Ricardo Jaime suma condenas por seis hechos de corrupción: un caso muy difícil de encajar en la teoría del lawfare

Ricardo Jaime fue secretario de Transporte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2009. Ejerció el cargo durante 2226 días y lleva 2397 días detenido por delitos de corrupción cometidos mientras fue funcionario público.

Es el único ex funcionario del kirchnerismo condenado por casos de corrupción que continúa detenido. Condenados hay varios pero Jaime está alojado en la cárcel de Ezeiza desde hace seis años, seis meses y 23 días. Fue detenido por orden del juez Julián Ercolini el 2 de abril de 2016 y desde entonces permanece tras las rejas.

La primera condena de Jaime fue dictada en 2013 por un Tribunal Oral Federal de Córdoba, la provincia en la que Jaime nació y en la que fue la cara del Frente para la Victoria. Aquella condena fue leve: le dieron seis meses de prisión en suspenso por haber intentado robar pruebas en un allanamiento realizado en 2010 en la causa en la que se investigaba su enriquecimiento ilícito. Esa condena está firme.

La segunda condena y tal vez la que indica el modo en que se ejerció la función pública por aquel entonces fue dictada en octubre de 2015. Jaime pactó un juicio abreviado y se declaró culpable de haber recibido coimas de dos grupos empresarios a los que debía controlar como secretario de Transporte.

El conglomerado de Néstor Otero, quien todavía tiene a su cargo la explotación de la Terminal de Ómnibus de Retiro, pagaba desde 2003 -apenas asumió en el su cargo- el alquiler mensual del departamento en el que vivía Jaime. Es decir que un concesionario que estaba bajo su supervisión abonaba el alquiler de su vivienda. Jaime confesó recibir coimas en forma de pago del alquiler.

En el mismo juicio Jaime también confesó haber recibido el pago de taxis aéreos por parte del grupo Trenes de Buenos Aires que durante los años del kirchnerismo tenía la concesión del Ferrocarril Sarmiento y de líneas de colectivos. Jaime admitió, otra vez, que un concesionario al que debía controlar, le pagaba coimas, esta vez en forma de taxis aéreos destinados a pasar fines de semana de descanso fuera de Buenos Aires con amigos y familiares. A raíz de la confesión de Jaime el juez Julián Ercolini lo condenó a un año y dos meses de prisión en suspenso. También a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años. Las penas de las condenas no se suman aritméticamente, sino que se unifican o componen. La unificación de las primeras dos condenas se fijó en un año y medio de prisión en suspenso.

Aquellas dos condenas se dictaron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por aquel entonces el concepto de “lawfare” no había ingresado al discurso público del kirchnerismo. Jaime -hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner- había sido condenado por coimero confeso. Al oficialismo no se le ocurrió antes de 2015 negar los casos de corrupción con el argumento de que había una “guerra jurídica” fomentada por el “sectores del poder judicial, la oposición y los medios hegemónicos destinada a perseguir a integrantes de un partido político”. Esa argumentación se comenzó a usar luego de 2015 y cuando avanzaron causas por corrupción que involucraran a Cristina Fernández de Kirchner. Para Jaime, el pionero, y otros que fueron condenados más tarde, el concepto no fue utilizado.

En diciembre de 2015 -días después del cambio de gobierno nacional- llegó la condena más grave por un caso de corrupción seguido de muerte: la Tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal 2 consideró que Jaime en tanto secretario de Transporte fue uno de los responsables de la administración fraudulenta de los bienes del Estado que derivó en la falta de mantenimiento que produjo el choque del tren del Ferrocarril Sarmiento aquel 22 de febrero de 2012. Luego una Sala de la Cámara de Casación condenó a Jaime además de por la administración fraudulenta por el choque en sí mismo. La Corte confirmó todas las condenas del resto de los imputados por la Tragedia de Once pero mandó a revisar la de Jaime por Casación nuevamente. En abril pasado la Casación ciñó la responsabilidad de Jaime solo a la administración fraudulenta y fijó la pena en seis años de prisión efectiva. Esa pena se unificó con la de las dos primeras condenas.

En abril de 2022 y luego de tres años de juicio oral y público Jaime recibió condenas -en un mismo juicio- por diferentes hechos de corrupción aunque relacionados. El Tribunal Oral federal 6 lo halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito porque no pudo justificar los bienes que compró (a través de testaferros, algunos de ellos familiares) mientras fue funcionario público. Entre los bienes que consiguió Jaime durante los años que tuvo poder se halla un avión valuado en cuatro millones de dólares que el ex funcionario usaba como quería.

La condena por enriquecimiento ilícito es un resumen de su carrera como recaudador de dinero ilegal durante el kirchnerismo: no hay modo de explicar la fortuna de su círculo de negocios y de su familia que no sea a través de la recepción de coimas.

