La oposición buscará que Kicillof actualice por inflación los fondos que van a los municipios

Los intendentes de Juntos insisten con la demora en el Fondo de Infraestructura Municipal. Preparan un pedido formal para el presupuesto 2023. El gobernador se mostró con oficialistas y opositores en la firma de convenios

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El intendente de La Plata, Julio Garro (PRO) firma acuerdos con Axel Kicillof a través del Banco Provincia
El intendente de La Plata, Julio Garro (PRO) firma acuerdos con Axel Kicillof a través del Banco Provincia

Los intendentes de Juntos empiezan a trazar algunos lineamientos para lo que será la discusión del Presupuesto 2023 en la provincia de Buenos Aires y buscarán que esta vez el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) -una masa de recursos que le garantiza tener obras mostrables, también de cara al año electoral- se institucionalice en el texto que el gobernador Axel Kicillof presentará a finales del mes de octubre o principios de noviembre. Además, pedirán generar una actualización automática del FIM atada a la inflación.

“Yo pido que me den más plata para llevarle a esa gente que le prometí esas calles que le corresponden. Es un pedido lógico, sabemos que hay mucha inflación”, sostuvo el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro (PRO) este lunes. El jefe comunal de la capital bonaerense será uno de los que se encabecen la negociación presupuestaria por la oposición de la llamada ley de leyes del año entrante y en ese marco sostiene -como el resto de sus pares del PRO- que hay ciertos fondos que el Ejecutivo bonaerense transfiere a los municipios que deben actualizarse.

Puntualmente, de lo que habla es del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Infobae había dado cuenta del posicionamiento que cerraron los jefes comunales UCR y PRO tras la reunión que mantuvieron semanas atrás en la ciudad de Balcarce. Los intendentes quieren mayor celeridad en el envío de fondos que corresponden al FIM y mirar el índice inflacionario para definir los montos a transferir. Las posiciones más extremas hablan de bloquear el Presupuesto si para cuando se dé el debate legislativo todavía no se terminó de desembolsar lo que corresponde al período 2022.

Las declaraciones de Garro fueron realizadas en la previa al acto de firma de convenios con 10 distritos que recibirán un financiamiento de 556,7 millones de pesos a través de Provincia Leasing para la adquisición de bienes de capital destinados a la mejora en las prestaciones de servicios públicos. Garro fue uno de los que formó parte de esos convenios.

Meses atrás, los intendentes del PRO y de la UCR se reunieron con Kicillof por el impacto de la inflación para la ejecución de obras que corresponden al FIM. Según Garro “no hubo soluciones” a este pedido. El posicionamiento de los intendentes es que lo que se acordó en diciembre del año pasado quedó “atrasado”.

Kicillof y parte de su gabinete junto a intendentes de la UCR
Kicillof y parte de su gabinete junto a intendentes de la UCR

Por eso, lo que van a plantear para la discusión del presupuesto bonaerense del año que viene es por un lado institucionalizar el FIM a través de la aprobación de un proyecto de ley y por el otro que ese Fondo cuente con un monitoreo de su monto. Una especie de cláusula gatillo atada a la inflación. “Ellos dicen que el monto del FIM se actualiza, pero lo único que se actualiza son los montos de las obras provinciales”, confío otro intendente del PRO a Infobae.

El FIM es un fondo que se distribuye a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Surgió como un pedido de los intendentes del peronismo cuando la gobernadora era María Eugenia Vidal. Ofició como prenda de negociación y sigue su instrumentación durante la gestión de Axel Kicillof. Sin embargo, nunca se incluyó en los proyectos originales del Ejecutivo y su inclusión estuvo atada a la voluntad política de las negociaciones. Para este año el acuerdo fue que se genere un Fondo de 17 mil millones de pesos.

Ahora, Juntos busca que se vote una ley para que quede establecido. La idea no es nueva. En 2017, por ejemplo, el diputado provincial del FdT Walter Abarca ya había presentado una iniciativa similar cuando el peronismo era oposición en el territorio bonaerense. Aquel proyecto proponía que “el FIM se integraba con el 5% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizados al ámbito municipal que perciba la provincia de Buenos Aires”.

Por el momento, el Ejecutivo se muestra receptivo a la demanda. Los intendentes de la oposición aseguran que son escuchados, pero remarcan la dilación en respuestas concretas. Para los intendentes del Frente de Todos, la postura de sus pares de Juntos es solamente “un posicionamiento político”. “El FIM es equitativo, todos los municipios reciben producto de la ley, al igual que el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. Este gobierno provincial ha hecho un reparto cero discrecional, para los 135 municipios”, aseguró el jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, también presente en la firma de los acuerdos de este lunes. Mantegazza responde directamente al jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien tendrá un rol preponderante en la negociación del Presupuesto y también, la Ley Fiscal Impositiva.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto a Axel Kicillof
El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto a Axel Kicillof

Por su parte, frente a intendentes oficialistas y opositores, Kicillof ponderó el acuerdo y las firmas a través del Provincia Leasing del Banco Provincia y aseguró que “es una herramienta muy importante para los municipios, ya que no solo facilita el acceso al crédito para la compra de bienes de capital, sino que permite que la adquisición sea inmediata”. En un acto junto al presidente del Banco, Juan Cuattromo, dijo que el Provincia Leasing “es un instrumento que funciona como palanca para el desarrollo de los distritos y asegura transparencia y eficacia”.

También sostuvo: “El hecho de equipar a los municipios con bienes propios permite también que capitalicen un ahorro importante al dejar de recurrir a terceros para la prestación de servicios. Es una expansión de las capacidades del Estado municipal, que lo dota de mayor agilidad y mejora la calidad de los servicios para responder prontamente a las necesidades de vecinos y vecinas”.

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