Sergio Massa intervino ante el malestar de la CGT por el recorte de fondos para las obras sociales

El ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo que intervenir para calmar el malestar de la Confederación General del Trabajo (CGT) ante los fuertes recortes dispuestos en los fondos de las obras sociales, como parte del ajuste que se puso en marcha en el Gobierno para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según le comunicaron a la central obrera, el Estado le daría apenas 1.500 millones de pesos hasta fin de año al Fondo Solidario de Redistribución (FDS), el corazón del sistema de obras sociales, que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos. Sólo las prestaciones por discapacidad, en los rubros de educación y transporte, equivalen a unos 10.000 millones de pesos por mes. Aún sin recortes, el déficit financiero de las obras sociales alcanzaría en diciembre unos 50.000 millones de pesos.

“De esta forma se quiebra el sistema de obras sociales”, le advirtieron a Massa los dirigentes de la CGT. Por eso el ministro prometió analizar los números y darles una respuesta en las próximas horas.

El clima en la central obrera se puso al rojo. Unos 10 dirigentes sindicales se reunieron de urgencia este miércoles en el Sindicato de Gastronómicos, entre ellos el dueño de casa, Luis Barrionuevo; el cotitular cegetista Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Armando Cavalieri (Comercio), no sólo para hacer catarsis: allí algunos hablaron de realizar medidas de fuerza si el Gobierno no resuelve el problema de las obras sociales e incluso algunos amagan con abandonar la CGT por sus diferencias con Pablo Moyano, uno de sus cotitulares, y la forma en que se toman decisiones “de manera unilateral e inconsulta entre tres o cuatro dirigentes”.

Además del problema con las obras sociales, el comunicado de la CGT en favor de Cristina Kirchner causó un profundo malestar en muchos sindicalistas porque fue resuelto por un puñado de dirigentes sin consultar al resto y lleva la firma de todo el Consejo Directivo.

El texto cegetista respalda a la Vicepresidenta ante la acusación de los fiscales por la causa Vialidad y considera que “los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento”. Y afirma que “no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Kirchner con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito”.

Del encuentro en Gastronómicos participaron también Roberto Fernández (UTA), Omar Maturano (La Fraternidad) y Daniel Vila (Carga y Descarga), tres de los dirigentes de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), creada para oponerse a la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que domina el moyanismo en alianza con otros sectores.

En la reunión, según trascendió, se amenazó con “armar otra CGT” y hasta se habló de crear una agrupación distinta, el Movimiento Sindical Peronista, para nuclear a los disidentes cegetistas y presentarse en sociedad durante un acto el 1° de septiembre próximo.

Pablo Moyano está en la mira de esos dirigentes e incluso por el resto de la alianza que maneja la CGT, integrada por “los Gordos”, independientes y barrionuevistas: le reprochan haber armado un acto paralelo para dar un discurso en forma autónoma poco antes de que comience la marcha del 17 de agosto y haber “jugado para sí mismo y haber dejados solos a sus colegas” en la votación del lunes pasado en el Consejo del Salario, que decidió subir un 7% el sueldo mínimo desde septiembre.

Tampoco cayó bien en el sector mayoritario de la CGT el tono del acto de asunción del sindicalista K Walter Correa como ministro de Trabajo bonaerense, entre consignas ultrakirchneristas y presencias sólo del sector cercano a la Vicepresidenta, como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Vanesa Siley, Daniel Catalano, Roberto Baradel, Omar Plaini y Mario Manrique.

No son los únicos sindicalistas que están al borde de las protestas. En la Unión Docentes Argentinos (UDA), uno de los gremios más importantes del sector, analizan la posibilidad de realizar una medida de fuerza en rechazo a los recortes resueltos por el Gobierno en el rubro educativo.

La UDA está liderada por Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, que ya le planteó sus quejas al ministro de Educación, Jaime Perczyk, pero no tuvo respuestas positivas a su reclamo. “La educación es lo último que tendría que recortarse”, advirtió el dirigente.

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