El kirchnerismo enfrenta una tensa semana en mientras continua la etapa de alegatos de las defensas de los 13 acusados del juicio oral por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz. Hoy será el turno del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y en una semana será el de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Ambos deberán responder ante los pedidos de condena y la dura acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron 12 años de prisión para la ex mandataria, y 10 para su ex funcionario por asociación ilícita y administración fraudulenta. Además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las defensas no solo realizarán sus planteos técnicos, sino que también agregarán contenido político a sus alegatos. Mediante este proceso, buscarán desprestigiar la acusación fiscal y reforzarán la idea que sostiene que todo es parte de un expediente impulsado por el gobierno de Cambiemos y que este no cuenta con pruebas directas.
De esta manera, desde las 8.30, los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, desarrollarán sus alegatos. Se espera que el equipo use dos instancias de audiencia para exponer su defensa –el Tribunal Oral Federal 2 le dio 3 como máximo–, la de hoy y la de mañana. Así, a través de una videoconferencia, buscarán defender a su cliente de las acusación de la Fiscalía, delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Días después, el viernes, será el turno del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. Los alegatos de su defensa estarán a cargo del abogado Lucio Simoneti, quien adelantó que utilizará una sola audiencia y será de forma presencial en los tribunales de Comodoro Py. Por su parte, la Fiscalía pidió una condena de cuatro años de prisión para Fatala por el delito de administración fraudulenta.
La defensa de Cristina Kirchner
En caso de que los tiempo se cumplan, siete días después–el 19 de septiembre–, será el momento de la defensa de Cristina Kirchner. Se espera que sus abogados, Alberto Beraldi y Ari Llernovoy, utilicen tres audiencias, por lo que su alegato se extenderá toda la semana. Los abogados no informaron todavía al tribunal si su exposición será por videoconferencia o presencial en la sala de audiencias. Es una incógnita si la Vicepresidenta participará de la audiencia. El tribunal la autorizó a no estar en esta etapa del juicio por su rol institucional.
La defensa de la líder del Frente de Todos se presentará luego del intento de homicidio que tuvo lugar el 1 de septiembre. En paralelo continúa la investigación del caso, el cual tiene a Fernando Sabag Montiel y su pareja, Brenda Uliarte, como únicos detenidos. El intento de magnicidio se dio durante la vigilia que los militantes kirchneristas comenzaron a hacer en Juncal y Uruguay, donde vive CFK, luego del pedido de condena en el juicio y como muestra de apoyo a la ex presidenta.
Desde entonces, Cristina Kirchner se expresó en una ocasión contra las acusaciones de Luciani, la cual tuvo lugar en una exposición en el Senado a través de sus redes sociales: “Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones, eran un guión y bastante malo por cierto (...) No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal”.
Hasta el momento ya hubo tres defensas que pidieron las absoluciones de sus defendidos en este juicio. Ellos fueron: Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Mauricio Collareda y Raúl Daruich, ex jefes del distrito 23 de Santa Cruz de Vialidad Nacional. En total son 13 acusaciones, las cuales se espera que tengan sus resoluciones antes de fin de año, según deslizaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Así tendrán la compleja tarea de juzgar las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Según las acusaciones, se montó una estructura criminal para beneficiar al acusado, que cobró todas las obras pero la mitad no las terminó.
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