Ataque a Cristina Kirchner: la jueza decretó el secreto de sumario y se sospecha que Sabag Montiel no actuó solo

La medida la tomó la magistrada luego de comenzar a analizar las cámaras de seguridad de la zona del edificio. De allí surgiría que el acusado no habría actuado solo

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Fernando Sabag Montiel
Fernando Sabag Montiel

Fernando Sabag Montiel, detenido por intentar matar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, no habría actuado solo. La jueza federal María Eugenia Capuchetti sospecha que pudo hacerlo con otras personas a partir del análisis de las cámaras de de seguridad del edificio de la ex presidenta. Por eso tomó la decisión de decretar el secreto de sumario de la causa judicial

En el juzgado comenzaron a analizar las cámaras de seguridad, tanto privadas como públicas. Hay un equipo especial destinado a esa tarea. De allí comenzaron a surgir elementos que indicarían que el único detenido no habría actuado solo. Por ese motivo la causa se puso en secreto de sumario. Se trata de una medida para resguardar el expediente del resto de las partes y que suele preanunciar medidas fuertes.

A las cámaras de seguridad se suman otros elementos que recibió el juzgado. Uno de ellos son las llamadas entrantes y salientes del teléfono celular de Sabag Montiel.

Por el secreto de sumario no hubo precisiones del alcance de que el acusado no actuó solo. Pero Infobae pudo saber que en principio no se trata de un organización sofisticada. Sin embargo las fuentes repitieron lo mismo que desde el inicio de la investigación: no se descarta ninguna hipótesis, todas están abiertas.

Por otra parte, en la causa declaró como testigo Mario Pablo Borgarelli, quien al día siguiente del ataque a Cristina Kirchner fue entrevistado en varios medios como amigo de Sabag Montiel. En su testimonial, Borgarelli aclaró que no es amigo, sino conocido y no aportó datos sobre el hecho que se investiga. Sí dijo que creía capaz a Sabag Montiel de hacer lo que hizo. El testigo aportó voluntariamente su celular para ser analizado.

Si bien lo que declaró Borgarelli no aporta al hecho del ataque los investigadores señalaron que sí puede ser útil para el perfil virtual y económico que la justicia está realizando sobre Sabag Montiel.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti
La jueza federal María Eugenia Capuchetti

Sobre la prueba tecnológica también se hizo la extracción del contenido de la laptop HP que se secuestró en la casa de Sabag Montiel y se analizará para determinar que puede ser relevante para la investigación. También declararon peritos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que trabajaron sobre el celular del acusado, lo que generó polémica en las últimas horas por cómo se había manipulado ya que cuando se intentó abrir apareció la leyenda “reseteado a fábrica” y no se pudo acceder.

La perito de la PSA Camila Dafne Seren dijo que el teléfono no pudo haber sido formateado de manera remota. Dijo que para que eso ocurra “resulta necesario que el equipo de comunicaciones se encuentra conectado mediante cable de conexión a la herramienta utilizada” y que “no es posible usar la herramienta de WIFI, la conexión si o si es con cable. También se puede dar el caso que al momento de proceder a realizar una extracción de datos haya una interrupción de esa comunicación con la herramienta y genere ese fallo, eso también puede pasar”.

Pero el contenido del celular, un Samsung Galaxy A50, que se le secuestró la noche del jueves pasado cuando fue detenido, todavía no se obtuvo. Se están barajando distintas opciones tecnológicas para hacerlo. La justicia sí ya tiene el contenido de la tarjeta SIM y del chip del teléfono.

Por otra parte, la jueza Cpuchetti mantendrá a Sabag Montiel detenido en la dependencia de la Policía Federal de la calle Cavia al 3300. Está alojado allí desde el jueves pasado y hasta ese lugar se trasladó la magistrada y el fiscal Carlos Rívolo para tomarle declaración indagatoria, a lo que el acusado se negó. La jueza entiende que por el momento es el lugar más seguro para detención y no una cárcel federal. La magistrada tiene 10 días para resolver si procesa al acusado, lo que se descarta que hará.

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