Mientras crece el rechazo a la posibilidad de que el Gobierno avance con una ley contra “el discurso de odio”, el periodista venezolano Darvinson Rojas, contó hoy detalles de la pesadilla que atravesó años atrás bajo el régimen de Nicolás Maduro, debido a que permaneció detenido durante 12 días bajo la ley del odio que rige en su país.
“Eran unos días en que la pandemia comenzaba en Venezuela. Unos días antes de la detención, me percaté de que las cifras eran más altas que las que había informado la comisión presidencial. Hice una recopilación y publiqué esas cifras. Me detuvieron por publicar, según ellos, información falsa que buscaba desestabilizar al gobierno y generar pánico en la población”, contó Rojas en declaraciones para radio Mitre.
Por aquel entonces, Rojas utilizó su cuenta personal de Twitter y publicó la información recabada que, según su testimonio, atribuyó a “dos alcaldes, a un gobernador oficialista y a la Comisión Presidencial”. Ello vastó para que, días más tarde, efectivos policiales arribaran a su domicilio y se lo llevaran detenido. “Estuve en una sede policial muy pequeña. Estaba solo. Fueron 12 dias bastante largos y podría haber quedado detenido 45 días. Sin embargo, yo recibi un beneficio judicial donde habia que presentar ciertos recaudos para poder salir en libertad”, destacó el periodista.
Si bien recuperó la libertad antes de lo pensado, Rojas confirmó que en su expediente policial todavía posee antecedentes por “terrorismo”, Y al respecto, aclaró: “Ese delito nunca fue imputado, pero tengo esa mancha cuando reviso mi expediente”.
Las declaraciones de Rojas se dieron minutos después de que Cerruti descartara que la administración de Alberto Fernández estuviera trabajando en una “ley de odio” similar a la que decretó Maduro en Venezuela. “Lo que hay que hacer es cumplir con la legislación vigente y poner en debate de qué estamos hablando cuando hablamos de discursos de odio”, indicó en declaraciones radiales, y agregó: “No hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido“.
Horas antes de que se conozca la postura oficialista, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa en el que rechazó “la ley mordaza” que impulsa el kirchnerisimo. Y avisó: “No se lo vamos a permitir”.
Con el objetivo de acallar voces críticas, el 8 de noviembre de 2017 el dictador venezolano promulgó la “Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”. Cuatro días antes, el diputado venezolano Freddy Guevara se vio obligado a pedir refugio en la embajada de Chile en la ciudad de Caracas, como consecuencia de las amenazas que sufría por parte del Palacio de Miraflores.
El periodista César Batiz director de El Pitazo, explicó a Infobae que la regla se originó a partir de los señalamientos que funcionarios chavistas experimentaban en la calle, restaurantes y aviones por su vida de lujos, situación que el régimen pretendió acallar por medio de esa vía ante el creciente descontento popular. Batiz está en contra de todo tipo de escrache, pero al mismo tiempo cree que la normativa nació con otro espíritu. “Es una ley arbitraria, autoritaria, no es una ley progresista. No es una ley que vele por la defensa y la protección de los derechos humanos o la promoción de las libertades. Es una ley totalmente autoritaria que ha sido aplicada de acuerdo al funcionario de turno, que así la considere. Es una ley que es utilizada como un mecanismo de coacción a la ciudadanía para que se exprese libremente frente a las arbitrariedades y la corrupción”, explicó desde su punto de vista.
A los medios que, según el gobierno de Maduro, incumplan con la regulación vigente, la amonestación será principalmente económica: “Una multa desde el tres por ciento hasta el cuatro por ciento de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción”. Pero también puede revocar concesiones y bloquear sitios web. Infobae es víctima de esa persecución desde mucho antes de que existiera la ley: sufre censura desde octubre de 2014.
A pesar de que hoy la vocera presidencial Gabriela Cerruti descartó la posibilidad de que el Gobierno nacional impulse una ley contra los discursos de odio, dirigentes de la oposición expresaron su rotundo rechazo a la regulación en el ámbito legislativo que fue planteada por Victoria Donda, titular del INADI, en una columna publicada el domingo en Infobae y titulada “La política del gatillo”.
SEGUIR LEYENDO: