El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, apuntó contra el Gobierno Nacional por el ataque realizado por un grupo de personas, que estarían vinculadas a agrupaciones mapuches, a una casilla móvil de la Gendarmería instalada en la localidad de Villa Mascardi, Río Negro.
El funcionario del Gabinete de Axel Kicillof renovó sus críticas hacia la administración de Alberto Fernández y, a través de sus redes sociales, calificó como “un acto de entrega y concesión de nuestra soberanía nacional lo que está ocurriendo en nuestra Patagonia”. “La Patria no se negocia con nadie; ni con los sectores económicos de poder, ni con los grupos radicalizados autodenominados mapuches”, enfatizó en su cuenta de Twitter.
En la misma publicación citó a José de San Martín para graficar su malestar con el Gobierno luego del incidente: “Cada paso para atrás en nuestra historia de pueblo independiente, desde lo político, lo territorial y lo económico, nos costará sangre, sudor y lágrimas”.
El hecho ocurrió el domingo por la noche cuando un grupo de encapuchados, pertenecientes presuntamente a una agrupación mapuche, incendió una casilla móvil que Gendarmería Nacional había instalado en Villa Mascardi para custodiar un predio que había sido vandalizado el 1 de agosto pasado.
Con piedras, palos e incluso disparos -de acuerdo a lo que afirmaron vecinos de la zona-, los agresores sorprendieron a los cinco uniformados que estaban en el puesto móvil, quienes tuvieron que retirarse para no resultar heridos.
De acuerdo a lo que expresaron los pobladores del paraje ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, se produjo un enfrentamiento entre integrantes de la agrupación Winkul Lafken Mapu, que desde 2017 usurpa tierras públicas y privadas de la zona, e integrantes de la fuerza de seguridad.
La casilla incendiada estaba dentro de la propiedad. Los encapuchados la rodearon y arrojaron líquido combustible para provocar el incendio e hicieron lo propio con un galpón situado en la misma propiedad.
Infobae accedió a un informe elaborado por la fuerza de seguridad afectada en el que se muestran imágenes de cómo quedó el puesto luego de haber sido incendiado. En una de las fotografías se pueden observar una serie de orificios, aparentemente de bala, en uno de las paredes del lugar atacado. Toda esta información está ahora en manos del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo de María Silvina Domínguez, que inició una investigación por el hecho.
Al tomar conocimiento de lo sucedido, la magistrada ordenó que se le tome declaración a los testigos, que se elabore un croquis del lugar y que se registren muestras fotográficas y fílmicas del predio, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido.
Por otra parte, también interviene en el caso la Fiscalía N° 6 en turno, que conduce María Alejandra Bartolomé, quien dispuso que la Policía de Río Negro labrara las actuaciones de rigor, mientras que personal de la Gendarmería controlaba a los vehículos que circulan en la zona de “Los Maitenes”, ubicada a unos 6 kilómetros de donde se encontraba la casilla móvil incendiada.
En el informe, la Gendarmería precisó que los agresores actuaron “en gran número, incluso con presencia de menores de edad” y, “aprovechando la oscuridad del lugar”, con “presumiblemente disparos de armas de fuego y piedras”, terminaron destruyendo por completo las instalaciones.
Por su parte, en este contexto, los cinco efectivos que se encontraban custodiando el predio por orden de la Fiscalía Federal de Bariloche, “al verse superados en número, procedieron a replegarse del lugar inmediatamente en un furgón”.
Además, la fuerza de seguridad detalló que se detectó el faltante de “dos cascos de KVLAR” y resaltó que la propiedad atacada “se encuentra próxima a la toma ilegal que mantiene la comunidad autodenominada mapuche ‘Lof Lafken Winkul Mapu’”.
Tras confirmar que los agresores ya habían huido, los Bomberos apagaron el incendio y tanto el personal afectado como los vehículos, armamento y medios de comunicación que se encontraban en la casilla y que resistieron el fuego, quedaron bajo resguardo de las autoridades.
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