El juez porteño Roberto Gallardo se convirtió hace mucho tiempo en una suerte de detractor de las gestiones del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Durante los dos mandatos de Mauricio Macri tuvo fallos recordados con los que puso en apuros la gestión. Con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, volvió a tomar un rol protagónico. El año pasado se involucró en la polémica sobre las clases presenciales, luego suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad, y ahora ordenó correr a la Policía de la Ciudad del operativo en los alrededores de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Gallardo asumió como juez en 2001, con apenas 37 años. Venía de trabajar en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas junto a Diego Kravetz, que hoy milita en las filas de Cambiemos como secretario de Seguridad de Lanús.
En sus primeros años como magistrado también se ganó la animosidad del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, especialmente a partir de un fallo que creó un subsidio a cartoneros y trabó depósitos de la Ciudad por 1.100 millones de pesos para garantizar su pago. El año anterior le había embargado parte del sueldo al entonces jefe de Gobierno por no cumplir una sentencia suya en la que obligaba al Ejecutivo porteño a mudar a las personas que vivían en los hoteles alquilados por la Ciudad.
En marzo de 2005 ordenó la clausura del Casino flotante y poco después la de La Rural, donde se iba a realizar el Salón Internacional del Automóvil. E intervino dos colegios con problemas edilicios.
Aunque es juez de la Ciudad y sus competencias están recortadas, Gallardo se las ingenia para poner en aprietos a los funcionarios del PRO. En la Ciudad lo consideran un juez “militante”, muy cercano al kirchnerismo, y le restan importancia a sus intervenciones, que suelen terminar revocadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
En el caso del sistema de reconocimiento facial, Gallardo fue apartado hace dos semanas por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad y denunciado por la Ciudad ante el Consejo de la Magistratura porteño, donde el kirchnerismo domina la Comisión de Acusación. El juez mantuvo suspendido el sistema durante casi un año. Esa herramienta tecnológica permitió, según las autoridades porteñas, identificar y poner a disposición de la Justicia a 1695 delincuentes prófugos o con pedido de captura.
Ante el fallo que ordenó cesar el operativo policial en el domicilio de Cristina Kirchner, la Ciudad reaccionó con el mismo manual: anunció que recusará al magistrado y que apelará el fallo. “Va a estar la Policía de la Ciudad y todos los agentes de gobierno necesarios para garantizar la paz y el orden en el barrio como los agentes de tránsito, la gente de espacio público y los miembros de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)“, advirtió el ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro.
Gallardo resolvió ante un amparo de la legisladora K Ofelia Fernández, aunque hubo otras tres presentaciones ante la Justicia porteña de Juan Grabois, Claudia Neira, y un grupo de dirigentes kirchneristas encabezados por Paula Penacca y Mariano Recalde.
En su fallo, Gallardo ordenó que se hagan cargo del operativo las autoridades de seguridad federales, y aclara que “la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio” de la vicepresidenta.
Cercano al Papa Francisco, a quien conoció en 2004 por una causa judicial sobre el conflicto de los cartoneros, Gallardo publicó en 2018 un libro sobre los pensamientos del Sumo Pontífice, “Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial” . El Papa le agradeció con una carta, en la que destacaba las “conclusiones originales” del libro, además de la “abundante información bibliográfica”.
Durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno, a partir de 2007, Gallardo acumuló varios fallos que lo enfrentaron al macrismo. Apenas asumió, al propio Macri lo citó por la muerte de una beba en un centro de evacuados en Villa Cartón. También frenó la licitación de mobiliario urbano y dictó una sentencia contra el despido de 2.300 empleados públicos.
En 2010, tuvo una “guerra” contra el gobierno de la Ciudad cuando mandó a desconectar un enorme cartel luminoso que estaba frente al Obelisco. Gallardo hizo lugar un amparo presentado por un grupo de legisladores encabezados por el Eduardo Epszsteyn, mano derecha del ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. El fundamento fue que el cartel era un riesgo para la seguridad vial. Por ese caso recibió denuncias ante el Consejo de la Magistratura que nunca prosperaron.
En 2016, ya con Rodríguez Larreta al frente del gobierno, Gallardo volvió a ser noticia por un fallo muy curioso. Luego de la muerte de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp, prohibió “toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada” en territorio porteño.
En 2018, el juez frenó la aplicación del reglamento para el uso de armas de fuego que había aprobado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ante una cautelar presentada por los organismos de izquierda, el juez consideró “inaplicable” e “inconstitucional” la resolución 956/2018, que otorgaba a los policías una mayor libertad para disparar ante un “peligro inminente” en casos de delitos graves y persecuciones.
En 2019, Gallardo suspendió y bloqueó la actividad de Rappi, Pedidos Ya y Glovo, las empresas de compra online y delivery habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Ese mismo año, dispuso que los usuarios del subte puedan viajar gratis en las estaciones donde no funcionaban las escaleras mecánicas ni los ascensores. El fallo terminó en la nada porque la Cámara terminó apartando al magistrado de la causa por un pedido hecho por el Gobierno porteño y las empresas Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
Sin embargo, la Cámara exhortó a Metrovías a informar todos los días, en tiempo real, cuáles son las estaciones cuyos medios de acceso se encuentran circunstancialmente fuera de servicio.
Aunque en su adolescencia militó en la Unión Cívica Radical (“fue un pecado de juventud”, dijo) y en algún momento coqueteó con el kirchnerismo, Gallardo se considera un juez de izquierda. En su despacho hay imágenes de Ernesto “Che” Guevara y el ex presidente socialista chileno Salvador Allende. También del padre Carlos Mugica, ya que se identifica con el catolicismo de izquierda y la “teología de la liberación”.
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