La funcionaria enfatiza desde la secretaría que comanda: “Además de atender la emergencia de los barrios ya consolidados con obras de infraestructura y mejoramientos habitacionales masivos, tenemos que dar respuesta a la nueva demanda habitacional. Para eso, para dejar de correr el problema de atrás, estamos avanzando en la construcción de lotes sociales con servicios, una política que arrancamos con mucha fuerza y que tenemos que consolidar en todo el país, porque las ciudades siguen creciendo y las familias jóvenes más humildes de nuestro país necesitan un pedacito de tierra donde vivir”.

Miño, una histórica militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), es la principal impulsora de la reforma a la ley 27.453 que ya tiene dictamen de Comisión en la Cámara de Diputados y que intenta evitar los desalojos de tierras tomadas sobre las cuales se asentaron las precarias viviendas, sobre todo en el conurbano bonaerense. Le confirmó a este medio que “con la actualización del ReNaBaP se consolida un registro de 5.687 barrios populares” y destacó que: “Se trata de villas y asentamientos ubicados en las 23 provincias y la Capital Federal, donde viven más de 5 millones de compatriotas sin acceso formal a la tierra y los servicios más elementales”. Alrededor del 38% de los habitantes de los barrios son menor a 15 años de edad, y casi 7 de cada 10 personas son menores de 29 años.

Buenos Aires y el conurbano

Hasta el año 2016 no existía información oficial y fehaciente sobre la cantidad de barrios populares existentes en el territorio nacional, las condiciones de vida de sus habitantes y la situación en relación con el acceso a los servicios básicos y dominiales. Fueron las organizaciones sociales, como el MTE, el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras, nucleadas alrededor de la consigna Tierra, Techo y Trabajo, las que realizaron un acuerdo con el gobierno nacional, a cargo de Mauricio Macri, para relevar, por primera vez, los barrios populares de Argentina. Así surgió el ReNaBaP y posteriormente la Secretaría de Integración Socio Urbana que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y que es la autoridad de aplicación de la Ley 27.453. Fue creada en 2019 “con el fin de llevar adelante políticas públicas que reviertan el déficit habitacional y las condiciones precarias en la que viven los y las habitantes de los barrios populares en Argentina”, según el postulado que se puede leer en la página web de la cartera que conduce Juan Zabaleta.

Los proyectos de integración socio urbana se despliegan en las 23 provincias del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 415 municipios; 4.214 barrios populares, esto es el 95% del universo de estos asentamientos.

El ReNaBaP destaca que, en la populosa provincia de Buenos Aires, en la cual se concentran 1.933 barrios carenciados de los 5.687 de todo el país, hay municipios que sobresalen por el aumento de asentamientos. Los primeros tres escalones son ocupados por La Plata (229); La Matanza (143) y Moreno (118) -ver mapa-. Buena parte de ellos se construyeron sobre tierras fiscales o privadas usurpadas. Como por ejemplo las 160 hectáreas tomadas en la localidad de Los Hornos que el gobierno nacional incluyó dentro del registro del ReNaBaP -evitó que se desaloje a 800 familias- y que se comprometió a urbanizar.

Otros distritos del conurbano en los cuales proliferan los asentamientos y las villas son Merlo (80); Florencio Varela (74); Almirante Brown (72); Quilmes (70); Lomas de Zamora (65); Tigre (64); Malvinas Argentinas (59); San Martín (57); y Esteban Echeverría (50). Los datos volcados en las planillas del ReNaBaP demuestra que desde 2016 los barrios populares no dejaron crecer.

Un segundo hecho empeora esta situación. Los diferentes gobiernos democrático que se sucedieron desde 1983 no aplicaron políticas de Estado suficientes para urbanizarlos y otorgarles servicios y condiciones de vida digna. Un dato refuerza el postulado: según la información cargada en el ReNaBaP, casi el 80% de los barrios populares son anteriores al año 2000 y hasta el 2010 “casi ninguno tenía acceso a los servicios públicos”, una situación que Miño, se compromete a revertir. “Más de 700 barrios, a lo largo y ancho de todo el país, están recibiendo obras de infraestructura básicas: redes y conexiones seguras de agua potable, electricidad y cloaca; accesos vehiculares y peatonales seguros; espacio público y equipamiento”, enumera y abunda: “Además, se está impulsando la creación de miles de lotes sociales con servicios, nuevo suelo urbano destinado a las familias más pobres del país, para evitar la proliferación de nuevas tomas y así dejar de correr siempre el problema desde atrás”.

A su turno, el director ejecutivo del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata propone: “Tenemos que pensar en el mediano y largo plazo, ver cuáles son las mejores posibilidades donde se puede llegar a dar este tipo de localizaciones y mejores derechos para que se puedan cumplir los sueños de las personas que viven ahí”.

Más de un millón de familias podrán atestiguar si esa transformación llega o quedará en buenas intenciones.

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