El Consejo de la Magistratura comenzó el camino para su nueva integración desde mediados del mes que viene cuando deba renovar sus 20 integrantes. Algunos de ellos ya están elegidos y otros lo serán a partir de las próximas semanas: los jueces y los abogados en elecciones y los diputados y senadores por el Congreso Nacional, en una disputa que tiene una antecedente de alto voltaje político. La nueva conformación del organismo se desplegará a pleno en 2023, un año de elecciones presidenciales y donde el Consejo tiene temas pendientes de alto voltaje político. Pero también la certeza posibilidad de que por la disputa electoral todo quede paralizado.
El Consejo es el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial. Está integrado por jueces, abogados, diputados, senadores, académicos y un representante del Poder Ejecutivo. En abril pasado cambió su fisonomía: pasó de 13 a 20 integrantes por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional su anterior composición. La decisión del máximo tribunal provocó duras críticas del kirchnerismo y el apoyo de la oposición por uno de los puntos centrales del fallo: la composición de 20 miembros es con el presidente de la Corte.
En noviembre se renueva la integración del Consejo -tendrán mandato por cuatro años hasta 2026- y la expectativa está puesta en cómo será el nuevo mapa político del organismo. Esa configuración ya comenzó. Hay cuatro integrantes que ya forman parte de la grilla del Consejo.
Uno es Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo. Su presencia está asegurada por la ley que dice que el Consejo es presidido por el titular de la Corte. Rosatti llegó al Consejo en abril pasado y seguirá en el cargo desde noviembre. Y lo hará hasta por lo menos septiembre de 2024 cuando vence su período como titular del máximo tribunal. Así, en dos años se dará la discusión de quién presidirá el organismo en caso que cambie la presidencia de la Corte Suprema.
El otro consejero que continuará en noviembre es Gerónimo Ustarroz, representante del gobierno en el organismo. Hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y allegado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Ustarroz tiene mandato hasta diciembre de 2023 cuando termine el gobierno de Alberto Fernández. Es el negociador en el Consejo con la oposición y quien busca destrabar un tema clave para el kirchnerismo que está frenado: la aprobación de los concursos de jueces para las vacantes que hay en los tribunales de Comodoro Py, sobre todo el de la Cámara Federal.
Otros dos lugares ya cubiertos son los de las universidades. Hugo Galderisi, secretario académico de la Universidad de Lomas de Zamora, fue elegido el mes pasado para uno de los lugares y el jueves pasado el Consejo Interuniversitario Nacional designó para el segundo a Guillermo Tamarit, rector de la Universidad Nacional del Noroeste, en la provincia de Buenos Aires.
Los dos son allegados a Diego Molea, representante de los académicos que deja el Consejo en noviembre y que elegido como suplente de Tamarit. Así, Molea -que fue un aliado del oficialismo y que desde la llegada de la Corte jugó más al medio con un bloque propio- mantendrá su influencia en el cuerpo.
La elección de Tamarit tuvo su disputa judicial. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires objetó en la justicia la forma de elección con un consejo electoral. El planteo fue rechazado por la justicia y se presentó un per saltum a la Corte Suprema que con la designación ya hecha el máximo tribunal no trató.
Los otros 16 lugares se deben completar. De esos casilleros la política y la justicia mira de cerca lo que ocurre con los jueces. Tienen cuatro lugares en el Consejo y van a elecciones el próximo 18 de octubre. Hay tres listas: la Bordó -más crítica del gobierno- que postula a Diego Barroetaveña de la Cámara Federal de Casación Penal; la Celeste -más afín al oficialismo- con Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín; y Compromiso Judicial con el juez de la Cámara Comercial Eduardo Machín.
Pero esa elección está judicializada. Machín impugnó la candidatura de Lugones, actual consejero, porque entiende que va por la reelección cuando la ley lo impide y así lo dijo la Corte en su fallo sobre el Consejo. La Junta Electoral de la Asociación de Magistrados aceptó la impugnación pero la jueza electoral María Servini la revocó y avaló la postulación de Lugones.
