El juez Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal, resolvió este martes que la denuncia que radicó la Agencia Federal de Inteligencia contra la agrupación Revolución Federal por una conversación en Twitter en donde amenazaban a dirigentes se debe investigar en otro expediente distinto al de la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Es que Llorens dirimió en un conflicto entre dos jueces y dos fiscales de Comodoro Py sobre el tema: el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita opinaron que estos hechos deben ser parte del caso por el intento de homicidio a la Vicepresidenta; y la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, que llevan ese expediente, sostienen que -a esta altura- no hay elementos concretos para ligar a esa agrupación con los cuatro detenidos por el ataque.
En un fallo, al que accedió Infobae, el camarista Llorens afirmó que “de las constancias hasta ahora reunidas en esta incipiente pesquisa, resultan insuficientes para sostener el vínculo pretendido y afirmar la conveniencia del trámite conjunto de los expedientes”. El juez subrayó que “con el objeto de evitar pronunciamientos prematuros que resulten contrarios a los fines perseguidos” y sin perjuicio de lo que surja del avance de la investigación, “corresponde que sea el juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8 el que prosiga entendiendo en estas actuaciones”.
Vale aclarar que hay una tercera causa que tiene en la mira a Revolución Federal. La tiene el juez Ariel Lijo y es por un incidente a unas cuadras de la casa de Cristina Kirchner antes del atentado. Allí a uno de los referentes se le habría detectado combustible en su mochila.
El caso
La denuncia tiene una significancia importante para el Gobierno. Primero porque ven con preocupación el crecimiento de grupos violentos radicalizados y apuntan especialmente a Revolución Federal; segundo porque la denuncia la hizo la propia AFI dentro de la causa del atentado en base a un diálogo en Twitter registrado unos días; y tercero porque la propia Cristina Kirchner aseguró el viernes pasado que no creía que la banda de los copitos hubieran planificado el atentado en su contra. “Nadie puede creer que esa banda tiene la autoría intelectual”, aseguró.
La AFI reportó que el 26 de agosto tuvo lugar la charla de casi dos horas en Twitter, en un espacio que habría sido creado por la agrupación Revolución Federal, titulada “¿Hay que pudrirla?”, en donde conversan los referentes Jonathan Morel y Franco Castelli. “Hoy, por ejemplo, veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque, si no, ¿sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje? Pero yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia”. En otro diálogo, uno le pregunta al otro si vivía cerca de la casa de Máximo Kirchner, en Santa Cruz, y al recibir una respuesta positiva, le retruca: “¿Cómo no lo mataste, boludo?”. Y decía que podía pudiera le abollaría a patadas el auto a Alberto Fernández. “Se lo prendo fuego, hijo de puta, viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo”, decía.
La denuncia fue presentado por la AFI en la causa del atentado. Capuchetti giró el caso a sorteo y le tocó a Martínez De Giorgi, a quien le informó que en su causa no está investigando a Revolución Federal. Fue entonces que tras una serie de diligencias, Martínez de Giorgi y el fiscal Pollicita decidieron devolver el expediente a la magistrada por entender que la denuncia de la AFI tenía que ser analizada dentro de la causa del atentado.
“No podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la instigación de Brenda Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación”, dijo Pollicita. ¿Por qué? Es que, según resaltó, hubo “otros sucesos que constituyen una escalada temporo-espacial de violencia desplegada desde la agrupación hacia funcionarios de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional”.
Y allí hizo un punteo sobre distintos episodios que tuvieron lugar desde inicios de agostos, con incidentes en la asunción del ministro Sergio Massa, la marcha de las antorchas, en la que se sacó una foto Brenda, o un incidente frente a la casa de Cristina Kirchner el 23 de agosto. Es que allí Leonardo Sosa fue detenido por un hecho de resistencia a la autoridad acontecido en las inmediaciones del domicilio de Cristina Fernández De Kirchner, en la esquina de las calles Juncal y Uruguay. Habría intentado arrojar una valla hacia el edificio en cuestión y se habría secuestrado una bomba molotov en la mochila que portaba. Ese caso lo sigue el juez Ariel Lijo.
Con la denuncia de vuelta, tanto la jueza Capuchetti como Rívolo entendieron el jueves pasado que no hay elementos concretos para ligar a esa agrupación con la causa en sí. ¿Por qué? Estos fueron sus argumentos:
-“De la reconstrucción efectuada a partir del conjunto de elementos de prueba hasta aquí obtenida, no se ha vislumbrado hasta el momento ninguno que vincule -objetivamente- a los acusados con la agrupación Revolución Federal; ni con sus miembros o líderes ni que permitan sostener que el hecho específico que intentaron consumar hubiese sido planificado y organizado por o con los miembros de ese grupo”;
-”Sostener esa postura –insisto, sin otros elementos concretos y objetivos de conexión que son aun inexistentes- implicaría acumular a la investigación del intento de homicidio de la Sra. Cristina Fernández, a la totalidad de expresiones -incluso las violentas realizadas por personas o agrupaciones en contra de su figura o la de otros funcionarios públicos…”;
-“La circunstancia de que Brenda Uliarte hubiere concurrido a una manifestación que tuvo lugar el 18 de agosto pasado frente a la Casa Rosada, difundida públicamente como “marcha de las antorchas” y que habría organizado el grupo “Revolución Federal”, no vincula -sin más- a esa agrupación con el hecho específico llevado a cabo por Sabag Montiel y Uliarte el 1° de septiembre del corriente contra la Vicepresidenta”;
-En una conversación mantenida el 28 de agosto entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz por Whatsapp, la novia de Fernando Sabag Montiel afirma: “Los liberales ya me tienen re podrida llendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en plaza de mayo Basta de hablar hay que actuar” (sic) y “Mande a un tipo para que la mate a cristi”. Frente a ello, la fiscalía afirmó que “de las expresiones de Brenda Uliarte parece vislumbrarse más un designio criminal propio dirigido a dar muerte a la Sra. Vicepresidenta -junto a otra persona ejecutora que resultaría ser Sabag Montiel- que a llevar adelante el plan delictivo de la agrupación Revolución Federal…”;
-Del informe confidencial de inteligencia incorporado a la causa CFP 2998/22 remitido por la Unidad de Información Financiera, no surgen vínculos entre Sabag Montiel, Uliarte, Díaz y Carrizo con los líderes de la agrupación Revolución Federal Leonardo Franco Sosa y Jonathan Ezequiel Morel.
-”No se trata aquí de negar la vinculación que pudiera existir entre las expresiones que esa agrupación difunde a través de redes sociales y su eventual significación delictiva, sino de mostrar que más allá de las conjeturas que se han realizado a partir de publicaciones periodísticas y de usuarios de redes sociales, no se ha evidenciado hasta aquí en uno ni otro expediente ningún elemento objetivo que razonablemente permita sostener la conexidad planteada y aconseje la investigación conjunta”.
Ahora, fue el juez Llorens el que dirimió cuál de los dos juzgados le corresponde sustanciar la investigación. Y entendió que por el momento la causa debía tramitar por cuerda separada, como lo resolvieron Capuchetti y Rívolo.
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