Las organizaciones piqueteras insisten en la reapertura de nuevos planes sociales, en el marco del Potenciar Trabajo, que aumenten u otorguen un bono sobre los $24.000 que ese programa asigna a cada beneficiario; exigen mejorar la periodicidad y la cantidad de la asistencia alimentaria.
A su vez, reclaman la demora en la entrega de insumos y herramientas para la producción de las cooperativas beneficiarias. En tanto, desde el Gobierno aseguraron que “había expedientes demorados por los tiempos burocráticos de la Administración Pública y otros porque hubo casos en los que ellos demoraron en la entrega de la documentación requerida”.
En relación con la posibilidad de otorgar nuevos planes, el Ministerio mantendrá la posición que sostiene hasta ahora. “No hay más aperturas de planes”. En diálogo con Infobae, Gustavo Aguilera, viceministro de Desarrollo Social, consideró: “Entendemos la situación, pero la forma de resolver los problemas es con más trabajo y ellos creen que la solución son los planes”.
Por otro lado, los piqueteros discutían en la última jornada de acampe sobre los rumores acerca de la eventual salida del ministro del área, Juan Zabaleta. Pese a que desde el entorno del funcionario lo desmintieron, las organizaciones sociales están convencidas de su inminente dimisión y resolvieron acelerar el “plan de lucha” antes de que Zabaleta regrese a Hurlingham, su terruño.
En ese contexto fue que surgió la decisión de hacer el acampe. La situación socioeconómica es apremiante y los sectores sumidos en la marginalidad padecen de forma inmediata y directa cada sacudón de la economía. Sin embargo, luego de tres días y dos noches de acampe, ayer por la tarde los piqueteros decidieron levantar el camping de la Avenida 9 de Julio.
En Desarrollo Social estaban sorprendidos por la decisión. Los piqueteros decidieron finalizar con la medida de fuerza sin llegar a ningún acuerdo con el Gobierno. Movilizaron 30 mil personas y acamparon dos días en plena 9 de Julio. Sin embargo, intempestivamente resolvieron levantar todo y se fueron hacia el Ministerio de Trabajo, a reforzar el reclamo del Sindicato de Neumáticos que tiene en jaque a la industria automotriz.
El INDEC publicó ayer los índices de pobreza e indigencia del último semestre. Mientras que la cantidad de pobres descendió, la de indigentes tuvo un salto. Pasó del 8,2% al 8,8%. El dato motivó una publicación de Cristina Kirchner pidiendo una mayor intervención en los precios.
Al final de su hilo, CFK exigió que se “refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia’'.
El área de Desarrollo Social tiene competencias para la ejecución de políticas de contención a sectores en situación de pobreza e indigencia. Al respecto, las principales políticas son el programa Potenciar Trabajo y el Programa Alimentar.
La primera iniciativa está destinada a incentivar el empleo para la economía popular y asigna 24.000 pesos a cada beneficiario. Son un millón 300 mil las personas que reciben esa contribución.
El segundo es un instrumento que tiene como objetivo que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Los montos de esa asignación varían según la cantidad de hijos que tenga cada familia beneficiada.
Esta problemática está en el corazón del reclamo piquetero porque buscan presionar al Gobierno para conseguir que sus demandas se cumplan antes de una eventual salida de Zabaleta.
Un reclamo a contra reloj
La Unidad Piquetera (UP) está al frente de esos reclamos. Se trata de la organización que nuclea a agrupaciones de izquierda como el Polo Obrero, Libres del Sur, el MST Teresa Vive, Frente de Organizaciones en Lucha y la Willam Cooke.
Los líderes piqueteros tienen relación y lazos directos con decenas de legisladores en varias provincias del país. Así como con el bloque de diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad.
Al mismo tiempo, cuentan con amplia penetración territorial en todos los barrios marginales, sobre todo en el conurbano. Es decir, disponen de un termómetro político y social que les permite anticipar medidas de fuerza con el “timing justo”.
Los movimientos sociales y organizaciones piqueteras presionan para exigir más asignaciones y medidas paliativas para los sectores que representan. Entienden que si no logran lo que pretenden en octubre, entonces tendrán que esperar hasta marzo. ¿Por qué? “Los tiempos de la política”, responde un líder piquetero en diálogo con Infobae.
“Ahora se está negociando el Presupuesto en el Congreso y acá lo tenés a Zabaleta de salida. Nosotros tenemos que apretar ahora porque si no, nos patean hasta marzo y la gente no aguanta más así”, analizó un dirigente del MST Teresa Vive.
La difícil relación entre Zabaleta y los grupos piqueteros
Desde que asumió frente a la cartera de Desarrollo Social, el 9 de agosto del 2021, Zabaleta se reunió 10 veces con Unidad Piquetera. Sin embargo, el último encuentro del viernes pasado se crispó y terminó intempestivamente.
Fue una reunión técnica entre una comitiva piquetera y funcionarios de Desarrollo Social. Pablo Pais, a cargo del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva del Ministerio, coordinó el encuentro. El cónclave duró cerca de dos horas y terminó sin acuerdo en un clima de tensión.
La relación entre los dirigentes piqueteros y Zabaleta está fracturada. El ministro se mantiene firme en la idea de no entregar más planes y, además, avanza en la auditoría de las asignaciones ya entregadas. Hay revisiones mensuales por parte del Ministerio y los piqueteros lo ven con malos ojos.
Los piqueteros dejaron de creerle al ministro y consideran que las promesas sobre nuevas herramientas para producir “es verso para ganar tiempo hasta que se vaya a Hurlingham”. A su vez, insisten en que la negativa a entregar más planes es por el “ajuste que está haciendo Massa” y reclaman que “la plata tiene que salir de algún lado”.
El conflicto está en un punto de no retorno. Mientras tanto, los piqueteros ya anunciaron que la semana que viene cortarán puentes, autopistas y rutas en todo el AMBA y el país.
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