La pelea judicial continúa en dos ámbitos. Compromiso judicial apeló el fallo de Servini a la Cámara Electoral y también presentó un per saltum a la Corte Suprema. Los tiempos apremian -los jueces votan en nueve días- y todavía no hay una definición de si Lugones puede ser o no candidato. La Cámara Electoral todavía no está integrada con tres jueces para este caso y la Corte Suprema remitió el análisis del per saltum a su secretaría contencioso. La expectativa está puesta en que en la semana haya una definición sobre el caso.
Con su postulación al Consejo, Barroetaveña se transformó en una pieza clave. Se descuenta que ingresará al Consejo -la Bordó ganó las elecciones para el organismo y para la Asociación de Magistrados de manera ininterrumpida en los últimos 20 años- y además integra un tribunal clave como la Cámara Federal de Casación.
Barroetaveña es juez de la Sala I de Casación. El mes que viene esa sala comenzará a analizar las causas “Hotesur-Los Sauces” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán donde está acusada Cristina Kirchner. El tribunal debe decidir si confirma el sobreseimiento de la vicepresidenta en esos expedientes o si los revoca y ordena que se hagan los juicios orales. Una pregunta que circuló en las últimas semanas es si Barroetaveña se tomará licencia como juez durante su mandato en el Consejo y así dejar el lugar a otro integrante de Casación para resolver la situación de la ex presidenta. Infobae pudo saber que el magistrado cumplirá las dos funciones en simultáneo. Dos cargos con mucho poder como para dejar uno en el camino.
Los que también irán a elecciones el 18 de octubre son los abogados que también tienen cuatro lugares en el Consejo. Compiten tres listas. Una de Juntos por el Cambio que lleva como primer candidato a Miguel Piedecasas, con el apoyo de la UCR nacional, y segunda a Jimena de la Torre, con el aval directo del ex presidente Mauricio Macri. Piedecasas ya integró el Consejo y de la torre lo hace actualmente. La conformación de esa lista se dio en una dura interna del radicalismo con la amenaza de partirse, lo que finalmente no ocurrió.
La segunda lista es la del peronismo que lleva como primer candidato a Héctor Recalde. Histórico abogado de la CGT, ex diputado nacional y con influencias en la justicia laboral, Recalde también ya fue integrante del Consejo cuando era legislador nacional. Cuenta con el aval de la agrupación “La Cámpora” donde uno de los referentes es su hijo, Mariano Recalde, senador nacional e integrante del Consejo. Se podría dar que padre e hijo compartan el organismo.
La tercera lista es impulsada por Molea. Lleva como primer candidata a María Fernanda Vázquez, también actual integrante del Consejo.
Los ocho lugares restantes son para el Congreso Nacional. Cuatro diputados y cuatro senadores. Son dos por la primera mayoría parlamentaria de cada cámara, uno por la primera minoría y el cuarto por la segunda minoría. Esa cuenta generó disputas políticas para los nombramientos las últimas veces que se tuvo que elegir representantes porque los bloques se juntan o se separan para tener más miembros en el Consejo.
Ocurrió en abril pasado entre el senador del Frente de Todos Martín Doñate y el del PRO Luis Juez. El lugar finalmente fue para Doñate luego que el bloque se dividió en dos. La pelea tuvo su capítulo judicial. Habrá que esperar cómo se mueven los casilleros de la política en las próximas semanas.
La nueva integración del Consejo tendrá su estreno a pleno en 2023, año de elecciones presidenciales, lo que para el Poder Judicial no pasa desapercibido en la toma de decisiones. Sobre todo porque en el Consejo la influencia política es cada vez mayor. Entre los temas pendientes del organismo hay uno central: las vacantes en los tribunales de Comodoro Py, por donde pasan las causa que involucren a los funcionarios públicos.
Allí hay cuatro vacantes en los juzgados de primera instancia, dos en la Cámara Federal y media docena en los tribunales orales, centrales por las causas a Cristina Kirchner. Los concursos para cubrir esos lugares están terminados y solo resta que el Consejo los apruebe. Allí es donde está en problema: el kirchnerismo apura para que haya una definición pero la oposición lo retrasa. La política manda y desde noviembre habrá un nuevo escenario en un Consejo clave para la justicia.
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