El juez federal Alberto Lugones apeló ayer la decisión de la Junta Electoral de la Asociación de Magistrados que impugnó su candidatura para la reelección al Consejo de la Magistratura de la Nación. Lo hizo para que intervenga la magistrada electoral María Servini con el reloj corriente porque el comicio es en menos de mes, lo que agitó la interna en el mundo judicial con un sin fin de especulaciones y estrategias políticas, entre las que se encuentra un pedido de intervención inmediata de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de la selección y acusación de jueces y a mediados de noviembre renueva a sus integrantes. Los jueces en el Consejo son cuatro y los eligen sus pares en elecciones que se harán el 18 de octubre, misma fecha en la que votan los abogados. Se presentaron tres listas. La Celeste -más cercana al oficialismo- que lleva como primer candidato a Lugones; la Bordó -la más crítica del gobierno nacional- que propone en la cabeza a Diego Barroetaveña; y Compromiso Judicial que va al tope con Eduardo Machín.
Lugones es actual integrante del Consejo y va por la reelección. La ley prohíbe la relección -debe dejar pasar un período para volver a presentarse- pero en la Celeste hicieron una interpretación que avala la candidatura de Lugones. Señalan que fue electo en 2018 con una ley que la Corte Suprema declaró inconstitucional y que en ese decisión repuso la norma anterior por la que Lugones no fue elegido. Así, con esa ley este sería un primer mandato y no una relección. También que esa fue la interpretación que hicieron jueces federales en los casos de Carlos Matterson y Diego Molea, dos consejeros que se presentaron en la justicia para que avalen una eventual relección en caso que quisieran presentarse, lo que no hicieron a pesar de tener los fallos a favor.
La candidatura de Lugones fue impugnada por Machín ante la Junta Electoral de la Asociación de Magistrados. Desde Compromiso señalaron que los casos de Matterson y Molea son particulares para ellos y que no se puede extender a otras personas, por lo que Lugones debería haber iniciado su propia causa. También que la Corte Suprema cuando declaró inconstitucional la anterior ley dijo cuáles eran los casos de consejeros que podían ir por una reelección y entre esos no estaba el de Lugones.
Primero Machín hizo un llamado público para que Lugones desista de su candidatura. Como no bajó su candidatura, lo objetó oficialmente. En la interna judicial, la Bordó hizo silencio. Finalmente, por tres votos a dos, la Junta impugnó el domingo a la noche la candidatura. Fue con los votos de los dos representantes en la Junta de la Bordó y el de Compromiso. Los dos integrantes de la Celeste avalaron a Lugones.
“Ante la claridad del texto legal aplicable al caso debe concluirse que la candidatura del Dr. Alberto Agustín Lugones no cumple con el requisito legal que impone el transcurso de un período completo a los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación que aspiren a la reelección”, sostuvo Rafael Barreiro de Compromiso Judicial en su voto.
“En derecho electoral, lo que me hacen se llama proscripción”, dijo ayer Lugones en un reportaje con radio Perfil jugando una carta más política. El consejero juez tenía dos caminos: bajar su candidatura o apelar la decisión. Siguió el segundo y ayer hizo una presentación ante la jueza electoral Servini donde la Celeste reclamó que se avale la candidatura. “Cuestionamos la decisión de la Junta basado en fundamentos ampliados de los que venimos sosteniendo”, le dijo a Infobae una fuente que trabajó en la presentación.
A la espera de la decisión de Servini se abrieron especulaciones de cómo seguirá el derrotero. En la lista Celeste saben que la impugnación puede continuar. Por eso comenzaron a explotar alternativas para suplantar a Lugones. Si el consejero no puede presentarse su reemplazante sería Walter Venditi, juez de un Tribunal Oral Federal de San Martín quien ya fue candidato por esa lista el año pasado para la presidencia de la Asociación de Magistrados. Y como suplente de Venditi iría Roberto Lemos Arias, de la Cámara Federal de La Plata.
Pero si Servini avala la candidatura de Lugones, Compromiso Judicial apelaría la decisión. La instancia superior es la Cámara Electoral. Allí se empiezan a presentar algunos problemas. Uno de sus jueces es Daniel Bejas, que es candidato en la lista Celeste, por lo que no podría intervenir. Otro integrante del tribunal, Alberto Dalla Vía, está de licencia por dos semanas, y como los tiempos apremian no podría intervenir. Queda un solo camarista electoral, Santiago Corcuera, por lo que se debería completar el tribunal para resolver.
La ley establece que la Cámara Electoral se completa con jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal. “Algunos de ellos también están en las listas de candidatos y otros dieron su aval a la candidatura de Lugones por lo que ya opinaron que su postulación es correcta y sería raro que intervengan. Y nosotros podemos recusarlos”, le dijo a este medio un armador político de Compromiso.
Lo que corre es el reloj: falta menos de un mes para las elecciones. Así que en Compromiso analizan presentar un per saltum para que intervenga directamente la Corte Suprema en el caso -sin pasar por la Cámara Electoral- por considerar que se trata de una situación de gravedad institucional. El máximo tribunal no es ajeno al Consejo. Horacio Rosatti es el titular de la Corte y del Consejo luego del fallo de inconstitucionalidad.
La situación que atraviesan los jueces agita la campaña. Algunos integrantes de la Celeste critican en voz baja la decisión de Lugones y piensan que los puede perjudicar. Inclusive hace un tiempo hubo un intento de dividir la lista. Pero aceptaron la candidatura de Lugones porque le reconocen el liderazgo en la agrupación.
En Compromiso y la Bordó entienden que hacer campaña diciendo que un juez que no respeta la ley busca llegar al Consejo donde se debe hacer cumplir la ley puede beneficiarlos. Pero no saben para qué lado caerá la moneda. Mientras tanto todos miran de cerca la decisión que vaya a tomar Servini, una magistrada con años de lidiar en internas políticas y judiciales.
Otra causa judicial
Pero la situación de los jueces no es la única que está judicializada. Leandro Vergara y Silvina Nonna, decano y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presentaron el lunes un amparo por que se declare la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo Interuniversitario Nacional por la que se estableció la forma en la que se va a elegir a un profesor o profesora de las universidades como representante en el Consejo de la Magistratura.
El amparo objeta que la elección sea por un colegio electoral y no por la elección directa de todos los profesores titulares regulares. Así pidieron que “se asegure el ejercicio de los derechos políticos que constitucional y legalmente corresponden a los/las profesores/as titulares regulares de todas las facultades nacionales de derecho a elegir a su representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación en forma directa y personal, sin distorsiones”. La causa quedó a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo.
SEGUÍ LEYENDO: