Ataque a Cristina Kirchner: la intimidad de una causa judicial que cambió la atmósfera de Comodoro Py

“Declaró la víctima. Y quería declarar”, la escucharon decir a la jueza María Eugenia Capuchetti cuando volvió al mediodía del viernes a su despacho del tercer piso de Comodoro Py junto al fiscal Carlos Rívolo. Llegaban de la casa de Cristina Kichner, a donde habían ido a tomarle declaración como testigo. Pero la Vicepresidenta no pudo aportar mucho: nunca se dio cuenta de que un hombre terminaba de gatillarle en la cara y la bala no había salido de pura casualidad. Lo vio recién, minutos después, por televisión.

Pero la escena era impensada en las 24 horas previas: dos funcionarios judiciales de Comodoro Py y Cristina Kirchner sentados en la misma mesa para intentar dilucidar el intento de homicidio de la vicepresidenta, cuando desde esos mismos tribunales la juzgan por corrupción con un pedido de condena de 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fernando Sabag Montiel, el acusado de tentativa de homicidio agravado, por ahora guarda silencio. Solo le dijo en la indagatoria a la jueza y el fiscal que por ahora no iba a declarar, pero quería hacerlo pronto. Y aclaró que el ojo en compota que lucía se lo habían hecho los militantes cuando lo habían detenido. Por ahora continuará alojado en la sede de Policía de la calle Cavia al 3300.

Con la intención de que nada trascienda, los investigadores quieren ahora abocarse a estudiar las más de 30 cámaras de seguridad de la zona: ¿Sabag Montiel llegó solo o alguien lo acompañó hasta el lugar de la agresión? Las respuestas pueden estar en el celular y las computadoras que se le secuestraron al detenido. También quieren analizar el contenido de las 24 declaraciones testimoniales tomadas en una causa que concentra en 24 horas diez cuerpos de expediente. El rol de la custodia está bajo la lupa.

Fue un día intenso en el edificio de Comodoro Py. Después de que en la noche del jueves le gatillaran dos veces en la cara a la Vicepresidenta, y que el disparo no saliera porque la bala no estaba en la recámara, en la Justicia se activaron todas las alarmas. Eran las 22, una hora después de la agresión y la jueza Capuchetti no había recibido el informe oficial. Seguía todo por la televisión. El fiscal Rívolo, que se encontraba en Ushuaia por unas horas, intentaba conseguir un vuelo de urgencia para regresar a Buenos Aires, mientras su colega Eduardo Taiano lo suplantaba.

Para esa hora, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se comunicaba con la jueza para ponerse a disposición de lo que pudiera necesitar, a nivel operativo, para avanzar en la investigación. Las entidades que representan a los magistrados salían a repudiar el ataque por redes sociales. El comunicado oficial de la Corte Suprema llegó por la mañana. Poco más tarde el de la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, que puso a disposición sus organismo para la investigación.

Fue Alberto Fernández el que, en cadena nacional, difundió que había llamado a Capuchetti para pedirle el pronto esclarecimiento del atentado contra la ex presidenta y también que se garantizara la seguridad del detenido. Durante la madrugada, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, apareció en los tribunales de Retiro y se reunió con la magistrada. También estaba Diego Carbone, jefe de la custodia de la vicepresidenta y quien no declaró porque no la acompañaba justo en el momento en que quisieron matarla.

Quienes mantienen un enfrentamiento público por las causas de Cristina Kichner, que subió de tono en las últimas dos semanas por el pedido de condena de 12 años de prisión que hizo el fiscal Diego Luciani (”es corrupción o justicia”), coincidían en un objetivo: esclarecer el intento de homicidio que conmocionó al país y a la política con derivaciones que todavía no se pueden dimensionar.

“No puede haber un margen de error en esta investigación”, le dijo a Infobae una fuente judicial que trabaja en el caso. Todos saben la importancia que tiene investigar el intento de homicidio de la titular del Senado. Se trata de la dirigente política más importante del país. Pero además la que más causas penales concentra en Comodoro Py y la que más críticas dispara contra los tribunales de Retiro.

Una de las preguntas que surgió en estas horas es cómo este hecho puede impactar en el juicio de la obra pública, que el próximo lunes tiene previsto comenzar a escuchar el alegato de las defensas. Toda respuesta podría ser temprana. Lo cierto es que los jueces del Tribunal Oral Federal 2, a cargo de ese proceso, evaluaron el estado de situación. Pero entendieron que nada de lo ocurrido cambiaba en lo inmediato la agenda fijada. “Todo es tan dinámico. Por ahora el juicio sigue como estaba previsto”, le dijo a este medio una fuente judicial.

