La historia de Fernando Fuenteabla es la de cómo una región pacífica de Chile, donde convivían armónicamente criollos y mapuches, se convirtió, por obra de “grupos de ultraizquierda con ideas separatistas”, en un infierno, con la casi totalidad de los pequeños comerciantes y emprendedores del lugar en la ruina, pérdidas humanas y materiales, delincuencia organizada, ausencia del Estado e impotencia de las fuerzas de seguridad por la falta de respaldo oficial.
Entrevistado por Karina Mariani para el ciclo Contra Reloj, del Centro de Estudios Libertarios (CEL), Fuentealba no puede contener el llanto al recordar que dos de los 49 muertos que ya se ha cobrado este conflicto eran mapuches, amigos suyos de toda la vida, que fueron asesinados a 50 metros de su hotel. Él mismo sufrió varios atentados graves y la quema de sus propiedades. “Me quedé con una mano atrás y otra adelante”, dice, desde la ciudad de Concepción, a la que tuvo que mudarse al perderlo todo y para proteger su vida.
Fuentealba, hoy presidente de la Fundación de Víctimas de la Violencia de la Macrozona Sur de Chile, es un empresario turístico que en 2004 decidió trasladarse desde la capital, Santiago, hacia el sur, a la provincia de Bío Bío. Adquirió un hotel en una pequeña localidad costera, Quidico, una caleta de pescadores de apenas 1800 habitantes. El 80 por ciento de ellos, mapuches. Sin embargo, no tuvo ningún conflicto. Al contrario. Apenas instalado en la región logró reunir a 9 lonkos (jefes) mapuches en su hotel para convencerlos de la importancia de promover el turismo étnico en la zona.
A través de su agencia de viajes, empezó a promocionar el lugar para el turismo extranjero. Quidico tiene una playa ideal para el windsurf y a eso se sumaba el atractivo de conocer la cultura y la cosmovisión mapuche, explica.
“Un lugar maravilloso, una vida tranquila, una vida de comunidad y todos éramos parte de un todo”, dice. Las cosas marchaban “maravillosamente”, pero “lamentablemente”, en torno al año 2008, el lugar “se transformó en una verdadera pesadilla, cuando llegaron estos grupos de ultraizquierda, con ideas separatistas y comenzaron con el desarrollo de ilícitos”, recuerda Fuentealba.
Los primeros ataques iban dirigidos a los emprendimientos de silvicultura; la forestal es la principal actividad productiva en la zona. El argumento de los agresores, dice Fuentealba, era que buscaban “la recuperación del territorio mapuche”. “Pero luego vimos que no iban contra las empresas forestales, transnacionales, sino que (la violencia) empezó a afectar a pequeños agricultores, a pequeños comerciantes, a pequeños emprendedores turísticos y hoy en día están todos quebrados, todos en la ruina”, lamenta.
Las extorsiones a los pequeños proyectos productivos apuntaban a despojar a los dueños de sus tierras, explica. Los ataques fueron escalando: extorsión, amenazas, incendios y hasta asesinatos; ese fue el crescendo de “un nivel de violencia y deshumanidad terrible”, que afectó y afecta a toda la región sur del país.
Fuentealba también recuerda que hace unos años, el gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, comunicó el hallazgo, en la computadora de uno de los líderes de las FARC capturados, de correos electrónicos intercambiados por esa guerrilla con el Partido Comunista de Chile, que demostraban que elementos mapuches estaban siendo enviados a Colombia para recibir entrenamiento.
“Más tarde -sigue relatando Fuentealba- empezaron a traer estos instructores a la zona porque era una zona de difícil acceso, controlada por ellos, y esto se fue convirtiendo en una verdadera pesadilla, porque empezó a desarrollarse un narcotráfico, robo de animales, robo de madera, robo de vehículos, entonces tienen actualmente un nivel de financiamiento increíble y con una capacidad bélica superior a la que tiene Carabineros, que es la policía”.
Entre los asesinados, también hay mapuches, acota, “por lo tanto queda claro que este no es un tema de reivindicación mapuche, es un tema de terrorismo, de crimen organizado que atenta directamente a la seguridad interna de nuestro Estado”.
Dos de los últimos mapuches asesinados, eran amigos de Fernando Fuentealba, que no puede contener las lágrimas al recordarlo: “Eran mis amigos, amigos de toda la vida, los asesinaron a 50 metros de mi hotel...”
“Lo más increíble, lo mas impresentable, es que acá se ha comprobado que estos cabecillas tienen nexos directos con el actual gobierno”, agrega escandalizado. Y recuerda que eso le costó la renuncia a una ministra del presidente Gabriel Boric. Se refiere a la titular de la cartera de Desarrollo Social, Jeanette Vega, que debió dimitir al conocerse que había intentado comunicarse telefónicamente con el líder de la mayor organización radical mapuche, Héctor Llaitul, que había sido detenido el día anterior. “Es increíble, increíble”, repite Fuentealba. Como ejemplo de los lazos del Gobierno con esos grupos violentos, denuncia que tienen paralizada en el Congreso la ley de indemnización de las víctimas del terrorismo, y que en cambio han aprobado pensiones graciables vitalicias, “para estos delincuentes”.
“Vemos una irracionalidad increíble”, remata.
Luego evoca uno de los últimos ataques, especialmente violento, que tuvo lugar en Contulmo, localidad a orillas del lago Lanalhue, y dirigido contra la residencia y las propiedades de la familia de un juez, Christian Grollmus, en lo que muchos calificaron como un amedrentamiento directo hacia el Poder Judicial. La casa del magistrado fue baleada y un molino incendiado.
