Tras el pedido de juicio político contra Alberto Fernández, Diputados buscará sesionar y se anticipa un debate caliente

“Son unos cachivaches”. En el bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados reinaba la indignación tras la conferencia de prensa convocada por Juntos por el Cambio para pedir el juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

El clima también estaba caldeado en la oposición. Por un lado, en Juntos por el Cambio interpretaron como un “avasallamiento de la independencia de Poderes” el comunicado del Gobierno que tildaba la investigación contra Cristina Kirchner como “una persecución judicial y mediática”. Luego, calificaron la desafortunada comparación que hizo Alberto Fernández entre los fiscales Diego Luciani y Alberto Nísman como una amenaza hecha en “lenguaje mafioso”.

La oposición sentó posición de forma contundente con dos denuncias penales presentadas por Ricardo Buryaile (UCR) y Patricia Bullrich (PRO) y con un pedido de juicio político respaldado por la Mesa Nacional de la coalición opositora y firmado por 115 diputados (Facundo Manes no lo firmó).

Según explicaron desde Juntos por el Cambio, ante la gravedad de la situación “no quedaba otra” que avanzar en ese sentido. “Están en peligro las instituciones y la división de poderes”, plantearon ante lo que calificaron como “una amenaza velada” contra el fiscal que investigó a la Vicepresidenta.

“Ese pedido de juicio político no va a prosperar, porque es una paparruchada sin fundamentos para hacer circo, porque les molesta que nuestra fuerza política esté unida en este momento de persecución política a nuestra Vicepresidenta”, aseguró a Infobae la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

El Frente de Todos planea convocar a una sesión especial para la semana que viene en la que se tratarán temas muy importantes de la agenda económica como el Consenso Fiscal, una prórroga de impuestos (Ganancias, Bienes Personales, Monotributo, al cheque, asignación especiales IVA) y la ley de Agroindustria, que todavía no se dictaminó.

Tanto en el oficialismo como en la oposición adelantan que será una sesión caliente. En Juntos por el Cambio todavía había dudas sobre llevar al recinto el pedido de Juicio Político. Según reconocieron en la conferencia de prensa, deberían sumar el apoyo de bloques menores para poder emplazar a la comisión de Juicio Político para que trate el tema. Por el momento no están los votos. “Tenemos que ser estratégicos con este tema”, resumió un diputado.

Sin embargo, las críticas del Gobierno a la Justicia y las declaraciones de Alberto Fernández seguramente estarán presentes en varios discursos. “En este contexto seguro que varios diputados de nuestro bloque se van a expresar con cuestiones de privilegio, los mismos de siempre”, analizó una diputada. Las llamadas cuestiones de privilegio son mociones que los legisladores pueden presentar para sentar una posición política sobre algún tema fuera de la agenda de proyectos que se tratarán. Generalmente se hacen al principio de la sesión y muchas veces terminan extendiendo considerablemente los debates.

Por su parte, el oficialismo intentará avanzar con los proyectos que son importantes para la nueva gestión económica. Siempre y cuando la oposición se maneje en un marco de “razonabilidad”, advierten.

El Consenso Fiscal es impulsado con los gobernadores que podrían utilizar la posibilidad de aumentar impuestos para compensar un eventual recorte de las transferencias de la Nación impulsado por el Ministerio de Economía para controlar el déficit. Además, garantiza el cobro de fondos adeudados por la Nación. La prórroga de impuestos, por su parte, necesita ser aprobada antes de la llegada a la Cámara baja del proyecto de Presupuesto para conocer de antemano los recursos fiscales con los que contará el Estado nacional.

“Nosotros también tenemos para tirar, depende de ellos”, alertaron. El enojo dentro del bloque oficialista con las declaraciones del diputado del PRO Francisco Sánchez todavía sigue latente. El neuquino había reclamado a través de las redes sociales la pena de muerte para delitos de corrupción tras conocerse la solicitud de condena a 12 años de prisión contra la Vicepresidenta.

“12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”, había publicado. Como respuesta la diputada del Frente de Todos por La Rioja Hilda Aguirre presentó un pedido para expulsarlo de la Cámara baja. Se necesitan dos tercios de los votos en el recinto para hacerlo efectivo.

La sesión especial para la semana que viene todavía no fue confirmada, pero en el oficialismo aseguran que siguen trabajando para ello.

SEGUIR LEYENDO: