Hay 1,2 millones de armas de fuego registradas en Argentina, pero sólo el 25% tiene la tenencia vigente

El intento de homicidio a Cristina Kirchner con una pistola, además de exponer las fallas de su custodia, reabre el debate sobre el acceso a armas de fuego en el mercado ilegal argentino. Con el avance de la investigación judicial se supo que la Bersa .32 con la que Fernando Sabag Montiel intentó matar a la Vicepresidenta, la habría comprado su novia Brenda Uliarte, de 23 años, en abril pasado. Ambos fueron procesados por tentativa de homicidio agravado con alevosía, así como por portación ilegal de arma de fuego, a sabiendas de su procedencia ilegítima, y acopio de municiones sin autorización.

La ley establece penas máximas de 2 años para la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil, y de hasta 4 años para la portación por parte de una persona no registrada como legítimo usuario. Si se trata de un arma de guerra, la pena máxima sube a 6 años, y llega hasta los 8 años y seis meses en el caso de portación ilegal.

Actualmente, son 1.063.475 los usuarios autorizados a tener, llevar y manejar un arma. Sin embargo, el 75% está en situación irregular con la autorización vencida. Este porcentaje se había incrementado en la pandemia, cuando llegó al 90%, pero desde finales de 2021 comenzaron a regularizarse los trámites para las renovaciones, según datos que maneja de la Red Nacional para el Desarme (RAD). Infobae le solicitó esta información a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) a principios de la semana, el organismo oficial ante el que se debe solicitar la credencial, pero si bien desde el área de Prensa quedaron en responder, finalmente no lo hicieron. El organismo está conducido por la militante kirchnerista Natasa Loizou.

Los legítimos usuarios son aquellos que obtuvieron su credencial luego de haber realizado el trámite que incluye un examen psicofísico y demostrar idoneidad en el manejo de armas. Como la autorización vence a los cinco años, los que hoy la tienen al día son en realidad unos 250.000 usuarios, de acuerdo a la información que maneja la RAD.

En cuanto a armas legales en todo el territorio nacional suman unas 1.200.000 las registradas, aunque sólo el 25% tiene la tenencia vigente. “No todos los legítimos usuarios tienen armas. Muchos tramitan la autorización por cuestiones laborales aunque no posean una propia”, explicó Adrián Marcenac, integrante de la RAD, a Infobae.

“Por fuera del registro del Estado, hay alrededor de 2 a 3 millones de armas más. La mayoría de ellas, en algún momento, fueron inscriptas o sus tenedores murieron y quedaron en un limbo en casas de familia. Por eso es clave el programa de entrega voluntaria para reducir ese stock de armas que quizás quedaron olvidadas o sin uso en un cajón, ya que por un motivo u otro, pueden terminar en manos de delincuentes”, agregó este militante de la lucha por el desarme de la sociedad civil luego del asesinato de su hijo Alfredo en 2006, en manos de Martín Ríos, un amante de las armas conocido como “el tirador de Belgrano”.

Estas cifras implican que en total existen entre 3 y 4 millones de armas circulando en total en el país, incluyendo las no registradas.”Hoy comprar un arma que anda dando vueltas, es relativamente fácil. El gran proveedor de armas que caen en manos de los delincuentes es justamente el sistema judicial y policial, que se queda con la guarda de armas que no se mandan a la ANMAC para su destrucción”, advirtió el referente de la RAD.

En la causa por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, los investigadores determinaron que Uliarte la que había comprado el arma, hace casi 5 meses. Según los mensajes de su celular, el 22 de abril le cuenta a una amiga identificada como “Serena”: “Ya tengo el fierro. Lo compré porque mi jefe se puso jede” (pesado). Hasta que trascendió ese intercambio, según los registros del arma, la Bersa era de un vecino fallecido de Sabag Montiel en Villa del Parque, el barrio donde vivía Sabag anteriormente. En los mensajes no hay precisiones de cómo la adquirió la joven, si fue robada a su dueño original, o la compró, y en eses caso dónde y a quién.

Los requisitos en Argentina

Para que una persona pueda tener un arma en el país debe, previamente, solicitar la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) de Armas de Fuego ante la ANMAC, el organismo encargado de la aplicación, control y fiscalización de la ley de Armas y Explosivos (Nro 20.429). Se trata de un requisito obligatorio para cualquier tipo de posesión, transporte o actividad relacionada con el uso de armas, ya sean propias o de terceros. Dura cinco años y debe renovarse dentro de los noventa días anteriores a su vencimiento.

Los requisitos son ser mayor de 21 años, carecer de antecedentes penales, contar con un certificado psicofísico otorgado por un profesional inscripto en un registro de la ANMAC, tener un medio de vida lícito, y hacer un curso que demuestre la idoneidad en el manejo de armas en los tiros federales que hay en el país, o con armeros habilitados.

Recién con la CLU, la persona puede comprar un arma, que luego tiene que inscribir para registrar la tenencia. Esa tenencia tiene carácter de título sobre el arma y sólo habilita al legítimo usuario a transportarla descargada, con cargador y municiones por separado, y a usarla con fines lícitos como la caza o el tiro deportivo. No caduca para el arma en cuestión, siempre y cuando la persona tenga vigente la Credencial de Legítimo Usuario. Por separado, el interesado debe sacar tramitar una credencial para la compra de municiones, ya que se limita el número de municiones a adquirir por año.

