Los movimientos sociales oficialistas respaldaron a Cristina Kirchner tras su descargo y no descartaron una marcha a favor

Los movimientos sociales aliados al Frente de Todos se expresaron a lo largo del día en un claro apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y en repudio al fiscal federal Diego Luciani, quien ayer solicitó que la Vicepresidenta de la Nación sea condenada a 12 años de prisión e “inhabilitación de por vida” en la causa denominada “vialidad”. Lo hicieron sin fisuras y dejando clara su posición. Entre otros, el Movimiento Evita señaló que “un Gobierno democrático y popular no puede acusarse de asociación ilícita” al fijar su postura, mientras que la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) respaldó a la Vicepresidenta poco después de que terminara su réplica al pedido de condena en su contra con fuertes acusaciones a los fiscales.

Ocurre que ayer la fiscalía pidió 12 años de prisión para CFK y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos. “Amenaza mafiosa del poder real”, definió a propósito Juan Grabois —referente del Frente Patria Grande y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos—. “Repudiamos la utilización de la justicia para practicar la persecución política hacia diferentes dirigentes políticos y sociales”, destacaron también desde Somos-Barrios de Pie. “La persecución judicial contra CFK se inscribe en el plan de Juntos por el Cambio para volver”, dijo en tanto el diputado nacional Juan Carlos Alderete, desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Las criticas a la Justicia y el apoyo irrestricto a la ex mandataria por parte de las principales organizaciones populares que acompañan a Alberto Fernández desde que este asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2019, se suma, por ejemplo, a las manifestaciones realizadas por la CGT que de inmediato salió a “bancar” a Cristina Kirchner y calificó a la causa “vialidad” como “show mediático”. “No hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner” con el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, señaló la central sindical tras el pedido de los fiscales. Y sostuvo, al igual que el Evita que: “Un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita”.

Hasta el momento, ninguna de las organizaciones populares convocaron a una marcha en favor de la Presidenta Provisional del Senado. Sin embargo los dirigentes sociales no lo descartan. “Vamos a esperar a ver como evoluciona la situación. Convocar ahora a una marcha sería agregar más tensión en la calle”, sostuvieron al ser consultados por este medio.

Esta mañana, y por más de una hora, la mesa directiva de la UTEP, con su secretario general Esteban Castro, la secretaria adjunta, Dina Sánchez, y el secretario gremial, a la cabeza, elaboraron un documento que publicaron poco después del cierre de la exposición realizada por CFK a través de su cuenta oficial en YouTube. En el texto también rechazan “la acusación del fiscal Luciani” contra la Vicepresidenta y aseguran: “Es absurdo hablar de asociación ilícita cuando no hay una sola prueba material que relacione a la ex presidenta con los delitos de los cuales se la acusa”.

“No hay una sola prueba”

La palabra del Movimiento Evita era esperada con expectación. Liderada por los funcionarios nacionales Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, es la organización a la que apunto CFK cuando, en 20 de junio, en un acto que la CTA realizó en Avellaneda, la ex mandataria acusó al gobierno que ella misma integra de “tercerizar” los programas sociales como el Potenciar Trabajo, y reclamó que el Estado retome el control. De hecho, después de sus palabras, se anunció una “auditoría” sobre el programa que es coordinado, desde el ministerio de Desarrollo Social, por Pérsico.

“El Movimiento Evita rechaza este nuevo intento de avallasamiento sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsado por el fiscal Luciani y funcionarios judiciales vinculados con el macrismo”, arranca el texto del Evita y aventura: “No hay ni una sola prueba material que le de sustento a las graves acusaciones que se vierten sobre la ex presidenta en ejercicio de su mandato que den cuenta que hubo una asociación ilícita ligada a la obra pública”.

El texto avanza sobre una cuestión que los dirigentes sociales ya vienen denunciado hace varios meses: “La creciente estigmatización y criminalización llevada adelante por el poder judicial y mediático al conjunto del campo nacional y popular no es otra cosa que un intento más para desprestigiar —a través de causas inventadas— al peronismo en su conjunto. Nos solidarizamos con Cristina y esperamos que se haga justicia”, finaliza.

Juan Grabois, un dirigente social por lo general alineado a la dos veces jefa de estado, se manifestó como referente del espacio político Frente Patria Grande: “12 años... un año de prisión por cada año de gobierno. No es una coincidencia numérica sino una amenaza mafiosa del poder real. Y la amenaza no está dirigida a CFK, sino a todos los demás, para que nadie se les anime nunca más”.

Somos Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, también funcionario del ministerio de Desarrollo Social, como Pérsico, publicó en sus redes sociales un mensaje de solidaridad a la Vicepresidenta en el cual opinan: “Repudiamos la utilización de la justicia para practicar la persecución política hacia diferentes dirigentes políticos y sociales. Hace años que vemos funcionar esta estrategia no solo en nuestro país sino a lo largo de todo el continente. En complicidad con una parte de la prensa, ciertos miembros del Poder Judicial cumplen las tareas encomendadas por los grandes centros de poder. Lo que importa es disciplinar y condicionar a los sectores populares y a todo que el que ose representar un interés diferente al que tienen los poderes fácticos”.

Para Menéndez y el espacio social que representa: “Se turnan fiscales y jueces amigos para avanzar con el tratamiento de denuncias falsas y así poder desprestigiar y dañar la imagen de dirigentes y dirigentes (sic) sirviendo de material para decenas de tapas de diarios y cientos de horas en los canales de noticias” y entienden que: “Poco les importa el debido proceso, el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley”.

Desde Somos Barrios de Pie entienden que: “A lo largo de todo el proceso no se ha probado ninguno de los actos atribuidos hacia Cristina, pero sin embargo pareciera cosa ya juzgada para los diarios y la televisión”.

El texto, quizás el más extenso de los publicados hasta ahora, analiza, además, la actuación de la justicia en otros países del continente: “Lo que buscan es eliminar uno por uno a sus adversarios políticos con acusaciones infundadas y causas inventadas. Basta con ver lo que hicieron en Brasil desde el impeachment a Dilma y la prisión a Lula para tener una ejemplo de lo que buscan hacer en nuestro país. Es básico, buscan proscribir a cualquiera que represente a los sectores populares y no responda servilmente a los poderes concentrados de nuestro país. Por todo esto ratificamos nuestro repudio hacia todo tipo de lawfare y persecución política y reafirmamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento hacia Cristina Fernández de Kirchner”.

El Frente Popular Darío Santillán, referenciado en Dina Sánchez, la secretaria adjunta de la UTEP también se expresó en favor de la ex presidenta: “Basta de persecución política y judicial. Toda nuestra solidaridad y acompañamiento a la Vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchercher. El avance del poder judicial contra Cristina sin pruebas y con un proceso viciado es una nueva muestra del lawfare que impera en Argentina y en toda América Latina”, sostiene el comunicado.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC), como las organizaciones anteriores, forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular. Su dirigente más visible, Juan Carlos Alderete, diputado nacional que integra la banca del Frente de Todos en la Cámara Baja fue contundente al ser consultado por Infobae: “La persecución judicial contra Cristina Fernández se inscribe en el plan de Juntos por el Cambio para volver” y planteó que la “movida judicial” tiene por fin “avanzar sobre los derechos del pueblo con ajuste, entrega y sumisión nacional” y recordó que: “El recurso no es nuevo, viene de décadas. Los líderes populares son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra y, luego, esto encuentra su caja de amplificación en los medios de comunicación que responden a las grandes corporaciones”.

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