Tras el pedido de prisión, el peronismo cerró filas para defender a Cristina Kirchner y la tensión se trasladó a la calle

El peronismo, en su modulación actual, el Frente de Todos, dejó atrás las internas y peleas de los últimos meses y se encolumnó detrás de la defensa de Cristina Kirchner, tras el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua contra la vicepresidenta que realizó el fiscal Diego Luciani en el final de su alegato en la causa Vialidad: el funcionario judicial dio por probada la existencia de una asociación ilícita organizada para defraudar al Estado por miles de millones de pesos con las obras públicas de Santa Cruz.

La grave acusación abroqueló también a la oposición, que se mostró unida para respaldar la investigación de los fiscales Luciani y Sergio Mola y cuestionar los ataques contra la Justicia que surgieron desde lo más alto del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del mundo sindical. La escenificación del regreso de esa polarización entre oficialismo y oposición se vio en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recolecta, donde se vivieron disturbios y violencia entre vecinos y militantes a favor y en contra de la vicepresidenta. Por los incidentes, la Policía de la Ciudad intervino para separar a los bandos: hubo forcejeos, gas pimienta y un cruce de acusaciones entre la Vicepresidenta y Horacio Rodríguez Larreta.

La manifestación comenzó en torno de las 19, cuando vecinos y activistas anti K se empezaron a concentrar en esa esquina del centro porteño. “Energúmenos macristas”, según la definición de Cristina Kirchner. A los pocos minutos, empezaron a llegar a la zona militantes kirchneristas, de la Juventud Peronista y de La Cámpora y los desplazaron. Así fue que aparecieron efectivos antidisturbios que intentaron separar a los bandos.

Lo cierto es que el alegato del fiscal Luciani generó un impacto político masivo e inmediato. Minutos después del pedido de prisión y tras semanas de absoluta indiferencia, Alberto Fernández llamó a la vicepresidenta, se puso a su disposición y ambos prometieron un próximo encuentro del que todavía no hay lugar ni fecha. La conversación telefónica ocurrió después de que todo el gobierno, incluso sus tres funcionarios más leales, Santiago Cafiero, Julio Vitobello y Vilma Ibarra, expresaron su apoyo a la vicepresidenta y cuestionaron la actuación de la Justicia.

El presidente le ordenó a la portavoz Gabriela Cerruti publicar un comunicado oficial donde sentenció que “el gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”.

“Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, estableció la comunicación, que no señaló ningún indicio o prueba de la existencia de esa supuesta “persecución”.

Para que no quedaran dudas, Alberto Fernández se expresó en ese documento oficial en primera persona: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”.

También cerró filas el ministro de Economía, Sergio Massa, quien afirmó en Twitter: “Es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes”.

Junto al “trípode” que lidera el Frente de Todos, también se expresó otro de los actores clave del Frente de Todos, la CGT que lideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano: “La Confederación General del Trabajo rechaza la absurda calificación jurídica acusatoria impulsada por la fiscalía en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ejercicio de un mandato constitucional”.

“No hay una sola prueba material que la relacione con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito. El show mediático montada para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex presidenta y de todo el peronismo”, advirtió la central obrera, que mantiene una relación tirante con la Vicepresidenta, entre otras cosas por la forma de recomponer los ingresos más bajos: CFK propone una suma fija y los sindicalistas pretenden que se discuta en paritarias.

Entre los gobernadores se expresaron con mensajes de apoyo desde Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Jorge Capitanich (Chaco), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), entre otros.

“La persecución judicial y mediática contra Cristina Kirchner solo tiene como principal objetivo proscribirla políticamente. Son las mismas maniobras judiciales extendidas en Latinoamérica para impedir que gobiernos democráticos defiendan los intereses del pueblo”, dijo Capitanich, en un mensaje representativo de la voz de los gobernadores alineados con el Frente de Todos.

Además, La Cámpora fue la organización más activa en cuestionar a los jueces y fiscales que intervinieron en la causa Vialidad, a quienes les restaron legitimidad y pusieron en duda la legalidad de los procesos que pesan sobre Cristina Kirchner. “Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a Cristina Kirchner. En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos”, expresó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Unidad también en la oposición

La agresiva reacción del oficialismo tanto antes como después de la acusación de Luciani y el pedido de prisión e inhabilitación -que fue presentada como una supuesta proscripción- derivó en la unificación en simultáneo de la oposición. Aunque persisten las diferencias en Juntos por el Cambio, los líderes principales del PRO, la UCR y la Coalición Cívica se expresaron en sintonía con el respaldo institucional al Poder Judicial y el rechazo a las presiones y el intento de victimización de Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Federico Angelini, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Mariana Zuvic, Paula Olivetto, entre otros se expresaron en ese sentido. Mientras tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvo un contrapunto con la vicepresidenta debido a los episodios ocurridos frente al edificio donde tiene su departamento.

