Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri y actual auditor general de la Nación, vinculó a dirigentes de la ex cúpula de Montoneros con los hechos de violencia en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, al insinuar que están asesorando lo que considera como un “enfrentamiento armado” y una “acción de guerrilla rural”, luego del último ataque hacia una garita de vigilancia de Gendarmería Nacional.
El ex senador nacional evaluó que el acto vandálico sobre el puesto de vigilancia de la fuerza federal “tiene un nivel de escala de alta gravedad”, y que se pasó de una “actividad preinsurreccional” -en relación a los violentos enfrentamientos que tuvieron los trágicos desenlaces de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel- hacia un carácter de organización de “guerrilla rural”.
“Estamos en un enfrentamiento armado, que ataca a una fuerza de seguridad que es un símbolo. Es un ataque a la estructura nacional”, sostuvo Pichetto, al referirse sobre el ataque contra la casilla móvil de Gendarmería instalada en la propiedad de ‘Los Radales’, en Villa Mascardi.
“Prácticamente la península Mascardi está tomada. Es territorio mapuche con la validación de organismos del Estado nacional y de sectores de la Iglesia, que creen que hay que darle misa a estos personajes”, sostuvo el ex senador en declaraciones a radio Mitre.
Según el dirigente de Juntos por el Cambio, en los hechos de violencia que se producen en la Patagonia están involucrados Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, ex jefes de la organización Montoneros. “¿Qué están haciendo los Montoneros allí? ¿Qué están haciendo (Roberto Perdía), con la Mutual de Abogados? ¿Que hacen ahí (Fernando) Vaca Narvaja? Hoy están mejor preparados hace unos años, con armas y evidentemente hay una interrelación con la Aracaunia chilena”, se preguntó Pichetto.
La teoría de Pichetto está vinculada a la asesoría legal que brindó la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, que tiene como principales referentes a Perdía y Eduardo “El Negro” Soares, a grupos y comunidades mapuches que estuvieron en conflicto en la zona patagónica. Abogados de esta agrupación tomaron el caso de los familiares del joven mapuche Rafael Nahuel, quien murió en noviembre del 2017 en el marco de un desalojo a cargo de una patrulla del Grupo Albatros de Prefectura Naval.
En relación a Vaca Narvaja, trascendidos periodísticos lo vinculaban con las comunidades de pueblos originarios en litigio.
En una conversación en el año 2020, el ex jefe de Montoneros reivindicó los reclamos de los grupos mapuches por sus “derechos ancestrales”, pero negó que haya algún tipo de lazo letrado o político. “Nos asocian como una forma de desprestigiarlos. Supongo que habría un holograma mío allá en Lago Mascardi, porque estoy en Capital Federal”, ironizó en una entrevista al medio alternativo Genética Sindical. La diputada libertaria de “La Libertad Avanza”, Victoria Villaruel, también había dicho en redes sociales que averiguó sobre la presunta participación del ex líder guerrillero y dijo que “directamente no es abogado de los mapuches”.
El conflicto por las tierras de las inmediaciones de Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de Bariloche, data de 2017, donde además existe tensión entre los habitantes de la zona y los miembros del asentamiento lof Lafken Winkul Mapu.
Según pudo reconstruir Infobae en el último hecho vandálico, un grupo de 20 personas ingresó al predio Los Radales el domingo a la noche y tomó posesión del edificio principal, que ya habían incendiado el 1 de agosto pasado. Habrían arrojado piedras y, presuntamente, dispararon armas de fuego, según se desprende del informe que elevó Gendarmería Nacional. Luego incendiaron la garita de vigilancia.
Ayer, el Gobierno resolvió crear un comando unificado de las cuatro fuerzas federales en Bariloche para reforzar la presencia policial en la zona de conflicto, donde al mismo tiempo se mantienen apostados efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (Coer).
La decisión se tomó este martes durante una reunión que mantuvieron el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la secretaria de Seguridad y política criminal de la cartera, Mercedes La Gioiosa, con autoridades de las cuatro fuerzas.
“Nadie dice nada”, afirmó Pichetto sobre la postura del Gobierno frente a la actual coyuntura. “Vamos a ver si se dan cuenta que esto pone en riesgo la soberanía nacional y representa un verdadero desafío a las fuerzas de seguridad”, concluyó.
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