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El ex jefe del Ejército Cesar Milani pidió hoy su absolución en el juicio en el que está imputado por presunto enriquecimiento ilícito por la compra de una casona en el barrio La Horqueta, de la localidad bonaerense de San Isidro. La fiscalía pidió para él una condena de tres años de prisión, pero la defensa de Milani, a cargo de Alejandro Rúa, sostuvo que esta acusación en su contra “es falsa”, como la que le habían hecho por crímenes de lesa humanidad.
Ante el Tribunal Oral Federal 7, a cargo del debate, la defensa rechazó las acusaciones del Ministerio Público, sostuvo que el militar “no se enriqueció” sino que su patrimonio tuvo una evolución “absolutamente compatible con sus ingresos” y también justificó el mutuo (un préstamo entre privados) por unos 240 mil dólares que le hizo el amigo de Milani, Eduardo Enrique Barreiro, “amigo desde hace 40 años”, y también imputado en la causa -aunque para él no se pidió condena por considerar que el delito está prescripto.
“Si se comprueba el mutuo se derrumba la hipótesis de la acusación. Bien, el mutuo está comprobado desde el primer día. Barreiro les dijo que había invertido 20 mil dólares por un lado, cinco mil por el otro y que el resto estaba en su casa. Les dijo que ponía el dinero a disposición para que lo revisaran y los invitó a su casa para una comprobación, pero el juez no fue, nadie fue”, afirmó Rúa.
También se quejó porque hubo pruebas que la fiscalía pasó por alto y cuestionó la actitud de la fiscal Fabiana León buscando “convencer a los jueces de cosas que no son así”, como que Milani supiera hacer un “mutuo”.
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La causa que está en juicio oral desde el 7 de julio pasado comenzó en 2013, cuando Milani fue nombrado jefe del Ejército durante el kirchnerismo. La investigación apuntó a la compra de una casa en La Horqueta en 2010 por el valor de un millón y medio de pesos. Un peritaje oficial determinó que Milani no pudo justificar sus gastos y en especial la compra de la casa de San Isidro. Entonces, al ser llamado a declarar por el juez Daniel Rafecas, Milani explicó que unos 200.000 dólares que le faltaban para comprar esa costosa propiedad habían salido de un préstamo “de mutuo” que le hizo un amigo militar.
El dinero se lo entregó en efectivo “en un bolso chiquito” en diciembre de 2009, durante un brindis de fin de año que se llevó a cabo en el Edificio Libertador y al menos otras seis personas habrían presenciado esa entrega. Para devolver ese préstamo, Milani y su esposa le vendieron a Barreiro por 200 mil dólares un departamento en calle Moldes 2376 en el barrio porteño de Belgrano. Al poco tiempo Barreiro pudo vender la propiedad por 225 mil.
Según la fiscalía, el amigo de Milani no tenía capacidad económica para prestarle ese dinero. Pero Rúa aseguró que eso nunca se investigó formalmente, que la relación entre Milani y Barreiro era muy cercana y que ya se habían prestado dinero con anterioridad, pero no por la cifra que habló la fiscalía, sino una muy superior.
En su alegato, la defensa ratificó que Barreiro le entregó el dinero en el brindis de fin de año. “Pasan las fiestas, las vacaciones y en febrero ya van a comprar la casa. Fue por la vendedora que eso demoró unos meses la operación. No dependía de Milani. Está probado”, afirmó. A partir de ese momento, se puso activo para poder vender su departamento. También rechazó las sospechas en torno a que los hijos de Milani siguieron viviendo en la calle Moldes cuando ya la vivienda había sido vendida a Barreiro porque eran como familia.
La defensa pidió valorar la pericia de parte. “La pericia oficial infundadamente no consideró el mutuo ni la venta de Moldes”, subrayó. En esos términos, Rúa pidió rechazar el pedido de condena, cuestionó que la foja de servicio de su cliente haya sido tomada como agravante y reclamó su absolución.
El primer día del juicio, Milani, de 67 años, le dijo al tribunal que había sido blanco “de denuncias de todo tipo y de gran impacto” que “lograron la condena social” pese a que “con el transcurso de los años” todas esas imputaciones terminaron en “sobreseimientos”
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, integrantes del Tribunal Oral Federal 7, continuarán el debate el proximo jueves, en donde podría escucharse las réplicas y las últimas palabras del acusado. Después de ello, el TOF quedará en condiciones de dictar el veredicto.
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