Cristina Kirchner había expresado: “Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”.

Tras negar esa acusación, Larreta difundió un comunicado en el que advirtió: “Señora vicepresidenta, mientras tanto, todos tenemos la responsabilidad de no engendrar violencia y contribuir a mantener la paz social. La Policía de la Ciudad trabajará siempre para cuidar a los vecinos de la Ciudad y para evitar enfrentamientos entre argentinos”.

El impacto político del pedido de prisión

El alegato de Luciani tuvo un impacto político inmediato. Tras semanas de enarbolar como santo y seña “si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar”, La Cámpora y las distintas líneas del Frente de Todos desactivaron las internas y se mostraron unidos detrás de la causa de la Vicepresidenta.

El criterio fue la victimización de Cristina Kirchner y una ofensiva contra jueces y fiscales, sin distinción. Volvieron a inscribir la investigación de la asignación de los miles y miles de millones de pesos a Lázaro Báez en un caso típico de lawfare, una persecución política con formato judicial.

Los distintos sectores del Frente de Todos ejecutaron una partitura similar a la que, durante todo el día, siguió la vicepresidenta, que embistió contra los fiscales y jueces, los “energúmenos macristas” y Rodríguez Larreta. “Cristina está convencida realmente de que es víctima de persecución, de lawfare, por eso se pone agresiva y por momentos pierde el eje. Dijo que a ella la absolvió la historia porque piensa la política desde la historia, por eso un alegato como el de Luciani, que la acusa de corrupta, rompe su lógica”, explicaba anoche en diálogo con Infobae una analista política de larga trayectoria.

¿La reunificación del Frente de Todos detrás de Cristina puede fortalecer al Gobierno? “Va a ser difícil de explicar, cuando pasen los días y lleguen las facturas de la luz, del agua y del gas con aumentos, que todo el Gobierno corrió para defender a Cristina Kirchner en una causa judicial por corrupción”, respondió la misma fuente y agregó: “Para el 20% de su núcleo duro puede tener algún efecto de revitalización, o de recuperar la épica, pero la gente la está pasando, la plata no alcanza y la pobreza crece. La gente piensa en eso, no en las causas de Cristina”.

El director de Synopsis Consultores, Lucas Romero, resaltó que la acusación contra Cristina Kirchner y el realineamiento de los sectores reconfiguró al Frente de Todos a un formato más cercano que tenía el Frente para la Victoria, que perdió en 2015 ante Mauricio Macri. Para el analista, quedaron borroneados los matices que expresaban Alberto Fernández, Sergio Massa y sectores de la CGT y los movimientos sociales: “Reapareció el kirchnerismo”.

“En las mediciones que tenemos, el 50% de los que votaron al Frente de Todos desaprueban la gestión. Hay una fuga de los votantes independientes, que están defraudados y que no se ven convocados porque todos salgan a apoyar a Cristina en una causa de corrupción. El alineamiento de los dirigentes puede consolidar un techo de votos muy bajo”, consignó.

Y agregó que, en momentos en que aparece el ajuste que puso en marcha Massa aparece el factor corrupción. En la última encuesta sobre Escenarios Socio Políticos realizada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA se registró un dato llamativo. Si bien la corrupción está al tope de las preocupaciones y de los problemas que identifican los argentinos -detrás de la inflación- hay una disparidad en el orden según a quién votaron en la última elección.

Para los que eligieron a la oposición, el 86% cree que la corrupción es el principal problema del país (la inflación es mencionada por el 87%); mientras que entre los que eligieron al Frente de Todos, la corrupción sólo es mencionada por el 34% de los casos.

El dato sorpresivo es que en el mismo monitoreo de opinión pública, al ser consultados sobre la inocencia o culpabilidad de Cristina Kirchner, el 80% cree que la vicepresidenta es culpable. Para los que votaron a la oposición ese porcentaje salta al 90%, mientras que sólo el 43% de los votantes del Frente de Todos asegura su inocencia: el 26% admite que es culpable y el 31% no tiene opinión. En síntesis, ese estudio de opinión pública detectó que 1 de cada 4 que votó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner lo hizo sabiendo que no era inocente.

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