Precisamente por el cobro de coimas se lo condenó también en el mismo juicio. Fue hallado culpable, junto a su testaferro Manuel Vázquez, de quedarse con coimas que se efectivizaron en relación a la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal. Esa condena por coimero se sumó a otra por defraudación contra la administración pública por la adquisición de rezago ferroviario en sí misma. Es decir que por la operación millonaria de trenes europeos Jaime fue condenado por dos delitos diferentes: las coimas y el mal uso de los recursos del Estado. En el caso de la administración fraudulenta por aquella compra de trenes también fue condenado Julio De Vido, quien manejó el ministerio de Planificación del que dependía la secretaría de Transporte donde Jaime hacía negocios oscuros. A Jaime se le fijó una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. Esa condena aún no fue unificada con las anteriores.

Hace unos días el Tribunal Oral Federal 8 firmó la última condena por corrupción para Jaime. Los jueces hallaron culpable al ex secretario de Transporte por haber pactado una coima con la empresa Alstom que había ganado la licitación del nunca concretado Tren Bala. La coima-nuevamente una coima- se iba a pagar en cuotas si se concretaba la obra. En esa ocasión le fijaron una pena de dos años y medio de prisión en suspenso. Esta pena tampoco se unificó aún con las anteriores.

Solo las dos primeras condenas están firmes. El resto está en proceso de revisión por Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. S

Jaime, además de las condenas por seis hechos, tiene varios casos abiertos por corrupción aún bajo investigación. Uno de ellos es por la sospecha de pago de coimas en el contrato del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento que se inició cuando Jaime era secretario de Transporte y la empresa Odebrecht repartía sobornos por todo el continente.

En el Tribunal Oral Federal 4 se juzgará un caso en el que Jaime está acusado de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y de negociaciones incompatibles con la función pública. Jaime y De Vido deberán responder por el hecho de no haber llamado a renegociar los contratos de concesión del transporte ferroviario como lo indicaban las normas dictadas a partir de 2003. Jaime también deberá explicar por qué jamás puso en marcha el ente que debía coordinar acciones para mejorar el sistema de transporte ferroviario con los municipios del Conurbano, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el Tribunal Oral Federal 5 Jaime tiene pendiente otro juicio. Está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública por haber renegociado en 2006 el contrato de concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro por un canon menor que el que abonaba hasta entonces el empresario Otero, el mismo que le pagaba el alquiler de su departamento. Es decir que Jaime favoreció con un contrato perjudicial para el Estado al empresario que le pagaba coimas. En el caso de enriquecimiento ilícito dos de los condenados como testaferros Alfredo Pielach y Lisandro López, eran empleados de Otero. Los dos hombres compraron un hotel en Carlos Paz que manejaba Julieta Jaime, una de las hijas del ex funcionario, también condenada como testaferro.

Jaime también será juzgado alguna vez en el juicio que se realizará a partir de lo demostrado en el Caso Cuadernos. en el que está imputada, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner. El ex secretario de Transporte fue acusado de recibir coimas por Aldo Roggio y Gabriel Romero, empresarios del transporte que como arrepentidos admitieron el delito de entregar dinero a ex funcionarios kirchneristas.

Su amigo Néstor Kirchner lo convocó para que encabezara un área en la que había millones de pesos en negocios y subsidios. Jaime, ingeniero agrónomo -que había sido entre otras cosas ministro de Educación de Santa Cruz- no tenía ninguna experiencia en el área de Transporte. Pero se mantuvo en el cargo a fuerza de fidelidad a su jefe político y viejo compañero de largas noches en Santa Cruz: Jaime se jactaba – según varios testigos-de llevarle bolsos con dinero a Kirchner casi todos los viernes.

Las condenas más los casos que están bajo investigación permiten describir un mecanismo de recaudación de dinero negro que funcionó en la secretaría de Transporte. Las pruebas de la corrupción extendida describen un sistema que no se limitaba a las decisiones personales de Jaime. El ex funcionario recaudaba para su organización política y también para sí mismo.

¿Era Jaime un lobo solitario? ¿Podía recaudar millones de dólares de coimas sin que sus jefes lo supieran? Después de más de una década de iniciados los procesos judiciales, la acumulación de condenas y expedientes aún en trámite que describen el funcionamiento de un sistema de corrupción amplio, la respuesta más sincera a ambas preguntas parece ser no.

Jaime fue un pionero. En todo. Fue el primer ex funcionario kirchnerista en estar prófugo de la Justicia cuando pidieron su captura en julio de 2013. Fue el primero en asumirse coimero en octubre de 2015. Fue el primero en ser detenido en abril de 2016. Fue el primero en acumular condenas por seis hechos de corrupción. Ningún dirigente importante del kirchnerismo dijo públicamente que su caso podría ser analizado bajo el concepto de lawfare.

Probablemente porque no sea posible hablar de “persecución” contra alguien que tiene un abultado prontuario por condenas por corrupción. Aunque haya formado parte de la misma estructura politica que gobernó entre 2003 y 2015 y que gobierna en la actualidad. O porque el “lawfare” se utiliza para explicar tan solo los delitos de los que está acusada una persona.

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