A la espera de que Cristina Kirchner vuelva de El Calafate, el oficialismo en el Senado de la Nación se prepara para sesionar con una agenda marcada por los pedidos de la Casa Rosada y la estrategia del kirchnerismo.
Según confiaron fuentes parlamentarias a Infobae, la intención del interbloque del Frente de Todos era llamar a sesionar este jueves para tratar, por lo menos, tres proyectos en particular. Sin embargo, el Día del Perdón y la escasez de pasajes aéreos por el fin de semana largo hizo que se postergara para la semana entrante.
El primero de ellos tiene que ver con darle sanción definitiva a la prórroga por cinco años a un paquete de impuestos. Específicamente, la prórroga incluye Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.
Desde el Ministerio de Economía vienen impulsando esto ya que necesitan tener una sanción definitiva antes del tratamiento de la ley de Presupuesto 2023, algo que el oficialismo tiene programado que suceda durante la última semana de octubre, ya que representan el 32% de la recaudación.
El proyecto de ley tiene dictamen de comisión desde el pasado 21 de septiembre, por lo que está listo para ser debatido en el recinto.
Desde Juntos por el Cambio decidieron seguir la misma estrategia que en Diputados, que fue la de llevar un dictamen de minoría al debate de comisión
“La prórroga de estos impuestos es algo natural, pero tenemos que tender a la baja de impuestos, señalando nuestra postura de que hay que ir reduciendo impuestos”, consideró el senador Martín Lousteau. Asimismo, dijo que el impuesto a los débitos y créditos “es regresivo” e insistió en que “tiende a generar precios más altos, por lo que creemos que la prórroga es natural pero como política general creemos que tenemos que tender hacia una baja de impuestos”.
En Diputados la prórroga fue aprobada con 129 votos afirmativos, 100 negativos y 18 abstenciones. Si bien el oficialismo logró la media sanción con el número mínimo, la votación por separado permitió que las asignaciones especiales sean aprobadas con 242 votos positivos. Este artículo requería una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo.
El otro punto a tratar que quiere llevar el kirchnerismo al recinto tiene que ver con la modificación de ley de consultas populares.
En una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo dictaminó dos proyectos que proponen modificar los requisitos para convocar a una consulta popular -cuya autoría son de Oscar Parrilli y de Juliana Di Tullio- y, por otro lado, la iniciativa que reforma la norma que regula la iniciativa popular.
La norma de Parrilli modifica la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, y prevé cambios en cinco artículos. El senador propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.
Pero el cambio más radical que propone es que se pueda llamar a una consulta vinculante con mayoría simple en ambas cámaras, mientras que la norma hoy establece mayoría absoluta.
Donde concuerdan el proyecto de Di Tullio con el de Parrilli es que ambos permiten que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora.
Por su parte, Di Tullio propone derogar el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.
Por último, el oficialismo también quiere llevar al recinto la prórroga por 50 años las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades culturales que llevan adelante la industria audiovisual, teatral, musical y las bibliotecas populares. Estas asignaciones específicas, que garantizan la continuidad de los recursos que se distribuyen de manera federal y equitativa en todo el territorio nacional, dejarán de ser percibidos por los organismos el 31 de diciembre del 2022 (Ley 27.432 de 2017) si la prórroga no es votada en el Senado.
Aún resta resolver si va a llevar al recinto el tratamiento de tres pliegos que son propuestos como vocales de la Cámara de Apelaciones de la ciudad santacruceña de Comandante Luis Piedrabuena.
Se trata de los nombramientos de Marcelo Bersanelli, Carlos Borges y Nelson Sánchez. El conflicto es con el primero de ellos, que es el ex concuñado de Máximo Kirchner.
Los pliegos son para ocupar la recientemente creada Cámara de Apelaciones de la ciudad santacruceña de Comandante Luis Piedrabuena, tribunal federal que tiene competencia en Santa Cruz y Tierra del Fuego, corriendo a los tribunales de Chubut que hoy son los que tienen esa jurisdicción.
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