Cristina Kirchner hizo hoy una defensa política de la acusación que recibió ayer en el juicio oral de parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, pero no hubo referencias a las pruebas que presentaron en su contra para pedir que sea condenada a 12 años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por fraude en perjuicio de la administración pública.
Ayer, tanto CFK como su abogado, Alberto Beraldi, dijeron que la Vicepresidenta queria declarar en una audiencia porque los fiscales habían introducido prueba que no estaba en la causa. El Tribunal Oral Federal rechazó el pedido y la ex mandataria hizo su presentación a través de sus redes sociales.
Sin embargo, en su hora y media de exposición no objetó la prueba que utilizaron los fiscales. Solo dijo que “en la última audiencia de prueba” el tribunal autorizó a que se analice el celular del ex secretario de Obras Públicas José López. La Fiscalía pidió ver el celular de López en 2018 y fue autorizado por el Tribunal y todas las partes tienen su contenido desde noviembre del año pasado.
El celular de López fue el eje central de lo que habló Cristina Kirchner y lo había sido de los fiscales. Luciani señaló que a través del celular del ex funcionario se pudo comprobar lo que llamó el “plan limpiar todo”: reuniones de López y Báez con Cristina Kirchner pocos días antes de terminar en 2015 su segundo mandato para pagarle al empresario 537 millones de pesos que se le adeudaban por obras que no iban a terminarse.
La Vicepresidenta no hizo mención sobre esos mensajes. Pero dijo que en el celular de López había mensajes entre él y Nicolás Caputo, empresario de la construcción y amigo íntimo del ex presidente Mauricio Macri. “El trato de familiaridad con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez no la veo con ningún otro. Yo no considero que la amistad sea un pecado, pero quien ha considerado que esto es delito son los fiscales Luciani y Mola. ¿No les llamó la atención esta familiaridad a los fiscales y a los jueces?”, se preguntó Cristina Kirchner.
En varios tramos de su presentación, la titular del Senado apuntó a los fiscales por no investigar o exponer los mensajes de Caputo con López. Los fiscales en la audiencia del juicio de ayer pidieron que se investigue en una nueva causa penal el contenido del celular del ex funcionario. “Vamos a solicitar la extracción de testimonios acerca de las posibles ilicitudes de las mismas características que las que han sido señaladas en este alegato en relación con el hospital materno infantil de Río Gallegos, lo que surgiría de las conversaciones que han sido expuestas por José López y Abel Fatala, como así también de todos los posibles ilícitos que surgen de los mensajes del teléfono de José López, en el que habrían participado diferentes funcionarios y particulares”, dijo Luciani.
Cristina Kirchner no hizo referencia a otras pruebas que expusieron los fiscales, lo que seguramente quedará para cuando su defensa comience sus alegatos en el juicio oral.
En sus alegatos, la Fiscalía señaló que Báez, ocho días antes de que Néstor Kichner asumiera en mayo de 2003 como presidente de la Nación, fundó Austral Construcciones. Báez, amigo de Néstor Kirchner, pasó de ser monotributista y empleado bancario a dueño de una empresa constructora, dijo el fiscal. Además, el empresario compró otras compañías del rubro de la provincia, como Kank y Costilla y Gotti.
También apuntó a que entre 2003 y 2015 las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz. Se trata del 78% de obras que se asignaron a esa provincia en ese período. El fiscal detalló en su alegato que solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.
La Fiscalía explicó que el encargado de elaborar los presupuestos nacionales, que contienen las obras, es el Poder Ejecutivo. “Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez. El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”, dijo sobre una de las pruebas en contra de Cristina Kirchner.
El fiscal puso como ejemplo que en 2020, con Cristina Kichner como titular del Senado, la Cámara alta devolvió el presupuesto para ese año porque las planillas de las obras públicas no contenía el monto total y porque no estaban incluidas todas las obras. “Esta rigurosidad que tuvo Cristina Kirchner en el Senado nos muestra el conocimiento real que tenia de esas planillas, lo que no hizo cuando era Presidenta con las obras que ganó Báez”, sostuvo.
Otro tramo de la prueba fue que los Kirchner y Báez eran socios. El empresario se hizo cargo de “Hotesur”, la compañía de hoteles de la familia presidencial, y le alquilaba propiedades. Luciani señaló que así hubo una etapa posterior a la asignación de las obras que consistió en “apropiarse de dichos fondos, a través de distintos mecanismos, con el fin de disimular su apariencia ilícita, lo que constituye el objeto de las causas conocidas ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur´’”.
Cristina Kichner sí habló de eso: dijo que no tenía una relación societaria con Báez, sino que firmaron contratos de alquiler. Del resto de las pruebas no hizo referencia.
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