El Gobierno deja correr la idea de un proyecto para limitar la libertad de expresión de medios y redes sociales, bajo el paraguas de combatir el “discurso de odio”. La portavoz oficial dice que eso no está en discusión, aunque deja abierta la posibilidad de usar la pauta publicitaria del Estado según ese supuesto criterio. Fuentes oficiales dicen que no hay nada de eso, pero no es la única señal. Alberto Fernández es visitado en ese clima por las autoridades propias en Diputados. Y más: recibe a José Mayans, el jefe del bloque de senadores que condiciona la paz social a “parar” la causa Vialidad. Todo, a raíz del ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. Fuerte y propio del encierro del oficialismo.
La tensión política alimentada desde la misma noche del ataque contra la ex presidente expuso que el oficialismo no estaba dispuesto a abandonar la escalada de dureza discursiva y en las calles que siguió, como reacción, al pedido de condena para CFK en la causa por el manejo de la obra pública. Al revés, en lugar de abrir un espacio de condena en común y de distensión, profundizó la carga contra opositores, jueces y medios.
Esa decisión -con proyectos de escasas chances legislativas pero con mensaje evidente- es sostenida por especulaciones domésticas, repetidas. Cerrar filas internas y recuperar iniciativa, con CFK como eje excluyente, Alberto Fernández en segundo plano y Sergio Massa encarando medidas de ajuste y búsqueda de oxígeno externo para tratar de contener la crisis. El problema, grave, es que la señales son efectivamente peligrosas y agregan sombras al clima que se vice desde la noche del jueves pasado.
El oficialismo hace girar el tema en la profundización de la grieta, no en la lógica razonable del juego político. Y en esa zona de abismo, todo se deteriora. También, y en primer lugar, la credibilidad: en esos barros coloca también el caso del ataque a la ex presidente, rodeado por sí solo de hechos graves, increíbles, como la falta de profesionalismo en su seguridad o en la manipulación de un celular.
La respuesta pública tiene su andar y expresa decisión política. El oficialismo, se ha dicho, buscó de entrada desligarse de lo que denuncia como motor de este episodio: las expresiones políticas extremas. Algo que roza o involucra a buena parte de los espacios y que aumenta de responsabilidad en función de la escalera del poder. Confunde además de manera decidida cierto discurso y actitudes realmente condenables con un estado de violencia efectiva que, afortunadamente, no es moneda común. Transforma una alarma, grave, que reclama reflexión en un elemento de batalla político-electoral.
El mensaje con foco en opositores, justicia, medios y redes sociales fue seguido por declaraciones -operaciones- dirigidas sin vueltas a la jueza y el fiscal a cargo de la causa, María Eugenia Capuchetti y Carlos Rívolo. No fueron datos menores, aunque se les asigne esa categoría a algunos de los intérpretes. Horacio Pietragalla, Rodolfo Tailhade y otros se fueron sumando. El propio Gergorio Dalbón habló de “tremendo ‘error’ judicial” para alertar sobre la insólita manipulación del celular del agresor detenido. Nada dijo de la Policía Federal.
La traducción más descarnada del mensaje oficial tuvo dos expositores. “¿Queremos paz social? Bueno, comencemos con parar este juicio vergonzoso”, dijo Mayans en referencia directa a la causa Vialidad. Victoria Donda le colocó nombres de opositores a las alusiones sobre responsabilidad en la provocación de un clima de violencia. Ninguno fue cuestionado abiertamente. Y el senador fue recibido por el Presidente, luego de decir como si fuera un descargo que no pidió la nulidad de la causa sino que la señaló como “germen de la violencia extrema”.
En paralelo, fueron realizadas ensayos de impacto sobre la vieja intención de avanzar sobre medios y redes sociales. Algunos funcionarios volvieron a plantear que debería ser promovido un proyecto con el pretexto de “limitar los discursos de odio”. Fuentes del Gobierno dejaron trascender que la idea estaba siendo analizada, sin precisiones. De todos modos, alcanzaba como mensaje.
Estaba claro que una iniciativa de ese tipo -sin letra escrita pero connotada por la ofensiva más amplia del oficialismo- no tendría chances en el Congreso, al menos en Diputados. Hubo declaraciones de Mario Negri, Cristian Ritondo y otros referentes de Juntos por el Cambio, también en el Senado: Luis Naidenoff, Martín Lousteau, entre los primeros en pronunciarse. También desde otros sectores de la oposición, en particular del peronismo que se referencia en Juan Schiaretti.
Gabriela Cerrutti fue la encargada de decir que eso no está en discusión dentro del Gobierno. De todos modos, dejó planteada otra vía de acción: el manejo de la pauta de publicidad -del Estado, no propia de esta gestión- para definir “qué tipo de medio quiere impulsar”. Siempre según el supuesto de combatir el discurso de odio. Impactante, porque además, tal como ella misma había señalado, existe legislación específica en ese terreno.
¿Cuál sería el sentido de insistir con este tipo de intentos viejos y ahora recreados, cuando el propio oficialismo nota el freno del rechazo? ¿Una advertencia, movida para provocar autocensura, apenas un paso para cerrar filas con vistas al 2023? En cualquier caso, asoma como una expresión peligrosa, como síntoma interno y hacia afuera. Tiñe al caso del ataque a CFK, en todo sentido.
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