“Fue un ataque brutal, de 20, 25, de estos terroristas -cuenta Fuentealba-. Atacaron la casa de (el juez) Christian (Grollmus), atacaron a su tío [Carlos Grollmus], lo usaron como escudo humano, y luego lo balearon en una pierna que le tuvo que ser amputada, y todavía está en riesgo vital, y uno de los trabajadores de Christian perdió un ojo, por los disparos... los ataques son brutales”.
El propio juez Grollmus contó lo sucedido: “Fue un baleo directo, le dije a mi papá que se tirara al suelo. Tengo armas inscritas y alcancé a repeler algo”. Y concluyó: “Acá no se ve el estado de excepción, no hay seguridad. No puede ser que estén baleando a los jueces”. La asociación Abogados por Chile se solidarizó con Grollmus: “Estamos consternados. En esa casa estaba el juez con su padre, que es un señor mayor, defendiéndose tiro a tiro, en definitiva, autotutelando sus derechos. Eso ya es la definición misma de un Estado de Derecho fallido”, dijo la jurista y académica Florencia Larraín, en declaraciones a El Líbero.
Fernando Fuentealba, que además de empresario era un referente social en la región ya que miembros de la misma comunidad lo buscaban para que los representara en comisiones vecinales y otras asociaciones, no se quedó quieto ante los primeros ataques: “Creé la Fundación para tener personería jurídica y que el gobierno escuchara mis reclamos”, dice. Llegó a reunirse con intendentes, gobernadores y hasta con el presidente de entonces, Sebastián Piñera.
“Eso me valió dos ataques armados y la quema de mi hotel en mayo pasado”. Quedó con una mano atrás y otra adelante.
Uno de los ataques fue particularmente violento. Regresando de un programa de radio, un grupo armado los emboscó y atacó con armas de guerra. Lograron escapar del lugar pero 25 kilómetros más adelante los esperaban otros, armados con FAL. Él dice que no llegaron a darle al auto por la velocidad con la cual pasó por esa carretera.
El principal negocio de los terroristas es la venta de la madera, dice. “Pedimos (a las autoridades) que siguieran la ruta del dinero. Debe haber mucha gente involucrada en esto”, sostiene. Y apunta contra la inacción e incapacidad de las sucesivas administraciones, que se mostraron impotentes para contener el fenómeno. El actual gobierno directamente tiene vínculos con miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), algunos de cuyos líderes integraron la Asamblea Constituyente que redactó una nueva Constitución que fue contundentemente rechazada por los chilenos, entre otras cosas, precisamente porque habría la puerta a más reclamos separatistas en Chile.
“El Estado chileno no está funcionando”, afirma Fuentealba. “No están gobernando”, señala, enreferencia a la gestión de Boric, cuyo mandato se inició en marzo de este año. “La delincuencia está descontrolada y sus ministros están enfocados en volver a colocar en el tapete el tema de la Constituyente”, dice. “Esto es una olla a presión que le va a estallar (al gobierno) en la cara”.
En cuanto a los carabineros, Fuentealba señala que no tienen apoyo político aunque son bien vistos por la gente. “No les dan medios para su tarea”, denuncia. A la vez, los terroristas “tratan de destruir su moral”, con continuos ataques. En un momento dado, gracias a sus reclamos, logró que instalaran un retén de Carabineros. Lo atacaban hasta 2 ó 3 veces por semana, a tiros, y quemaban los vehículos. “Es natural que teman por su vida, por su familia, que no quieran perder el trabajo ni mucho menos la vida”, concluye.
En la entrevista, surge el tema de una realidad común a Argentina y Chile, aunque en este último país tiene una mayor dimensión: la violencia desatada contra personas y propiedades en nombre de supuestas reivindicaciones mapuches. Fuentealba dice: “No es un tema de derecha o izquierda; es un tema de país, en Chile y en Argentina. Como países hermanos debemos tenerlo claro. No nos podemos dejar controlar por el terrorismo”.
Afirma que, a ambos lados de la coordillera, los grupos están coordinados. La frontera es extensa y tiene muchos pasos, es difícil controlar el tránsito de personas y de armas. “Ya sucedió que atentan en un lado y se esconden en el otro. Hubo detenciones que lo confirman”, recuerda.
También a ambos lados de la cordillera se verifica la inoperancia del Estado, cuando no la complicidad pasiva o activa de algunos funcionarios. Recordemos que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, abogó por la libertad condicional de Facundo Jones Huala, condenado a 9 años de prisión por la justicia chilena por el incendio de una propiedad.
El balance que hace Fuentealba de la actuación de las autoridades en la represión del terrorismo es lapidario. “Ni el uno por ciento de los casos son esclarecidos. No atrapan a nadie, no juzgan a nadie. En una sola localidad hubo 70 casas incendiadas y no hay un solo detenido. No todo el mundo puede irse a vivir a otro lado como tuve que hacer yo”, denuncia. Por eso en los pobladores de la zona hay mucha desesperanza y frustración.
Fernando Fuentealba ya se mudó dos veces: en la anterior ciudad en la que se instaló, los violentos lo detectaron y empezaron a atacarlo. Ahora vive en Concepción, capital de la región de Bío Bío, una ciudad más poblada en la que por ahora está seguro.
El gobierno le paga el alquiler. Pero también subsidia a la delincuencia con las pensiones. “Sostiene a los que destruyeron pymes, casas, a los que asesinaron”, dice Fuentealba que no encuentra palabras para calificar ese absurdo.
Evoca el triste caso de una profesora de 78 años a la que le quemaron la casa y la dejaron con lo puesto. Literalmente. Tiene una jubilación mísera que no le permite levantarse. Hoy vive de la caridad de amigos y vecinos, describe el empresario con tristeza.
“Queremos una ley de reparación para las víctimas, pero los políticos solo están para la foto. Ellos tienen su vida resuelta...”
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