De la “Ley Cafiero” al planteo de CFK sobre la autonomía de CABA: qué dicen los constitucionalistas

La vicepresidenta Cristina Kirchner reeditó un debate de alcance constitucional en su batalla política contra la oposición. Durante una actividad con legisladores del Frente de Todos en el Senado, Cristina Kirchner puso en duda los alcances de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, al afirmar que es necesario “repensar” la relación entre el Estado nacional, las provincias y el distrito porteño.

“Esto debe ser replanteado. Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos”, esgrimió la máxima líder del oficialismo. En las consideraciones de CFK, el gobierno porteño instauró una “policía política” contra sus detractores. “Por esta Capital hubo guerras civiles durante todo el siglo XIX así que creo que deberíamos replantearnos también el funcionamiento jurisdiccional de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del gobierno federal también en una ciudad como esta”, remarcó.

Las definiciones de la Vicepresidenta se producen en medio de las críticas del Frente de Todos al desempeño de la Policía de la Ciudad y la magnitud del operativo durante los incidentes del sábado pasado en el barrio porteño de Recoleta. El reproche de Cristina Kirchner hacia el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -y por propiedad transitiva, a toda la oposición-, reactualiza el conflictivo vínculo entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, que no se zanjó de una vez y para siempre la convención nacional constituyente de 1994.

Sin embargo, entre los juristas hay consenso sobre la amplitud de las atribuciones constitucionales de la autonomía porteña.

“La reforma constitucional de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no deja ninguna duda que es una ciudad autónoma y, como tal, es un sujeto que comparte con las provincias el mismo lugar dentro de la estructura federal. No hay nada que discutir en torno a la autonomía de la CABA conceptualmente hablando”, sostuvo a Infobae el abogado constitucionalista y profesor de la carrera de Derecho (UBA-UNLPam), Andrés Gil Domínguez, uno de los integrantes de la comisión de juristas impulsada por Alberto Fernández.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay dijo que “las expresiones de la Vicepresidente sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires sorprenden”, al recordar que la senadora como el ex presidente Néstor Kirchner participaron como miembros de la Convención Constituyente que acordó la elaboración del artículo 129 de la Constitución Nacional, que refiere la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Con solo leer el primer párrafo, la situación es, por lo demás, elocuente. La Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen autónomo de gobierno, y luego enuncia distintas características de la autonomía que se acentúan”.

De acuerdo a Sabsay, la CABA está incorporada también en el capítulo de la Carta Magna que refiere a “los gobiernos de provincia”, por lo que “en principio está asimilada” como un distrito más. “A partir de la reforma de 1994, la nación argentina tiene 24 jurisdicciones autónomas: unas 23 provincias y la Ciudad Autónoma. Por otro lado, le ha conferido a esta lo que tiene ningún municipio que es la representación en el Senado y en Diputados iguales a los de una provincia”, agregó el jurista a este medio.

Para Pablo Manili, abogado constitucionalista (UBA), autor y coordinador de una veintena de libros sobre derecho constitucional, “la única forma de replantear la autonomía porteña es reformar la Constitución nacional. El artículo 129 es muy claro en que la Ciudad es autónoma”. “Toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, desde 1994 para acá, reforzó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”, subrayó.

El eterno retorno de la discusión sobre la CABA

A lo largo de la historia reciente, el gobierno porteño sufrió restricciones e incumplimientos de sus funciones de autonomía, al calor de las luchas de poder de la coyuntura nacional o la falta de recursos. Lucas Arrimada, abogado y profesor de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal (UBA), consideró que la Convención Constituyente de 1994 “fue clara en muchos aspectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, pero “dejó abiertos otros temas al proceso político democrático con los acuerdos necesarios de los partidos tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura Porteña”.

“El primer acuerdo político transversal significativo fue la Convención Constituyente de CABA en 1996 que dio una Constitución que los últimos gobiernos de CABA respeta selectivamente. En estos casi 30 años hubo momentos de consensos y momentos de tensión que se resolvieron de hecho, con victorias electorales y nuevos acuerdos post elecciones”, sostuvo.