Entre los pocos jueces, fiscales y funcionarios judiciales que había el viernes en Comodoro Py por el repentino feriado nacional comenzó a surgir una atmósfera distinta a la habitual. Un primer dato que marcó ese clima fue que la Cámara Federal de Casación Penal le envió una nota al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para que se incremente la seguridad en el edificio de Comodoro Py. El intento de homicidio de Cristina Kirchner puso a todos en guardia.

A tal punto que la causa judicial podría tener un cambio en el protocolo habitual: la jueza y el fiscal no recibirán en sus despachos a las personas que cuyo movimiento implique un riesgo en su seguridad. Eso ocurrió con Cristina Kirchner que la declaración se hizo en su casa y con la indagatoria del detenido Fernando Sabag Montiel, acusado del ataque a la vicepresidenta.

Durante toda la noche del jueves, Capuchetti estuvo en Comodoro Py recibiendo información sobre las primeras diligencias, las pericias que se hacían sobre el arma, las condiciones del detenido. A las 7.20 del viernes, la jueza y los fiscales Rívolo y Eduardo Taiano se hicieron presentes en el barrio de Recoleta para tener una imagen propia de dónde ocurrieron los hechos. Querían verlo con sus propios ojos.

Volvieron todos juntos a tribunales a los pocos minutos al edificio de Retiro. Los militantes que habían estado anoche cerca de Cristina y los encargados de la custodia desfilaron ante los funcionarios judiciales durante toda la noche y la mañana. En solo doce horas en el expediente constaban una veintena de declaraciones.

Pero a las 10 de la mañana, los periodistas que hacían guardia en Comodoro Py 2002 vieron a la jueza, con la cartera puesta, volver a salir de su despacho junto a Rívolo. Enfilaron al playón, se subieron al auto y regresaron a la Recoleta. Subieron al quinto piso del edificio de Juncal y Uruguay.

Los esperaba Cristina Kirchner. “Quería declarar”, deslizaron en tribunales, pero se negaron a dar detalles del contenido de su declaración. No quieren que nada pueda perjudicar la investigación. Hay muchas hipótesis en juego. La principal duda a responder es si el agresor actuó solo o si lo hizo por orden de alguien. También hay que esclarecer el rol de la custodia. Lo que está claro es que la pistola vieja Bersa 32 que se le acercó a la cara a la vicepresidenta estaba apta para disparar. El análisis de las cámaras de seguridad de toda la zona, los peritajes en el teléfono del acusado y su perfil económico determinarán el rumbo de las próximas horas de investigación.

Capuchetti y Rívolo trabajan juntos, como jueza y fiscal, durante este año. Ya tuvieron que intervenir en otro episodio que tuvo como epicentro a la vicepresidenta. Los incidentes que se desataron frente al Congreso Nacional cuando se debatía en la Cámara de Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una lluvia de piedras cayeron sobre el frente del edificio. Cristina Kirchner difundió en sus redes sociales que había sido una ataque direccionado en su contra. La Justicia no encontró la pruebas de esa hipótesis, pero procesó a los agresores de aquellos incidentes.

“¿Lo que pasó anoche puede cambiar el vínculo entre Cristina y Comodoro Py?”, le preguntó Infobae a uno de los funcionarios que más conocen el funcionamiento de los tribunales de Retiro. La idea quedó en el aire. “Que sea víctima en una causa no la convierte en inocente en otras. Pero puede haber una reacción porque lo que pasó no será inocuo”, respondió escuetamente. Es que los jueces tomaron nota del clima social, más allá de que solo les toque leer expedientes y analizar pruebas.

Mientras tanto, Sabag Montiel seguía alojado en la división de la calle Cavia de la Policía Federal. Un médico legista acreditó que estaba ubicado en tiempo y espacio. Distintos abogados aparecieron por los medios atribuyéndose su defensa. Pero Sabag Montiel decidió optar por la defensa oficial. El encargado de representarlo es Juan Martin Hermida, quien ya se entrevistó con él. Por ahora, la defensa no solicitó ninguna medida. Espera el avance del curso de la investigación.

Los investigadores querían esperar lo más posible para hacer la indagatoria, para poder tener la mayor cantidad de pruebas. Sobre las 19 del viernes, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo volvieron a hacer su egreso de Comodoro Py. Sin querer decir una palabra, salieron hacia la sede de la calle Cavia, para cumplir con la indagatoria por tentativa de homicidio calificado, un delito que tiene una pena de 15 a 22 años.

Como en cualquier caso, el acusado puede elegir por el silencio, luego de escuchar las pruebas. Fue su elección, aunque prometió hablar más adelante. Ahora, falta que hablen las pruebas. Hay demasiadas preguntas a responder.

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