La portación, en cambio, habilita a llevar el arma cargada en la vía pública, y la autorización tiene una duración de un año, es decir que anualmente el usuario debe tramitarla y ser evaluado para ver si sigue en condiciones de portarla nuevamente.

El sistema legal argentino no reconoce a la tenencia y portación de armas como derechos, sino como excepciones. En particular, la portación está mucho más restringida y debe estar justificada por motivos de seguridad o profesionales, como trabajar en una empresa de seguridad privada. Los jueces, por ejemplo, también pueden tramitarla si lo desean.

A finales de mayo pasado, el debate sobre la portación de armas se reavivó en el país luego del tiroteo en una escuela de Texas que dejó a una veintena de muertos y sacudió al mundo. Si bien en nuestro país está prohibida la venta a civiles de fusiles de alto calibre como el que se usó en esa escuela, un día después, el diputado nacional y titular del partido Avanza Libertad, Javier Milei, declaró que estaba a favor de la libre portación.

Sus afirmaciones generaron rechazo desde distintos sectores de la política. Uno de ellos fue el entonces presidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien consideró que ese tipo de posturas “es un delirio” y alienta “la ley de la selva”. A contramano del libertario, opinó que es necesario “subir las penas” para aquellos que se arman sin permiso.

Récord de solicitudes

Desde enero de 2016 al 31 de agosto pasado, 327.412 personas solicitaron la condición de legítimo usuario de armas ante la ANMAC (ex Registro Nacional de Armas), de las cuales el 98% son hombres. El año en que más requerimientos hubo fue el 2021, con 75.398 peticiones. En los primeros ochos meses del 2022 ya se presentaron 55.743 requerimientos, lo que indicaría que este año se superaría esa cifra.

De la información publicada en el sitio de Datos Abiertos del Ministerio de Justicia y analizados por Infobae, surge que en los dos años y medio de gestión de Alberto Fernández se presentó la misma cantidad de solicitudes de legítimo usuario que en los cuatro de Mauricio Macri. No se identifica a cuántos de los solicitante se les rechazó la credencial.

A su vez, en estos últimos siete años, hubo 158.916 solicitudes para obtener la tenencia de un arma. El 2017 fue el año con más credenciales de tenencia requeridas: 34.215.

Las armas secuestradas por la policía

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre noviembre de 2017 y julio de 2022 se secuestraron y decomisaron 517 armas durante procesos penales sustanciados en el fuero nacional y federal. La mayoría (235) eran pistolas, seguidas de revólveres (135). También, en ese período, quedaron bajo custodia 69 escopetas, 22 carabinas, 22 fusiles y 11 rifles, de acuerdo al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal consultado por Infobae.

Esta cifra no incluye las incautadas por las justicias provinciales. Por la ley 25.398 del 2004, que creó el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales controlados, secuestrados o incautados, todos los poderes judiciales y fuerzas policiales de las distintas jurisdicciones deben catalogar y recabar la información disponible sobre las armas secuestradas, y enviarlas luego a la ANMAC para su depósito definitivo y destrucción. Pero no todas las provincias adhirieron a esa norma.

“En la práctica, eso que dice la ley no sucede. Hay muchas armas amontonadas en depósitos judiciales o policiales sin condiciones adecuadas de seguridad, sin registro y sin trazabilidad. Y si el juez, en su fallo, no ordenó explícitamente su destrucción, nadie se anima a destruirla. Pasan los años y quedan sin demasiado resguardo. A veces, quedan en la comisaría, en un baño que ya no se usa. Hay mucho descontrol sobre esas armas secuestradas. Es parte del control que hay que empezar a hacer como una política pública a nivel nacional, de manera consensuada con las provincias”, analizó Marcenac.

Desarme voluntario

En lo que puede ser leído como una reacción al atentado contra la vicepresidenta, la Cámara de Diputados aprobó este mes la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023, cuya prórroga anterior había vencido el 31 de diciembre del año pasado. Este programa promueve la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones para su destrucción, a cambio de un incentivo económico. También concede una amnistía penal por los delitos de tenencia y portación ilegítima de armas de fuego a aquellos que desean descartar sus armas y municiones.

Desde la puesta en marcha en 2007, se recibieron e inutilizaron más de 200.000 armas de fuego y alrededor de 2.000.000 de municiones, que fueron trituradas y luego fundidas.

La Directora Ejecutiva de la ANMAC destacó la sanción de la ley que dispuso la prórroga del Programa “como parte central de la política de Desarme Voluntario” por ayudar a “la reducción de la circulación de armas en la sociedad y en la promoción de la resolución pacífica de los conflictos, para construir una sociedad sin violencia”. Loizou advirtió en distintas oportunidades que el anterior gobierno desmanteló el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), impulsado en 2007 por Néstor Kirchner, que fue premiado por la ONU en 2013. Al mismo tiempo, paralizaron la regularización de los trámites de los legítimos usuarios, como también las destrucciones de armas.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae accedió a las solicitudes de Condición de Legítimo Usuario de Armas de Fuego y de portación de armas de fuego que publica el sitio de Datos Abiertos del Ministerio de Justicial publicados en el repositorio oficial de Gobierno Abierto. También se consultaron los datos de bienes decomisados durante el proceso penal nacional y federal. Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, con sus respectivas pestañas, siga este enlace.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

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