Entre esos hitos de controversia hubo dos intentos serios por restringir la autonomía porteña, que se produjeron sugestivamente poco después de la reforma constitucional de 1994. Fueron la Ley 24.588, conocida como “ley Cafiero”; y la ley 24.620 o “Ley Snopek”, impulsadas en 1995 y 1996 por ambos legisladores. Las dos normas regulaban las nuevas atribuciones del distrito y, a la vez, impedían la creación de una Policía propia en la jurisdicción, junto a limitaciones para la administración de la justicia local, el control del puerto de Buenos Aires, la regulación del transporte y de los servicios públicos, entre otros puntos.

“Hubo dos leyes del menemismo, las leyes ‘Cafiero’ y ‘Snopek’, que intentaron coartar la autonomía de la Ciudad. Si bien no hubo declaraciones expresas de la Corte Suprema, unánimemente toda la doctrina las considera inconstitucionales”, rememoró Pablo Manili.

Curiosamente, el mismo sector político que hoy cuestiona las atribuciones de la Ciudad de Buenos Aires fue quien se encargó de legalizar la ampliación. En 2007, el ex presidente Néstor Kirchner acordó con el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, la derogación de la “Ley Cafiero” para que el gobierno de la Ciudad tenga su propia Policía. Desde entonces, la discusión giró sobre la magnitud de los recursos económicos que debería traspasar a la administración porteña.

En la opinión de Lucas Arrimada, las controversias sobre la autonomía porteña se explican porque el Art. 129 fue “el último artículo de una convención constituyente en tiempo de descuento”. “Por ende, muchos de los últimos artículos fueron (poco) debatidos y (mal) redactados de forma acelerada con ansiedad por el cierre”.

Entre esos puntos de mala praxis legislativa estuvo el acceso de la Ciudad Autónoma a la Corte Suprema de Justicia como “jurisdicción primera” ante los conflictos con el Estado nacional y otros distritos. Según el artículo 117 de la CN, las provincias pueden recurrir al máximo tribunal para resolver sus diferendos.

“Esto en principio no le fue admitido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la mayoría de la Corte sostuvo que no era una provincia y no se la podía agregar como tal. Las disidencias, curiosamente, fueron de los jueces (Cármen) Argibay y (Raúl) Zaffaroni. Pero en los últimos fallos se ha dado también a la CABA una jurisdiccion exclusiva a la Corte, equiparándola con las provincias”, recordó Sabsay,

Entre las asignaturas pendientes y temas aún disputados se incluyen, por ejemplo, los alcances de la coparticipación federal. Sabsay señaló que la CABA “recibe una parte equivalente” y proporcional de estos recursos, como si fuera un distrito más. Actualmente, el Gobierno nacional y las provincias que conduce el peronismo mantienen una puja con el gobierno porteño por la magnitud de estos fondos coparticipables, a raíz del monto que corresponde transferir sobre la delegación de las funciones de seguridad.

Otro aspecto controvertido de la agenda de autonomía es la administración judicial. “Se debe seguir discutiendo y luchando para ampliar, dentro del mandato constitucional, y lograr que se transfiera la Justicia nacional del orden federal al ámbito de la Ciudad, para que los habitantes de la Ciudad no estén en una situación de desigualdad respecto de otras provincias en torno a la justicia local”, sostuvo Gil Domínguez.

En términos generales, los juristas coinciden en que el planteo de la Vicepresidenta carece de argumentos constitucionales para avanzar en las atribuciones del gobierno porteño. Pero también advierten sobre los costos de avanzar en propuestas de esta índole.

“En contextos de inflación descontrolada, crisis económica y social sería irresponsable postular una reforma constitucional -o incluso una ley- para retocar la autonomía de CABA”, consideró Lucas Arrimada. “Sin duda alguna, cualquier reforma legislativa -con estos argumentos- terminaría en la Corte Suprema y en otra derrota al oficialismo cuyos enfrentamientos con el gobierno de CABA siempre tienen un resultado judicial predecible y tantas veces son derrotas autoinflingidas por el carácter esclerótico de sus reacciones”, agregó el abogado.

El abogado Pablo Manili, en cambio, consideró que la opinión de Cristina Kirchner de poner en discusión la autonomía de la CABA “es válida” en lo que respecta al fondo de la cuestión. “Pero como decimos los abogados, de lege ferenda, es decir, frente a una eventual reforma de la Constitución Nacional. En el marco de la constitución vigente, no hay forma de replantear una autonomía, porque está dada por la misma Constitución”, insistió el jurista.

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