Cuarenta y ocho horas le tomó a la Justicia determinar quiénes realizaron las dos llamadas con las que amenazaron de muerte a Cristina Fernández de Kirchner doce días después del intento de magnicidio en la puerta de su casa, las cuales ingresaron a través de la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 La Plata: un niño de 12 años, que llamó desde el patio de su escuela a través del celular que le regaló su madre, y una adolescente con retraso madurativo.
Así surgió de la investigación que realizó el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y de los allanamientos realizados por la Superintendencia de Investigación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, a cargo del Comisario General Daniel Agüero y la Dirección de Contraterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El martes pasado, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, reconoció que habían amenazado nuevamente a la Vicepresidenta. “Es un mensaje. Para nosotros, cualquier hecho, por más mínimo que parezca, es importante. Ninguna cosa se debe minimizar. Les damos el valor que tienen que tener”, declaró el funcionario sobre la comunicación intimidatoria. “Fue un mensaje corto y nada más”, precisó acerca del contenido de la nueva amenaza.
Esta mañana, la policía bonaerense, bajo las órdenes del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, allanaron los dos domicilios, en Lanús y en Ezeiza, en los que estaban radicados los teléfonos desde los que se realizaron las llamadas intimidatorias.
Infobae tuvo acceso exclusivo a las intimidaciones y el resultado de los allanamientos en los que se secuestraron los celulares y hasta un arma de fuego.
El primero de ellos, tiene una duración de nueve segundos. “911 emergencias”, se escucha la voz de la operadora. “Vamos a matar a Cristina”, dice un joven, o al menos eso es lo que se percibe. De fondo, se perciben otras voces.
La otra llamada la realizó una mujer.
- 911 emergencias.
- Hola, voy a matar a Cristina (la modulación no es firme).
- ¿De qué localidad me llama?
- Hola (se escuchan voces de fondo y corta la llamada que, en este caso, duró once segundos).
El despliegue de efectivos policiales fue impactante, hasta el Grupo Alcón, con el negociador y grupos especiales se hicieron presentes en cada una de las viviendas.
Desde el primer celular ya se habían hecho casi veinte llamadas “broma”, advirtiendo sobre bombas y hasta violencia de género, se había corroborado que eran falsas alarmas y el timbre de voz parecía el de una persona de “corta edad”. Sin embargo, el magistrado y los investigadores decidieron tomar todas las precauciones. A Cristina Fernández ya habían intentado matarla frente a su domicilio y la causa había llegado al juez Kreplak, derivada su par María Eugenia Capuchetti, la magistrada que hasta el día de hoy tiene detenidas a cuatro personas por el intento de asesinato contra la ex jefa de estado: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Gabriel Nicolás Carrizo.
El juez federal de La Plata decidió que sea la Policía de la Provincia de Buenos Aires la que colabore bajo su instrucción en las investigaciones y allanamientos y no la Policía Federal Argentina (PFA).
Capuchetti ya había separado de las pesquisas por el atentado contra la Presidenta Provisional del Senado a la PFA e hizo caer la responsabilidad de las detenciones, investigaciones y peritaje de celulares de los imputados en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Según la causa a cargo de Kreplak, en los allanamientos realizados en las localidad bonaerenses de Lanús y en El Jagüel, partido de Ezeiza, se secuestraron los dos móviles de los que se realizaron las llamadas intimidatorias, se identificaron a siete personas, entre ellas las que llamaron al 911, y un revólver calibre 22 corto, marca Italo Gra, Serie 201, y 17 municiones calibre 22.
En el domicilio de Ezeiza, los investigadores establecieron “que los moradores poseen dos hijas, una de las cuales presenta algún grado de discapacidad o retraso madurativo” y que, en principio y por la voz, esta sería quien amenazó a CFK. De ser así, la joven, que es inimputable, no conocía la gravedad de lo que estaba realizando y lo habría hecho después de escuchar que habían intentado asesinar a la Vicepresidenta.
En Lanús, sobre la calle Las Piedras al 4.200, la dueña de casa reconoció que tiene “dos hijos menores de edad, 12 y 14 años, a los cuales recientemente les regaló celulares nuevos para su uso” y aclaró que “diariamente llevan consigo inclusive a la escuela, donde cursan doble turno, aunque no recuerda sus números de abonado”.
Después de la autorización judicial, la policía chequeó verificó que el celular del estudiante de 12 años “es el mismo desde donde se efectuara la llamada amenazante investigada”.
El hecho derivó en que la madre el niño, junto a una comisión policial se presentó “en el establecimiento educativo donde cursa sus estudios, llevándose a cabo el secuestro del celular en cuestión”, según consta en la causa.
El procedimiento en la escuela es aún motivo de comentarios entre estudiantes docentes y directivos. No hubo detenidos y el juez Kreplak ordenó las pericias sobre los teléfonos.
Infobae no revela la identidad de las dos personas que realizaron las llamadas amenazantes al 911 por ser menores. Tampoco el de los adultos identificados en los procedimientos por no pesar sobre ellos ninguna imputación.
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